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San José
El Partido Acción Ciudadana (PAC) intenta usar fondos públicos para pagar la condena de ¢353 millones que le impuso un tribunal penal en diciembre pasado.
Con ese objetivo, el 25 de enero solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reservar esa suma del dinero para capacitación y organización de la deuda política que le corresponde de los comicios de 2014.
Su gestión, sin embargo, fue rechazada por la Dirección General de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos al concluir que el modelo de deuda política dicta que los fondos son para honrar gastos de campaña comprobados que hayan hecho los partidos; lo cual no aplica en este caso.
"Les explicamos que deuda política es una expectativa de pago y el dinero solo llega a las arcas de un partido, cuando este presenta una liquidación debidamente formulada donde se detallen los gastos para redimir contra es reserva. Hay una serie de requisitops y debe además aportarse evidencia del medio de pago. Sin gastos confirmados, la reserva permanece como una expectativa", explicó Héctor Fernández Masís, director esa instancia del TSE.
En febrero, la agrupación presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. De esa forma, de recibir otra respuesta negativa, serán los magistrados quienes den una respuesta definitiva.
Con ese dinero, el PAC pretende hacerle frente a la sanción penal impuesta por el Tribunal Penal de San José cuando encontró a dos de sus representantes responsables del delito de estafa en perjuicio del propio TSE, al cobrar deuda política por servicios que en realidad fueron donados en la campaña de 2010.
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Por ese hecho, los jueces dictaron seis años de cárcel al extesorero Maynor Sterling y tres años al colaborador Manuel Antonio Bolaños.
Solidariamente, el Partido y los dos condenados penales deberán pagar ¢600 millones al Estado por el daño ocasionado. De esos, ¢353 millones corresponden al PAC.
Al momento de la resolución, la agrupación política informó de que tenía un fondo para afrontar la sanción. No obstante, la presidenta del PAC, Margarita Bolaños, reconoció este viernes que no tienen otra alternativa.
Según la dirigente, la Comisión Política tomó la decisión de gestionar los fondos hasta al PAC por considerarlo "la opción más viable".
"Los partidos no tenemos otra forma de financiarnos si no es con deuda política", dijo.
Se realizaron llamadas a los dos precandidatos de Acción Ciudadana, Carlos Alvarado y Werner Ramos, pero solo el primero atendió.
"Habrá que ver cómo resolverlo, un crédito u otro mecanismo se habrá de buscar. Es una situación muy complicada", expresó el político el exministro de Trabajo.
Objeciones
Para el fiscal de Delitos Electorales, Alexánder Valverde, la pretensión del PAC es improcedente por tres razones.
La primera es que se rompe el principio de comprobación de gastos para el pago de deuda política, es decir, el TSE paga a los partidos los gastos en los que hayan incurrido. En este caso, dijo el fiscal, no se trata de un gasto de partido sino una responsabilidad civil (pago por una condena).
En segundo lugar, añadió, intenta cambiar la finalidad de los fondos a los que los partidos tienen derecho para organización y capacitación. Finalmente, dice, sería el Estado el que pagaría la sanción que impuso.
"Estarían trasladando la contribución estatal, para algo que no es organización ni capacitación, sino una sanción (...) Utilizar ese dinero sería inconstitucional ", advirtió Valverde.
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Casualmente, hace un año, también el PAC pretendía que el TSE reservara de la deuda política ¢465 millones para poder pagar una deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Como ahora, el Tribunal denegó la petición al señalar que la deuda política solo se puede desembolsar cuando el partido demuestre que hizo gastos con dinero propio, y no para saldar adeudos pendientes; como quedó plasmado en la resolución 1180-E10-2016.
Contribución del Estado
Es el aporte que hace el Estado para que los partidos políticos sufraguen sus gastos de campaña, así como para satisfacer necesidades de organización y capacitación. Así lo establece el artículo 89 del Código Electoral, de conformidad con el artículo 96 de la Constitución Político.
Solo podrán incluir los gastos generados por la participación en la campaña política, a partir octubre del año previo a las elecciones y hasta 45 días después de los comicios. Estos incluyen propaganda, manifestaciones y gastos operativos. También los gastos destinados a actividades de organización, capacitación, divulgación así como censo, empadronamiento, investigación y estudios de opinión.
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Tienen derecho a deuda política los partidos que obtengan al menos un 4% de los sufragios o un diputado. En el caso del PAC, por las elecciones presidenciales del 2014 reclamó ¢4.225 millones pero el TSE solo le reconoció ¢3.000. Como resultados de las elecciones municipales cobraron ¢400 millones.
