Gerardo Ruiz R.. 21 octubre
El exdiputado Ottón Solís, defensor de la reforma tributaria, afirmó que el proyecto no afecta la manera en que el Poder Judicial imparte justicia. Foto: Rafael Pacheco.
El exdiputado Ottón Solís, defensor de la reforma tributaria, afirmó que el proyecto no afecta la manera en que el Poder Judicial imparte justicia. Foto: Rafael Pacheco.

Ottón Solís, exdiputado de Acción Ciudadana (PAC) e impulsor de la reforma fiscal que se discute actualmente, se opone a los argumentos que usaron los magistrados de la Corte Plena del Poder Judicial para afirmar que ese proyecto viola su autonomía en materia salarial y de empleo público.

El martes pasado la Corte Plena aprobó contestar una consulta que le remitió la Asamblea legislativa sobre los contenidos del plan fiscal. Por mayoría, los magistrados del Poder Judicial acordaron oponerse al proyecto siempre que afecte el régimen salarial de esa institución.

Esa afirmación de un administrador de justicia afectado por el plan fiscal es tan sólida, objetiva y desinteresada como la de una persona que, ante la condena por un juez, declara que ese es el “peor Poder Judicial"

Solís difiere de ese criterio. Según el fundador del PAC, hoy consejero del presidente Carlos Alvarado y representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la reforma tributaria “no interfiere en lo más mínimo” con el funcionamiento del Poder Judicial.

Durante una entrevista que concedió a La Nación, Solís también defendió el actuar de la administración de Carlos Alvarado en relación con la atención de la crisis económica del Gobierno Central y aclaró los alcances de varios contenidos del proyecto de saneamiento fiscal. En adelante, lea el detalle de las respuestas del político a las preguntas de este diario.

-Usted trabajó en la elaboración e impulso de este plan fiscal cuando fue diputado, por lo que lo conoce bien. Partiendo de ese conocimiento del proyecto ¿pierde la Corte ventajas salariales y de beneficios o pluses con este proyecto?

-Las normas del Plan Fiscal aplican a todos los funcionarios públicos por igual. Por ello, los funcionarios del Poder Judicial mantienen intactas las ventajas relativas que siempre han disfrutado en relación con el resto de los empleados públicos.

Si, por ejemplo, el presidente de la República vetara una ley que reduce su salario, hoy todo el país, incluyendo los magistrados, lo tacharíamos de corrupto”

-¿Somete el plan fiscal a una sujeción indebida al Poder Judicial, como lo afirmó su presidente, Fernando Cruz? ¿Por qué sí o por qué no?

-El plan fiscal no interfiere en lo más mínimo en la forma en la que el Poder Judicial utiliza el marco legal del país para administrar justicia. Por el contrario, el intento de la Corte de impedir que se reduzca el déficit fiscal y la deuda pública sí interfiere en las responsabilidades del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa en la administración de las finanzas públicas, las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación.

-Entre los argumentos que ha utilizado el Poder Judicial, para oponerse al proyecto de ley, está que el plan fiscal vendrá a tocar una estructura salarial y de incentivos diseñada para impedir que los funcionarios judiciales se corrompan. ¿Se sostiene ese argumento de la Corte?

-Ese argumento sería correcto si la ética de los funcionarios judiciales tuviese precio, lo que los convertiría inherentemente en corruptos. Creo que los magistrados que han utilizado ese argumento irrespetan y menosprecian a los funcionarios judiciales.

“Estoy seguro que casos como, precisamente, los de varios magistrados y exmagistrados de la Sala III, cuya ética quedó en entredicho por el tratamiento dado a un caso que involucraba diputados (el del cemento chino), o el de los magistrados que se autoaprobaron un aumento salarial abusivo en el 2008 y en el 2010, son la excepción”.

“Creo que la gran mayoría de los funcionarios judiciales se comportan con integridad, independientemente de su salario”.

-¿Según su criterio, se viola alguna norma cuando funcionarios públicos utilizan su poder para tomar decisiones que les beneficien?

-Utilizar el poder para tomar decisiones dirigidas a otorgarse o a proteger beneficios es corrupción. Viola directamente el artículo 48 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Si, por ejemplo, el presidente de la República vetara una ley que reduce su salario, hoy todo el país, incluyendo los magistrados, lo tacharíamos de corrupto.

-El magistrado Fernando Cruz afirmó que el actual es el “peor plan fiscal” que ha visto ¿Qué defectos cree usted que contiene el proyecto de ley para que un magistrado acostumbrado al análisis lo califique de esta manera?

-Esa afirmación de un administrador de justicia afectado por el plan fiscal es tan sólida, objetiva y desinteresada como la de una persona que, ante la condena por un juez, declara que ese es el “peor Poder Judicial".

Soy tan experto en materia constitucional como el magistrado Cruz en materia fiscal y, por ello, mejor preste tanta atención a mi opinión sobre lo constitucional como la que presta al magistrado Cruz cuando afirma que este es el 'peor plan fiscal’"

-Don Fernando Cruz, además, cuestionó el procedimiento abreviado que se le aplicó al proyecto. Incluso utilizó un término poco común. Dijo que el trámite que estipula el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo constituye la “macdonalización” del proceso parlamentario. ¿Qué opina?

-El 208 bis trata de reducir los tiempos para la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa y para eliminar la presa de proyectos. Si la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estableciera una ruta para reducir las listas de espera o si la Corte presidida por don Fernando estableciera una mecanismo para reducir la desastrosa y ofensiva mora judicial, yo lo aplaudiría.

“De todas maneras, jamás lo desacreditaría o me burlaría tildando al mecanismo de macdonalización".

-El proyecto de ley otorga a Mideplán la rectoría en materia de evaluación del desempeño del empleo público, algo que cuestiona la Corte porque alega que va en contra de su independencia. ¿Cree que la materia del empleo público debió estar fuera del proyecto tributario, con el fin de que no se generaran estas polémicas?

-Mideplán sería responsable de establecer los principios y mecanismos para la evaluación del desempeño, pero no de calificar. La ley cubre el empleo público. Si se excluyen los empleados del Poder Judicial, ¿por qué no excluir también a los funcionarios de la Cancillería o a los del Banco Central, o a los del Ministerio de Seguridad o a los de la CCSS, etc, todos con funciones tan especiales como las del Poder Judicial?

-¿Arriesgan este tipo de contenidos al plan fiscal una vez que sea sometido al tamiz de la Sala Constitucional por el fondo?

-Si el Plan Fiscal hubiese dejado por fuera a los empleados del Poder Judicial, sería inconstitucional pues violaría el artículo 33 de la Constitución Política, el cual establece que todos somos iguales ante la ley.

-Según lo que ha visto del trámite hacia el primer debate, ¿está cien por ciento seguro de que no hubo yerros en el proceso?

-En mi opinión no hubo errores constitucionales; ni en el proceso ni en los contenidos. Pero yo soy tan experto en materia constitucional como el magistrado Cruz en materia fiscal y, por ello, mejor preste tanta atención a mi opinión sobre lo constitucional como la que presta al magistrado Cruz cuando afirma que este es el “peor plan fiscal".

-¿Cómo evalúa el manejo que ha hecho Casa Presidencial del plan fiscal en lo que va del actual Gobierno?

-Coherencia: anunciándolo en campaña, reduciendo gastos superfluos, ordenando la reducción de salarios abusivos, manteniéndose concentrado en el objetivo, dialogando pero tomando decisiones, construyendo con varios partidos de acuerdo a los principios del Gobierno Nacional anunciado en campaña.