Superada la segunda ronda electoral del próximo 3 de abril, el Ministerio de Planificación (Mideplán) entregará al candidato presidencial que resulte electo el 3 de abril todos los avances del reglamento para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, que comenzará a regir dentro de un año exacto.
El propósito, afirmó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, es avanzar “tanto como sea posible” en los últimos dos meses de la presente administración, con los análisis que servirán de base para determinar, posteriormente, el salario global de cada una de las clases de puestos del sector público.
La legislación establece un salario global para todos los empleados del sector público, tanto para nuevas contrataciones como para los actuales funcionarios, excepto en las empresas estatales en competencia. De esa manera, se eliminaría el esquema actual de sueldo base más pluses que rige en la mayoría de entidades estatales.
Garrido detalló el trabajo requerido para confeccionar el reglamento, el cual debe estar listo en un plazo de 12 meses. “Hay un primer avance en lo que es la columna general, que generalmente tiene el peso relativo más amplio, que es el conjunto de familias en el único régimen de empleo público.
“Lo que estamos haciendo es mapeando todos los puestos, las características que tienen estos puestos y las funciones que esas personas servidoras públicas tienen que desempeñar, estableciendo las condiciones homólogas para poder avanzar con ese precepto de igual trabajo igual remuneración”, afirmó Garrido.
Esa investigación es la que el Poder Ejecutivo se trazó como meta dejar lista para que, según Garrido, la siguiente administración “pueda comenzar a construir esa valoración en función de los grados y establecer puntos de remuneración, contar con la columna salarial para todos y, pues, proceder al reglamento”.
Como parte del proceso para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, aseguró Garrido, uno de los hitos más importantes es establecer cuáles plazas tienen la característica de “puestos comunes”.
Esa lista tiene el objetivo, por ejemplo, de que un conductor tenga el mismo salario en el Poder Judicial, en la Universidad de Costa Rica (UCR) o en un ministerio, para eliminar las disparidades salariales entre instituciones.
A través de la aplicación de un salario global, el Estado se ahorraría en promedio ¢393.658 millones anuales, por los próximos diez años, equivalentes al 1,04% del producto interno bruto (PIB) si se usa el tamaño de la economía calculada por el Banco Central a octubre anterior.
Los ahorros se originaría en la contención del gasto en las remuneraciones del Gobierno Central (¢291.450 millones) y del resto de instituciones (¢102.200 millones).
Carlos Alvarado firma Ley de Empleo Público
