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La bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) se opone a un proyecto de ley que pretende librar a las municipalidades de una serie de topes que le ponen freno al gasto público, incluido un escape indefinido de la regla fiscal.
Según Luis Ramón Carranza, diputado del PAC, ningún miembro de su fracción forma parte de los 40 legisladores que impulsan el expediente 21.922, al calor de la emergencia nacional provocada por el nuevo coronavirus.
De hecho, ante una consulta enviada por Carranza, la Contraloría General de la República advirtió sobre la existencia de serios riesgos en el texto, porque incluye reformas que debilitan el control interno y la transparencia en la operación municipal.
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El ente contralor, por ejemplo, señala que el artículo 11 del proyecto eximiría a los ayuntamientos de cumplir la regla fiscal.
Dicho mecanismo fue incluido en la reforma fiscal del 2018 para limitar el crecimiento del gasto público si las condiciones económicas del país y la situación de la deuda pública son adversas, como ocurre en la actualidad.
Al respecto, Carranza sostuvo que la bancada del PAC se opone a la redacción actual del proyecto y anunció que ya tiene listas mociones para modificar los aspectos que consideran inadecuados.
Los legisladores oficialistas se oponen a un escape indefinido al cumplimiento de la regla fiscal y a que se abra un portillo, por esa vía, para un aumento del gasto administrativo en los municipios por medio de la contratación de más personal.
“Vi con esperanza el proyecto, porque venía de la Asociación de Alcaldes y la Unión de Gobiernos Locales. Así que trabajamos varias semanas, se revisó artículo por artículo e hicimos nuestras sugerencias, pero no fueron atendidas, es la realidad".
"Fueron más ambiciosos, pusieron coletillas en artículos que no las tenían y que le permiten a los alcaldes y municipalidades contratar más gente”, aseveró Carranza.
Críticas
El proyecto ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia por el nuevo coronavirus fue planteado por la diputada liberacionista María José Corrales para ayudar a los municipios “a asumir los gastos asociados” con la crisis sanitaria.
La iniciativa fue impulsada por 40 legisladores e incluida por el presidente de la República, Carlos Alvarado, en las sesiones extraordinarias del Congreso que finalizan este 30 de abril.
El plan permitiría que los ayuntamientos y los concejos municipales de distrito puedan sobre pasar, durante el 2020 y el 2021, las reglas que le ponen límite al gasto administrativo.
Así podrían, por ejemplo, aumentar de un 10% a un 40% el dinero del Impuesto de Bienes Inmuebles que pueden destinar a rubros administrativos, como crear nuevas plazas urgentes y temporales relacionadas con la crisis sanitaria.
La Contraloría, al respecto, señaló que la apertura de esos puestos debería tener una justificación acorde con la emergencia para evitar cualquier gasto innecesario de recursos.
También llamó la atención de que el proyecto ni siquiera hace una estimación mínima de la reducción de ingresos que podrían sufrir los municipios, tanto por la desaceleración económica como por la moratoria de impuestos municipales que se plantea, frente a los incrementos de gastos que permitiría.
Además, se manifestó preocupada por el hecho de que la iniciativa carezca de “elementos mínimos de discusión como datos, estimaciones, análisis o respaldo técnico que sustenten las posibles reducciones de ingresos y el incremento de gastos”.
Para el diputado Luis Ramón Carranza, es urgente darle nuevas herramientas a los gobiernos locales para que atiendan la crisis generada por el covid-19, pero insistió que eso no se puede hacer pasando por encima de la ley y de la Constitución Política.
“La Contraloría enciende nuevas luces y no queda más que darle la razón, porque todo debe tener una justificante y no se puede hacer por supuestos, sino con datos concretos", aseveró Carranza.
"Participamos activamente en la mesa de trabajo, pero nos sentimos frustrados, porque nuestras sugerencias no se tomaron en cuenta y ahora la Contraloría lo ratifica y va más allá”, añadió.
