La fracción del PLN aseguró que la intención del Gobierno de eximir a la banca pública de la creación de un fondo de garantía para proteger a los ahorrantes, pone en riesgo la última etapa del proceso de ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Mediante un comunicado de prensa, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) calificaron este jueves de “erróneas” las posiciones del Poder Ejecutivo sobre este tema y también señalaron las contradicciones que existen a lo interno del Poder Ejecutivo.
“Pueden afectar la recta final de la adhesión”, aseguró la bancada verdiblanca.
El fondo de respaldo es un requisito que exige OCDE a los países que desean incorporarse al foro. Dicha organización solicita que el mecanismo abarque tanto a la banca pública como a la privada, pero el Gobierno impulsa un proyecto de ley que excluye a las entidades estatales.
Al respecto, Silvia Hernández, jefa de la fracción liberacionista, recordó que tanto la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez; como Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, señalaron en el Congreso que la legislación debe cumplir con lo requerido por OCDE.
No obstante, Hernández consideró que los esfuerzos han “desfallecido” justo cuando el país se encuentra en la recta final del proceso de incorporación.
La ley debe quedar aprobada, a más tardar, el 14 de febrero próximo. Luego, en mayo del 2020, el país será sometido a las últimas evaluaciones.
“Nuestro partido, el partido que consolidó la banca pública, entiende la necesidad de que todas las entidades financieras sean parte de esta protección”, expuso el PLN.
Alvarado defiende postura
Pese a las críticas de propios y extraños, el presidente de la República, Carlos Alvarado, reiteró este martes su apoyo a un proyecto para crear el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el cual cubriría un monto de ¢6 millones por cada depósito bancario en caso de emergencia.
Dicho fondo se nutrirá de un aporte anual no mayor al 0,15% de los depósitos garantizados de los bancos privados. El Poder Ejecutivo decidió dejar por fuera de esta iniciativa a los bancos comerciales del Estado, el Nacional (BN) y el de Costa Rica (BCR).
Alvarado repitió el argumento de que los bancos comerciales públicos ya gozan de una garantía ilimitada del Estado.
No obstante, esa garantía carece de contenido presupuestario por lo que, ante un eventual riesgo del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica, el Poder Ejecutivo deberá recurrir al endeudamiento o a los impuestos para poder afrontarlo.
Esa decisión provocaría presión fiscal e inflación, de acuerdo con el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero.
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Alvarado confirmó que un equipo integrado por Cubero y los ministros de la Presidencia, Víctor Morales; de Planificación, Pilar Garrido; de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez; redactan una propuesta que expondrá la posición del gobierno ante la OCDE.
El organismo demanda introducir un sistema de seguro de depósito que cubra a todo los bancos, y que a la vez ayude a nivelar el “campo de juego” o la competencia en el sector bancario. También, pide eliminar otras asimetrías normativas que favorecen a la banca estatal.
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Mediante un seguro como el que se propone, la banca cubriría al 96% de los ahorrantes, pero solo el 10% de los depósitos.
Paralelo al proyecto del Ejecutivo, 31 diputados de oposición presentaron otro texto que sí incluye a todos los intermediarios del sistema financiero nacional.
El presidente Alvarado alegó que la nueva ley debe asegurar los depósitos de los ahorrantes, evitar un desbalance en la competencia entre bancos públicos y privados, y que el gobierno cumpla con el ingreso a OCDE en los tiempos previstos.
“¿Cómo lograr que la legislación que ahí quede plasmada no genere detrimento de los bancos públicos y privado? Ese es el balance que que estamos buscando trabajar en esta pieza de legislación”, expuso el presidente el martes, en Casa Presidencial.
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Alvarado dijo que la banca pública juega “un rol importante” para los costarricenses. Mencionó, como ejemplo, el plan de salvamento a personas altamente endeudadas.
Este consiste en una directriz girada por el Poder Ejecutivo al BN y al BCR para que otorguen préstamos con bajas tasas con el fin de que las personas sobreendeudadas puedan saldar sus obligaciones.
La idea del gobierno es generar liquidez en esos deudores.
“Si no tuviéramos ese tipo de institucionalidad nos veríamos en aprietos. La banca pública también juega un rol muy importante ahora, por ejemplo, con los créditos de salvamento que estamos llevando adelante. Juega un rol importante en llevar el acceso a crédito en muchas partes del país y eso para mí es importante”, indicó Alvarado.
