EscucharLa Presidencia de la República retiró este lunes, de la agenda legislativa, el proyecto de reforma al impuesto de la propiedad de los vehículos, el cual busca aumentar en ¢60.000 millones anuales la recaudación del tributo que se cobra como parte del marchamo.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, convocó el expediente en su primera convocatoria de agenda para la Asamblea Legislativa, el pasado lunes 9 de mayo.
No obstante, una semana después, el Poder Ejecutivo decidió retirar la propuesta, junto con los proyectos de ley para la promoción de servicios de turismo de salud y regulación de los recursos energéticos distribuidos.
La iniciativa sobre el marchamo modificaría el cobro en tres sentidos. El primero es que cambiaría la forma en que Hacienda calcula y actualiza el valor fiscal de cada automotor, es decir, el monto sobre el cual se cobra el impuesto.
El segundo aspecto es que modificaría la fórmula de cálculo del tributo.
Según la justificación del proyecto, estos dos ajustes aumentarían el impuesto para los vehículos particulares más nuevos y lo reduciría para los más viejos. Conforme más moderno sea el auto, mayor será el incremento.
El tercer elemento es la eliminación de las tarifas preferenciales que actualmente pagan los propietarios de motocicletas, autobuses, taxis y camiones de carga.
Para el dueño de un automóvil valorado en ¢18 millones, el impuesto del 2022 habría subido de ¢596.000 a ¢626.000, explica el proyecto. En el caso de uno de ¢7,5 millones, habría bajado de ¢228.500 a ¢206.600.
El dueño de una motocicleta de ¢15,1 millones pasaría de pagar ¢12.000 a ¢282.660. Asimismo, el tributo habría subido de ¢8.000 a ¢75.000 para los autobuses.
De los ¢60.000 millones adicionales que generaría la reforma al impuesto, ¢48.000 millones provendrían del ajuste a los dueños de carros particulares; ¢4.700 millones de los propietarios de camiones, y ¢3.600 millones de los motociclistas. Los cambios aumentarían en alrededor de un 32% la recaudación actual.
La propuesta fue presentada por los exdiputados liberacionistas Yorleny León —ahora presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)— y Gustavo Viales.
Cambios en la agenda del gobierno
El pasado jueves, después de la reunión con dirigentes de cámaras empresariales en Casa Presidencial, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, dijo que la agenda legislativa contempla proyectos que “no necesariamente son de la línea del presidente (Chaves)”.
Alegó que esas iniciativas se mantienen en la agenda legislativa, convocada inicialmente por el gobierno saliente, para poder “iniciar las sesiones extraordinarias”.
“Es una agenda heredada. revisamos esa agenda y, dentro de las prioridades del señor presidente, tomando en cuenta lo que ha dicho en reactivación económica, reforma administrativa, reforma de pensiones. Ustedes puede ver que los siete proyectos convocados inicialmente van en esa línea.
“Hay muchos otros proyectos que no necesariamente son de la línea del presidente, para iniciar las sesiones extraordinarias”, manifestó Díaz.
No obstante, el expediente de reforma al marchamo sí fue convocado por la actual administración, justamente el primer día de funciones.
El gobierno dispone de un periodo de sesiones extraordinarias, que va de mayo a julio, para impulsar los proyectos de ley de su interés. En ese tiempo, el Poder Ejecutivo domina la agenda de proyectos que se discuten en la Asamblea Legislativa.
Como parte de una reforma aprobada en la anterior administración, cada gobierno entrante dispondrá de un periodo de sesiones extraordinarias de tres meses, con el propósito de que pueda impulsar con rapidez los cambios prometidos en campaña.
