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El Partido Liberación Nacional (PLN) propone reducir en ¢203.000 millones el gasto público del 2021, lo que equivale a una disminución del 1,8% en el Presupuesto Nacional del próximo año, de casi ¢11.448.570 millones.
La fracción del PLN propuso un conjunto de mociones para reducir las partidas de 25 instituciones, tomando en cuenta dos factores. El primero es la subejecución histórica que han tenido estas entidades.
El segundo es la identificación de rubros no esenciales, los cuales podrían aplazarse y, eventualmente, retomarse más adelante.
La idea de la fracción verdiblanca es reducir la presión sobre el Presupuesto Nacional en esta época de crisis económica. Para el próximo año, el Gobierno tendrá que pedir el 55% del dinero que pretende gastar.
El déficit fiscal previsto para el 2021 es de ¢3.565.000 millones, equivalentes a 9,9 puntos del producto interno bruto (PIB). El déficit es la diferencia entre los ingresos y los gastos, sin contar el dinero que se va en la amortización de la deuda.
Entre las partidas que serían recortadas, están alquileres, gestión de apoyo, consultorías, materiales de oficina, viáticos, transporte, actividades protocolarias, festivales, alimentos y bebidas, entre otros.
Las entidades donde se harían los recortes son la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Presidencia de la República, el Registro Nacional y los ministerios de la Presidencia, de Gobernación y Policía, de Relaciones Exteriores, de Seguridad Pública y de Hacienda.
También, aparecen los ministerios de Agricultura y Ganadería, Economía, Obras Públicas y Transportes, Educación, Salud, Trabajo, Cultura, Justicia, Vivienda, Comercio Exterior, Planificación, Ciencia y Tecnología y Ambiente.
A la lista se sumarían, además, algunos regímenes de pensiones, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa.
La iniciativa se gesta en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, donde se discute el Presupuesto Nacional.
Los proponentes son Silvia Hernández, presidenta de ese foro, y Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales.
Según comentó la verdiblanca, el PLN revisó las 16.332 subpartidas que tiene el Presupuesto Nacional en este momento y acordaron proponer ajustes en esas 25 entidades.
El objetivo es apoyar la propuesta hecha por el PLN al Gobierno, de bajar el gasto en menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para llegar a esos planteamientos, los liberacionistas hicieron una verificación presupuestaria de los últimos seis años en las distintas instituciones. En cada una de esas entidades analizaron cuatro rubros.
Uno de estos fue el de aquellas partidas que son esenciales, como deuda y salarios, las cuales son intocables por ley y, por lo tanto, no se pueden reducir.
Otra fue la de “temas esenciales donde se podía acotar a la inflación”, es decir, que crecen por encima del presupuesto del año anterior mucho más que el nivel de inflación previsto. Por ejemplo, alquileres, gestiones de apoyo, consultorías.
“Por ejemplo, en temas de alimentación no le íbamos a reducir de igual forma al Ministerio de Seguridad que a otro ministerio cuando tiene privados de libertad en los centros penitenciarios”, apuntó Hernández.
Un tercer rubro, catalogado como “un recorte parcial”, eliminaría los recursos por un tiempo sin que las instituciones entren en problemas técnicos. Por ejemplo, los materiales de oficina.
El cuarto punto fueron las partidas que podían eliminarse por completo, como los viajes al exterior, la compra de ganado, de caballos y de vehículos.
Según explicó Silvia Hernández, no se trata de recortar presupuesto abruptamente, sino de posponer algunas actividades que, en vista del confinamiento por la pandemia, no se podrían realizar el próximo año, pero se podrían llevar a cabo más adelante.
Para ello, apuntó, las entidades tendrían la posibilidad de presentar presupuestos extraordinarios.
“Lo que se pretende es que en un año, como nunca, la brecha solo entre el ingreso corriente y los gastos corrientes es de ¢3 millones de millones (¢3 billones), bueno, que realmente estas instituciones rindan cuentas a través de un presupuesto extraordinario, de aquellos rubros que sean esenciales”, argumentó.
Tanto Hernández como Delgado enfatizaron que, al momento de calcular los recortes, se respetaron los recursos destinados a remuneraciones, transferencias, sector vivienda, comités cantonales de la persona joven, asociaciones de desarrollo comunal, alimentación y horas extra para los cuerpos policiales.
Además, afirmaron, se cuidaron no tocar el dinero que va a gastos de capital (edificios e inversiones), servicio de la deuda, transferencias a las universidades, entre otros.
Los recortes los propone Liberación Nacional en unas 50 mociones, entre las 180 presentadas por las distintas fracciones al proyecto de Presupuesto Nacional, comentó Ana Lucía Delgado.
Según Delgado, las 25 instancias donde se proponen los recortes son las mismas donde la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda había solicitado reducir o eliminar subpartidas.
Entidades reaccionan
La oposición de las distintas instituciones ante una posible asignación de recursos no se ha hecho esperar.
Algunas, como el Ministerio de Cultura, el Registro Nacional y Justicia alegan que la rebaja implicaría su cierre técnico o el de algunas de sus instancias.
“Dichas propuestas lesionan de manera directa la actividad sustantiva del Ministerio de Cultura y Juventud y todas sus instituciones adscritas; algunas quedarían incluso al borde del cierre técnico, como el caso de la Dirección de Cultura. Hemos sido absolutamente responsables con la situación en que se encuentra el país: nuestro Ministerio había hecho ya todo el esfuerzo por contraer gasto y operar al límite en el cumplimiento de nuestros deberes”, expresó Sylvie Durán, ministra de Cultura, en un comunicado.
Lo mismo expresó el Registro Nacional. “Las mociones presentadas por los señores y señoras diputadas para recortar el Proyecto de Presupuesto 2021, generarían prácticamente un cierre técnico para el Registro Nacional”, aseguró la entidad en un comunicado.
Por su parte, el Ministerio de Justicia también dijo que la iniciativa implicaría “un fallo sistémico" en su funcionamiento, “con el riesgo de cierre técnico”.
También en un comunicado, la jerarca de esa dependencia, Fiorella Salazar, afirmó que el recorte significaría eliminar fondos para la alimentación de las personas privadas de libertad, así como el mantenimiento de los sistemas que utiliza la Policía Penitenciaria para el control de esa población.
“Esto recortes representarían también el retroceso de 10 años por parte del Estado en el impulso a la inserción social de la población privada de libertad, al excluir los materiales propios del modelo de atención que impulsa el aprendizaje de oficios, desarrollo de competencias y habilidades para la vida que les permiten a estas personas, una vez que cumplen sus penas, incorporarse de manera efectiva y productiva a sus comunidades”, reprochó Salazar.
