La noche del domingo, el despacho del ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, impulsado por el despacho de la diputada Laura Guido, del PAC, orquestó una reacción de instituciones para oponerse a las mociones de reducción del gasto público planteadas por diputados de oposición en el Presupuesto Nacional del 2021.
El despacho de Prieto se contactó con sus “enlaces legislativos” y les advirtió: “El día de mañana (este lunes), la Comisión de Hacendarios conocerá 180 mociones para el Presupuesto ordinario 2021. De ellas, 150 son de la oposición y 30 de la fracción oficialista”.
“Es importante que revisen con detalle las mociones de la oposición para determinar las afectaciones a sus instituciones y programas”.
“Importante además hacer gestión fuerte con sectores y comunicación según el grado de afectaciones", continuó el mensaje, al tiempo que agregó un link para que cada institución entrara a ver las mociones de recorte al gasto.
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En el mensaje, Zapote les pide a las entidades que, a más tardar a las 7:30 a.m. de este lunes, previo al inicio de la discusión de los ajustes, debían enviar al despacho de la diputada Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), información sobre los efectos en los recortes planteados por los diputados de oposición.
La gestión provocó una avalancha de comunicados de varias carteras que se oponen a las reducciones, entre ellas los ministerios de Cultura y Seguridad Pública, así como el Registro Nacional. Algunas alegaron que sufrirían un “cierre técnico”.
El Partido Liberación Nacional planteó una disminución del 2,2% (¢255.300 millones) en el Presupuesto Nacional del próximo año de ¢11,4 billones (millones de millones); mientras que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)) un ajuste de 1,3% (¢150.000 millones).
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Para el 2021 se prevé que el déficit sea de 9,9 puntos del producto interno bruto (PIB), unos ¢3,5 billones y los legisladores pretenden atenuar ese faltante; mientras que la deuda pública se disparará al 80,5% de la producción, unos ¢28,8 billones.
La diputada Laura Guido confirmó la autenticidad del mensaje enviado por Zapote. Dijo que se dio a solicitud de diputados de su fracción y que este se empezó a distribuir entre las entidades la noche de este domingo, pero justificó que el ejercicio busca obtener insumos de los efectos.
“Nosotros solicitamos y, por supuesto, está el Ministerio de la Presidencia en enorme responsabilidad, la gestión de insumos que nos permitiera determinar que habían afectaciones sensibles a los ministerios y cuáles son esas afectaciones, para nosotros poder tener información para aportarla a la comisión para la toma de decisiones. Yo no quiero tomar una decisión a oscuras sin conocer las consecuencias que tendría la misma”, explicó la rojiamarilla.
“Para mañana (hoy lunes) antes de las 7:30 a. m., deberían de estar remitiendo observaciones por cada moción que les cause afectación a ustedes a José Daniel Córdoba (asesor de la Diputada Laura Guido) y a mi persona. Es importante hacer la individualización de alerta por moción y con detalles concretos. Si nosotros no damos los insumos la fracción no podrá defenderlo”.
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Por su parte, el Partido Acción Ciudadana presentó mociones para incrementar el gasto público en al menos ¢60.000 millones provenientes de los superávits de las instituciones y agregarlos al presupuesto 2021, así como del aumento de la deuda.
La acción de la Presidencia generó la molestia de la diputada liberacionista Silvia Hernández, presidente de la comisión de Asuntos Hacendarios.
Indicó que en vez de enfocarse a resolver la crisis fiscal, el Gobierno se dedica a manipular a las instituciones.
"Cada una de las mociones presentadas del PLN de ajuste en gasto incluyen, en términos generales, los mismos temas que otros diputados abordaron por lo que vemos viable la posibilidad de aprobarlas en razón de la emergencia económica.
“No es un ataque a un sector en particular, como lo ha querido vender el PAC; se le pidió mayor ajuste al Ejecutivo y, por el contrario, incrementan en ¢60.000 millones el presupuesto original presentado, así como utilizan superávit libre de instituciones para incrementar el gasto”, reaccionó la verdiblanca.
Hernández y sus dos compañeros de fracción en la comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, habían pedido la semana anterior al Gobierno que planteara un recorte de ¢358.000 millones.
La cifra equivale al 1% del producto interno bruto (PIB) proyectado para el próximo año o al 4,1% del presupuesto de 2021. El Ministerio de Hacienda no presentó propuestas en esa línea, por lo que los legisladores presentaron sus propias mociones. También lo hizo el PUSC.
