La Casa Presidencial se negó, en definitiva, a entregar copias totalmente legibles de las facturas del alojamiento y otros servicios recibidos por el presidente Carlos Alvarado durante su viaje de descanso al hotel Hacienda Punta Islita, el fin de semana anterior.
La noche del lunes, a las 9:32 p. m., ante reiteradas consultas sobre el viaje en helicóptero al hotel ubicado en Nandayure, Guanacaste, la Presidencia envió un comunicado en el que aseguró que el mandatario cubrió todos los gastos de su burbuja familiar y envió fotografías de dos facturas por alojamiento y alimentación del hotel.
Sin embargo, en ambas imágenes, es imposible observar a nombre de quién están las facturas, debido a que los vouchers del pago electrónico están sobre la esquina superior izquierda de los documentos, espacio donde se suele colocar el nombre del comprador del servicio.
Desde la medianoche de ese mismo lunes, La Nación le solicitó a Casa Presidencial enviar de nuevo esas facturas, pero retirando el voucher en cada caso, de manera que se observaran los documentos en su totalidad. No obstante, después de ocho solicitudes, Zapote se negó a entregarlas.
El martes a las 9:32 a. m., Presidencia informó de que procedía a tramitar la solicitud, pero luego, a las 3:33 p. m., remitió una declaración escrita del presidente Alvarado, que ya había sido divulgada 38 minutos ante a los medios de comunicación.
En esa declaración, el presidente afirmó que no hay delito alguno en su viaje y que, como la Fiscalía General abrió una investigación, lo que le parecía un “claro exceso”, no daría más declaraciones y dejaba el tema en manos de sus abogados.
Este medio le respondió a Zapote que no requería una declaración del mandatario, sino que, por un asunto de transparencia, simplemente pedía de nuevo enviar las facturas totalmente legibles.
Al final de la tarde del martes, la Presidencia reiteró que el caso estaba judicializado y que serán los abogados personales del mandatario quienes manejen cualquier consulta sobre este caso.
A las 6:59 p. m. de este mismo martes, Casa Presidencial insistió en que el hecho está judicializado y que el artículo 295 del Código Penal “regula la privacidad de las actuaciones”.
“No podemos brindarles mayor información. El señor Presidente colaborará en todo lo que requieran las autoridades judiciales y remite a sus abogados cualquier consulta adicional”, finalizó.
La investigación judicial es por supuesto enriquecimiento ilícito, según el Ministerio Público.
Una factura es por $690 (¢414.000), sin indicar pago del IVA, por alojamiento.
La segunda es de $497 (¢298.320), sin pago de IVA y con el cobro del 10% de servicios, por gastos de alimentación.
La Presidencia también se negó a informar si el mandatario viajó con seguridad presidencial a Nandayure y quién habría asumido los gastos de este personal; también, declinó referirse a una solicitud de entrevista con el ministro de enlace con el sector productivo, André Garnier.
Alvarado salió en helicóptero el viernes con su burbuja familiar hacia Nandayure, en viaje de descanso, y retornó a San José la mañana del lunes. En el viaje, hecho en helicóptero tanto de ida como de regreso, lo acompañó el ministro Garnier.
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