La jueza penal Rosaura Chinchilla y el abogado penalista Carlos Tiffer afirmaron, ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que el proyecto anticorrupción que impulsa el Gobierno “no aporta absolutamente nada nuevo” y que, más bien, reitera la legislación vigente.
En una audiencia realizada el pasado jueves, ambos juristas recomendaron descartar el plan, al considerar que más bien podría generar un efecto contrario al buscado, pues propone eliminar una figura que actualmente incentiva a las personas jurídicas a denunciar empleados por anomalías.
“Desde el punto de vista técnico, mi recomendación respetuosa es que el proyecto se archive”, propuso Chinchilla. “No aporta absolutamente nada nuevo de lo que ya tenemos, no hay ningún estudio que determine que por esa vía se va a lograr combatir efectivamente la corrupción”.
Además, la jueza afirmó que el plan del Ejecutivo “duplica instituciones (artículos vigentes) que nos dificultan a los operadores del sistema, jueces y fiscales, la aplicación del texto y que puede generar baches de impunidad”.
El plan fue anunciado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, al inicio de su mandato, como una iniciativa que ofrecería incentivos económicos a los funcionarios que denuncien actos de corrupción. En realidad, el plan no incorpora tales recompensas.
Pese a que es posible incorporar esos incentivos al texto mediante moción, los juristas consideraron que la eventual inclusión de esos pagos más bien podría tener efectos negativos en el combate a la corrupción y la persecución penal por parte del Ministerio Público.
“Tiene efectos contrarios en realidad a lo que se pretende, e incorpora eventualmente incentivos económicos que tienen un costo presupuestario, impactarán negativamente en la credibilidad del testigo y podrían desatar cacerías de brujas si no van rodeados de enormes mecanismos de verificación y contención del abuso con ánimo de lucro”, advirtió Chinchilla.
Testigo de la corona
El plan anticorrupción de Chaves únicamente contempla tres artículos.
El primero pretende añadir un inciso al artículo 22 del Código Procesal Penal, que actualmente permite prescindir, total o parcialmente, de la persecución penal de una persona que, habiendo tenido una participación menor en algunos hechos delictivos, aporte pruebas contundentes y denuncie los delitos. Esto es conocido como criterio de oportunidad o testigo de la corona.
La propuesta incorpora un artículo “e” para que el beneficio también aplique en aquellos casos donde “se trate de funcionarios públicos o de personas privadas que denuncien hechos cometidos por personas físicas o jurídicas que atenten contra la Administración de Justicia, los deberes de la Función Pública, la Hacienda Pública o el deber de probidad”.
No obstante, de acuerdo con el análisis de los penalistas, lo anterior ya está contemplado en el mismo artículo. “Este mecanismo que se pretende introducir con un inciso ‘e’, ya está comprendido en su generalidad en el inciso ‘b’. Lo que está pretendiendo es una duplicidad del inciso vigente; no hay ninguna novedad”, concluyó Chinchilla.
Tiffer compartió en absoluto lo dicho por la jueza penal.
Obligación de funcionarios a denunciar
El segundo artículo consiste en adicionar un párrafo al artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, para establecer que “se considera quebranto al deber de probidad cuando el funcionario público, al conocer un hecho de corrupción, en inobservancia a lo dispuesto en el artículo 281 del Código Procesal Penal, lo oculta o no procede a denunciar este hecho a las autoridades competentes (...)”.
De acuerdo con Rosaura Chinchilla, nuevamente se trata de una reiteración de la legislación vigente. “Eso hoy está vigente también en el ordenamiento jurídico costarricense, no con las mismas palabras, pero por otra vía”, aseguró.
