Aarón Sequeira. 23 octubre
Varias organizaciones y ciudadanos se manifestaron frente a la Casa Presidencial, este 23 de octubre, para exigirle al presidente de la República, Carlos Alvarado, que vete la ley de arrastre. Fotos: Sebastián Mayorga
Varias organizaciones y ciudadanos se manifestaron frente a la Casa Presidencial, este 23 de octubre, para exigirle al presidente de la República, Carlos Alvarado, que vete la ley de arrastre. Fotos: Sebastián Mayorga

Sectores políticos, ambientales, municipales, académicos y de pescadores artesanales se unieron para solicitarle al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar el proyecto de ley que reviviría la pesca de arrastre, el cual fue aprobado este jueves de forma definitiva en el Congreso.

A pocas horas de que 28 diputados le dieran el sí a la iniciativa del restauracionista Melvin Núñez Piña, empezaron a elevarse las voces que solicitan a la Presidencia recurrir al último mecanismo posible para frenar una técnica de pesca que, según criterios científicos, arrasa con el suelo y la fauna marina de forma indiscriminada.

Entre los primeros sectores en reaccionar, pocos minutos después de la votación en el plenario, estuvo la Fundación MarViva, que indicó que Alvarado debe decidir si veta la iniciativa o la apoya con su firma.

En enero del 2018, en la recta final de su campaña electoral, el actual presidente dijo que estaba en contra de esa técnica de pesca.

Jorge Jiménez, director de MarViva, afirmó: “Lamentamos que la Asamblea Legislativa haya aprobado este proyecto, pese a todos los argumentos técnicos, científicos y jurídicos que se han presentando en contra de él. Este proyecto no resolverá la crisis socioeconómica de nuestras comunidades costeras y más bien contribuye al deterioro de los sectores pesqueros y turísticos que dependen de la sostenibilidad de los recursos marinos”.

Jiménez añadió que MarViva instó a Alvarado a vetar la iniciativa, “lo cual es necesario para procurar el bienestar socioeconómico de los sectores artesanales y turísticos, cuyas economías dependen de la salud de nuestros mares y sus ecosistemas”.

El proyecto 21. 478 habilita al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a entregar nuevas licencias a barcos semiindustriales para la pesca de camarón con redes de arrastre en el fondo marino.

El plan revive las licencias para barcos de hasta 21 metros de largo por seis de ancho, luego de que la Sala Constitucional las suspendió en el 2013 por el grave daño ambiental que produce esa técnica, pero dejó la puerta abierta para reiniciar la práctica si se demostraba una salida sostenible.

La pesca de arrastre captura una gran cantidad de especies aparte del camarón que es su principal objetivo, entre ellas peces y tortugas, que quedan atrapadas en las redes.

El proyecto de ley sostiene que un experimento del Incopesca demuestra que una nueva red, llamada AA Costa Rica, permite capturar un 75% de camarón por tonelada arrastrada y un 25% de otras especies. Las licencias serían otorgadas bajo la condición de que se usaría ese tipo de red y en zonas delimitadas.

Sin embargo, criterios políticos y científicos cuestionaron la forma en que se hicieron los estudios, porque fueron cortos en el tiempo, además de que no se hicieron en diferentes épocas del año ni en diferentes sectores del lecho marino.

No obstante, la Sala IV no encontró vicios de inconstitucionalidad en el plan cuando el Congreso se lo consultó.

(Video) ¿Qué está pasando con la ley de pesca de arrastre?

Este viernes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo un llamado a que el país no retroceda en los avances sobre conservación y manejo sostenible de los recursos marinos que ha venido haciendo.

En un comunicado donde llamó a colocar el desarrollo sostenible en el centro de la recuperación pospandemia, el representante del PNUD en Costa Rica, José Vicente Troya, enfatizó que el Gobierno tiene la oportunidad de vetar el plan.

“Es urgente y económicamente más ventajoso escuchar las voces del sector artesanal y de pesca deportiva que se han levantado contra la pesca de arrastre porque atenta contra sus medios de vida, por la destrucción del fondo marino y la altísima sobreexplotación”, dijo Troya.

En setiembre del 2019, la Organización de Naciones Unidas (ONU) premió a Costa Rica con el galardón ‘Campeones de la Tierra 2019’, por los esfuerzos que ha hecho el país en protección de la naturaleza y lucha contra el cambio climático.

Diputados de PLN y PAC piden vetar

Varios de los 18 diputados que votaron en contra el segundo debate del proyecto solicitaron al Gobierno que ejerza su potestad de veto a la iniciativa.

