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Durante diez días en que atendió 795 bloqueos de carreteras en todo el país, la Fuerza Pública decomisó 185 artefactos explosivos, principalmente bombas molotov y dinamita, al tiempo que registró 101 policías heridos.
Esos datos fueron escritos por el Ministerio de Seguridad en la respuesta que le envió a la Sala IV, para defenderse ante un recurso de habeas corpus presentado por el abogado Wálter Brenes, quien argumentó que los bloqueos le impidieron salir de su casa durante más de una semana, en Garabito de Puntarenas, y que el presidente Carlos Alvarado no liberó las carreteras.
El director general de la Fuerza Pública, Daniel Calderón, y el ministro de Seguridad, Michael Soto, detallaron que, del 30 de setiembre al 9 de octubre, las autoridades contabilizaron 442 personas y 55 vehículos obstruyendo vías, 55 vehículos, así como 16 vehículos de la Fuerza Pública dañados.
Estas acciones llevaron al arresto de 71 personas, además del decomiso o hallazgo de 259 piedras, 110 objetos contundentes para agredir a los oficiales, 46 envases de gasolina, 109 neumáticos y cuatro armas de fuego o blancas.
La semana pasada, en el sector de Paquita cerca de Quepos, en Puntarenas, un video registró cuando lanzaron un artefacto explosivo lanzado a los pies de tres oficiales.
En su respuesta a la Sala Constitucional, Calderón pidió declarar sin lugar el habeas corpus al argumentar “que el tiempo que se demoró en realizas las intervenciones policiales, para el levantamiento de los bloqueos, reestablecer el libre tránsito y el orden público, es el estrictamente necesario para realizar la planificación del abordaje de un evento que, a todas luces, dejó de ser pacífico y requería la movilización de gran cantidad de oficiales”.
Estas operaciones, que requirieron radios, motocicletas, busetas, camiones y aeronaves, costaron cerca de ¢488 millones.
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Por el habeas corpus, también dieron cuentas el ministro de Presidencia, Marcelo Prieto; y el director general de la Policía de Tránsito, German Marín; quienes también pidieron declarar sin lugar el recurso.
Prieto señaló que, según registros policiales del 30 de setiembre, las autoridades sí intervinieron en las rutas cercanas a la zona donde vive el recurrente: Jacó, Caldera y Parrita.
Sin embargo, indica la réplica de Prieto, “es menester subrayar que, a diferencia de otros escenarios sociales de manifestación, en esta ocasión se ha tratado con una cantidad mayor de protestas en el país desde el 30 de septiembre del presente año”.
El ministro agregó que “se han llevado a cabo las actuaciones posibles para atender adecuadamente los bloqueos y las protestas, sin desatender las labores comunes de seguridad nacional y mantenimiento del orden público con una cantidad de personal policial que resulta inferior en comparación con la cantidad de personas manifestantes”.
El 6 de octubre, el abogado Wálter Brenes interpuso inicialmente un recurso de amparo contra Carlos Alvarado. Pero al darle trámite, la Sala Constitucional lo cambió por un habeas corpus contra cuatro jerarcas del Gobierno al considerar que los bloqueos viales podían incidir sobre la libertad personal de Brenes.
En su reclamo, el abogado afirmó que “a pesar de que el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado es la persona llamada a ordenar a la Fuerza Pública el levantamiento de estos bloqueos, los cuales cometen serias y evidentes afectaciones a las personas trabajadoras y comerciantes, y a la fecha no ha actuado diligentemente en sus labores, afectando con ello mis derechos constitucionales”.
La tarde de este domingo se mantenían cuatro puntos bloqueados, en Paso Real, Buenos Aires y Paso Canoas de Puntarenas, además de Loma Verde de Pérez Zeledón.
En San José, en Casa Presidencial, se produjo una nueva manifestación con hechos de violencia este lunes.