“Si ustedes ven el artículo 329 del Código Penal, hoy es delito sancionado con cárcel no denunciar un hecho cuando estoy obligado a hacerlo, y ¿cuándo estoy obligada?, cuando como funcionaria pública conozco de un hecho delictivo. Entonces, no solo sería una falta al deber de probidad con sanción administrativa, sino que hoy actualmente es un delito”, señaló a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Denuncias dentro de empresas
El proyecto impulsado por el Gobierno también pretende derogar el inciso “a” del artículo 12 de la Ley sobre responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohecho domésticos, soborno transnacional y otros delitos.
Dicha norma establece que el juez podrá rebajar hasta en un 40% la pena para las personas jurídicas cuyos propietarios, directivos, representantes, apoderados o encargados de supervisión denuncien un posible hecho de corrupción, cometido por parte de un empleado de la empresa, antes de que conozcan que existe un procedimiento judicial en su contra.
Conforme a la justificación del proyecto, la derogatoria obedece a la lógica de que, si bien se reduce la sanción hasta en un 40%, se mantiene el castigo y ello “impide la denuncia de este tipo de delitos”.
“Se considera importante derogar esa norma, para incentivar a los gerentes, representantes y propietarios de las empresas a denunciar a sus empleados que cometan delitos”, señala el texto del Ejecutivo.
No obstante, los juristas afirma que el texto no plantea una alternativa. Si simplemente se deroga el artículo, como lo propone el proyecto, no existiría descuento alguno en la pena para que las empresas denuncien presuntos actos de corrupción de sus subalternos.
Para Chinchilla esto es un contrasentido, pues se lograría el efecto contrario que la propuesta supuestamente pretende lograr. “De los tres artículos, dos están incorporados en la ley vigente y el tercero generaría un efecto exactamente contrario a lo que dice el proyecto de ley va a pretender”, sostuvo.
Incentivos económicos
La promesa de campaña de Rodrigo Chaves fue ofrecer incentivos económicos a quienes denuncien actos de corrupción. Su proyecto de ley, sin embargo, no incorpora dichas recompensas.
Pese a la ausencia de tales beneficios en el plan, los abogados penalistas hicieron un análisis ante la posibilidad de que puedan ser incorporados al plan mediante moción, como lo expresó la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Rosaura Chinchilla adversó la idea por varios motivos:
- Fuente de financiamiento: “Requiere un rubro presupuestario importante. El Estado de la Nación ha venido llamando poderosamente la atención de que se está legislando sin contenido presupuestario”.
- Ánimo de lucro: “Tendría que redactarse de una forma tan rigurosa que permita tamizar denuncias falsas por ánimo de lucro”.
- Eficacia de la información: “Implica analizar la eficacia de la información, establecer en qué momento se está denunciando, si existen investigaciones en trámite. Podría ser una denuncia ociosa que no conduce a nada, que ya se tiene por otras vías sin afectar el Presupuesto de la República”.
- Efectos adversos: “Lo más peligroso de este tema, es que probablemente va a generar lo que ya habían generado mecanismos similares desde la Edad Media, que es una cacería de brujas, es decir, el denunciar precisamente en función de temas económicos”.
Además, el abogado Carlos Tiffer agregó que el plan no se aporta evidencia empírica de que a mayor cantidad de denuncias se disminuirían los delitos sobre corrupción o se lograrían concluir más procesos contra imputados. Afirmó que existen políticas públicas que han demostrado mejores resultados.
“Frente a la denuncia resulta más efectivo el principio de rendición de cuentas, por ejemplo, garantizando el acceso a la información pública, tanto a ciudadanos como a medios de comunicación.
“A través de mecanismos como el fortalecimiento de las auditorías institucionales, el principio de rendición de cuentas, la aplicación de la legislación de control interno, vamos a lograr mejor efecto”, consideró el penalista.
Chinchilla agregó que el plan podría tener efectos negativos “en el tanto de que si se generan múltiples denuncias calumniosas en el sistema judicial, se va a concentrar en esos pequeños supuestos delitos, desviando la atención de los recursos en el tema de la investigación de la gran criminalidad”.