Entre ellos están Roberto Thompson y Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Luis Ramón Carranza y Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y José María Villalta, del Frente Amplio.

Vega, en particular, pide a Carlos Alvarado honrar el compromiso de campaña.

Thompson, por su parte, colocó un mensaje en su perfil de Twitter: “Señor presidente, es hora de que honre la palabra comprometida (2017), me uno a la solicitud para que vete el proyecto aprobado ayer que restablece la pesca de arrastre en el país. ¡Yo también creo en la defensa de nuestros mares! Y usted, ¿sigue creyendo? #VetoALaPescaDeArrastre”.

La primera secretaria del Directorio, Ana Lucía Delgado, solicitó a la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, que ella también le pida el veto al presidente, a raíz del mensaje que la jerarca del Minae colocó en sus redes, lamentando la aprobación en segundo debate del expediente.

“Hoy es un día triste, pero seguiremos trabajando para consolidar modelos de pesca sostenible, basados en la ciencia”, escribió Meza en su cuenta, y compartió un comunicado del Minae donde lamenta la aprobación de la técnica pesquera sin sustento técnico.

Este jueves, la fracción del PAC votó en pleno contra el proyecto, mientras que Liberación Nacional se quebró, pues siete integrantes de la fracción votaron a favor del plan y seis en contra.

Cuatro liberacionistas estuvieron ausentes de la discusión, entre ellas Silvia Hernández y María José Corrales, esta última porque debió aislarse ella y todo su despacho, luego de la aparición de un caso de covid-19 en la oficina. Ambas manifestaron que habrían votado en contra, tal como lo hicieron en el primer debate, en noviembre del 2019.

Este viernes, 64 organizaciones ambientales, 25 asociaciones de pescadores artesanales y pequeños productores, 14 cámaras y organizaciones turísticas, además de 11 municipalidades y dos intendencias publicaron un campo pagado en La Nación donde solicitan el veto a la iniciativa.

Entre los pescadores artesanales hay organizaciones de Puntarenas, Colorado, la Red del Golfo, Puerto San Pablo, Tamarindo, Puerto Níspero, Puerto Thiel, Isla Chira, Puerto Palito, Puerto Jesús, Pochote, Sámara, Guiones y Garza, Playas del Coco, Costa de Pájaros, Jobo, Bejuco, Sardinal, Santa Elena, Venado, entre muchas otras.

Todos los firmantes reclaman que el plan no garantiza un desarrollo sostenible en las cosas y se beneficiaría a un pequeño sector que, según un estudio de la Universidad Nacional (UNA), generaría solo 590 empleos directos que no son de calidad, sino que perpetúan y feminizan la pobreza.

“Por el contrario, afectará a más de 14.000 pescadores artesanales de Guanacaste y Puntarenas, así como la pesca turística y empresas nacionales”, dice el texto del reclamo.

Las municipalidades de Liberia, Abangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, Hojancha, La Cruz, Nandayure, Nicoya, Santa Cruz y Tilarán, así como las intendencias de Colorado de Abangares y Lepanto de Puntarenas consideran que se afectaría a los productores locales fuertemente, por el impacto de la técnica de arrastre en la fauna que es sustento de la pesca artesanal.

Nuevamente, poco antes de la segunda ronda electoral, durante un debate presidencial en Extra TV, Alvarado reiteró que está en contra, pero que es necesario resolver el problema de las familias afectadas por la prohibición para desarrollar esa actividad camaronera.

En cuanto a los criterios universitarios, que hicieron reclamos y pronunciamientos científicos y técnicos, tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica (UCR) se pronunciaron nuevamente contra el proyecto.

En una publicación este viernes, apoyada por el Observatorio Ambiental, la Vicerrectoría de Investigación, el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua (Priga) de la UNA solicitaron directamente el veto presidencial.

El jueves, la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la UCR establecieron varios criterios técnicos contra el plan:

-La mayoría de recursos pesqueros en Costa Rica están sobreexplotados o colapsados.

-La pesca de arrastre no es selectiva, pues existen muchos organismos que no serán aprovechados y se descartan, e impacta otras alternativas de desarrollo (pesca artesanal de escama, deportiva y ecoturismo).

-Tiene un impacto en el lecho marino y provoca sedimentos con contaminantes.

-La pesca de camarón representa un 4% del valor total desembarcado de la pesca en la costa pacífica.

-No se justifica el daño ambiental tan amplio e irrestricto que produce dicha actividad y su impacto en otros sectores.

-La mayoría de camarones provienen del cultivo y no del arrastre. Se debe fortalecer el maricultivo amigable con el ambiente.