Plan para prohibir terapias de conversión sexual recibe oxígeno en Asamblea

Estaba por expirar el plazo original de cuatro años para discutir la iniciativa, por lo que el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), propuso extender la vigencia del expediente por cuatro años más. Sin eso, el plan habría sido archivado en definitiva.

También defendió la iniciativa la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Monserrat Ruiz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

En contra votaron Fabricio Alvarado, Rosalía Brown, Yonder Salas, David Segura y Pablo Sibaja, de Nueva República.

El proyecto de ley fue planteado por el exdiputado frenteamplista José María Villalta.

La expresión “terapia de conversión” o “terapia de conversión sexual” se refiere a cualquier esfuerzo sostenido por modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona.

Según la organización ILGA World, la mayoría de estas prácticas se gestaron a mediados del siglo XX, como respuesta “a lo que en gran medida se consideraba una patología”.

Antes de que se votara la moción para extender el plazo cuatrienal, Ortega afirmó que, durante la Segunda Guerra Mundial y en varias dictaduras latinoamericanas, se aplicaba este tipo de tortura para la conversión de la orientación sexual.

“Últimamente, algunos promotores del discurso del odio las han estado aplicando o promoviendo, para una aparente cura a la diversidad sexual. No lo digo yo, sino la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la diversidad sexual no es una enfermedad. Lo que sí tiene cura es la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, para lo que existen diferentes tipos de terapias grupales”, dijo el frenteamplista.

Ortega añadió que el país debe dar avances contra las terapias que destruyen familias, personas y vidas. Incluso, el diputado enfatizó que “en países como Nicaragua, no solo persiguen jóvenes por su filiación política, sino también por su orientación sexual”.

“Es por eso que tenemos tanta migración de personas jóvenes que padecen la exclusión, la homofobia. Si vienen a nuestro país no es porque les queda a la par, es porque saben que aquí hay garantes de derechos humanos, y aunque hay gente que quiere hacernos retroceder, aquí hay apoyo”, comentó el congresista.

La liberacionista Montserrat Ruiz destacó que Costa Rica es un país que respeta los tratados internacionales suscritos y que está a la vanguardia en la erradicación de “toda forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“Esta Asamblea debería dar un paso al frente y prohibir toda forma de tortura medieval. Esto es un tema de salud mental, porque esa práctica está afectando a miles de personas jóvenes y la OMS ya dijo que esto va en contra de la salud pública”, alegó Ruiz.

De hecho, la iniciativa legal ha recibido criterios afirmativos, entre ellos el del Colegio de Profesionales en Psicología. Ruiz añadió que esas terapias son subjetivas y no tienen ningún aval científico.

Al justificar el voto en contra, Fabricio Alvarado evitó hablar sobre el fondo del proyecto, y adujo que nadie les había advertido de que, en la sesión del plenario de este martes, se daría esa discusión.

“Hay bastante que decir en cuanto a esta propuesta en particular, sobre temas relacionados con libertad religiosa y objeción de conciencia, y ya llegará el momento en que conversemos sobre el tema, pero nadie nos avisó que se iba a votar esta moción; nadie nos pidió el voto”, arguyó Alvarado.

No obstante, la moción para extender el plazo del expediente 20.970, que añade y reforma artículos en la Ley General de Salud estaba en el orden del día del plenario desde el 20 de junio.

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