En el caso del PLN, Hernández, Delgado y Viales recomiendan reducciones por ¢211.000 millones (1,9% del presupuesto) en la Presidencia de la República y 18 ministerios, a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República (CGR), los regímenes de pensiones, al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los tres legisladores argumentan que el país vive momentos de crisis económica y como muestra citaron que el 55% del presupuesto 2021 se financiaría con deuda, lo que elevaría el saldo de la deuda pública al 80,5% al finalizar ese año.
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Adicional a esas mociones, la también liberacionista Yorleny León propuso recortes por ¢44.300 millones en 31 rubros como alimentos y bebidas, combustibles y lubricantes, viáticos, publicidad y propaganda, útiles, materiales y suministros diversos, pago por tiempo extraordinario y recargo de funciones.
León explicó que, durante la definición de los recortes, tuvo el cuidado de no afectar a los ministerios de Seguridad y Gobernación; las cárceles y aquellos rubros esenciales para atender las necesidades de poblaciones vulnerables, como por ejemplo, la alimentación que brindan los Cen-Cinai.
Por su parte, el PUSC propone hacer ajustes por ¢150.000 millones a los presupuestos de la Presidencia de la República, 13 ministerios, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, y el TSE.
María Inés Solís, legisladora del PUSC, dijo que los recortes propuestos por su bancada corresponden a alquileres, publicidad, gastos de viajes o viáticos.
“Es momento de zocarse la faja, es momento de revisar estos gastos y, si el Gobierno no lo hace, los diputados, entonces, tendremos que hacerlo”, añadió la socialcristiana.
Al final de la tarde, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, envió una contrapropuesta a la diputada Silvia Hernández. Mediante una carta, alegó que las mociones tenían problemas técnicos, por lo que él se comprometió a buscar, en conjunto con las instituciones, un recorte de ¢150.000 millones en el gasto primario mediante un presupuesto extraordinario en enero próximo.
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En tanto, la Comisión de Hacendarios empezó la discusión de mociones, pero a un ritmo muy lento, por lo que el debate continuará este martes.
La diputada Guido, por su parte, dijo que el ejercicio coordinado con Presidencia para que las instituciones reaccionaran permitió detectar algunas reducciones en gastos operativos.
"Hay 21 mociones parecidas que le quitan el 50% de las subpartidas de agua y luz al Ministerio de Salud. Esa mociones cerrarían prácticamente ese ministerio. Eso por mencionar algo elemental. Pero, además, le quita el 50% al programa nacional de vacunas.
“No estamos solo ante una pandemia, sino ante el riesgo de que el esquema de vacunación costarricense sea debilitado en otras enfermedades que tendrían consecuencias gravísimas”, aseveró Guido.
La rojiamarilla afirma que esa solicitud de información ha permitido encontrar mociones que afectarían la seguridad nacional, la vigilancia de fronteras y aeropuertos y la recaudación tributaria.
“El ejercicio de mociones, para poder construir el mensaje de que hay dónde recortar, pasa por dejar a las instituciones a oscuras, sin agua y sin Internet, sin la posibilidad de moverse de su silla a hacer el trabajo que le corresponde. Este ejercicio de recortes no es en el presupuesto que se va a lograr, es en las leyes, el debate de empleo público o de anualidades”, señaló Guido.
En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que también señaló una eventual afectación con las mociones, el vocero Gustavo Román explicó que, el pasado viernes, recibieron una comunicación sobre los ajustes desde el despacho de la diputada Guido.
La información llegó vía electrónica mediante un mensaje al secretario del Tribunal, Erick Guzmán, en el que se compartían las mociones.
Según Román, el TSE tomó la decisión, de forma independiente, de exponer los efectos en esos ajustes.
El Tribunal señaló que el recorte de ¢6.919 millones, el 15,54% de su presupuesto para el próximo año, recaería principalmente en las subpartidas de alquileres de oficinas regionales, impresión y encuadernación, así como en pago de servicios de agua y alcantarillado y telecomunicaciones.
Por su lado, la Contraloría General advirtió de posibles efectos con las mociones que tocarían su presupuesto, pero ofreció otras alternativas, como eliminar totalmente las partidas de viáticos en el exterior.
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