Consultado sobre cómo se opondría el gobierno al monto que quede fijado para las universidades públicas, en el Presupuesto Nacional del 2025, Acosta respondió: “No acatarlo”.
“El FEES es un fondo que se crea y define un límite. Cuando los diputados establezcan cuál va a ser el aporte al FEES, veremos qué tan razonable es. No lo garantizamos”, declaró el ministro, quien argumentó que el presupuesto es una autorización de gasto, no una obligación.
“Si la Asamblea Legislativa va a comprar vehículos y no los compra, ¿hay desacato? Es una autorización de gasto, nada más”, manifestó el jerarca después de entregar el Presupuesto Nacional del 2025 al Congreso.
Este año, el gobierno y las universidades públicas no alcanzaron un acuerdo para definir el FEES del próximo presupuesto. El Poder Ejecutivo ofreció un aumento del 1%, mientras que los rectores solicitaban un 4,06%.
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El artículo 85 de la Constitución Política establece que cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario, será resuelto por la Asamblea Legislativa.
Acosta defendió la decisión de entregar el Presupuesto del 2025 con un 0% de incremento para el FEES. Debido a lo anterior, la cifra planteada en el plan de gastos es de ¢576.087 millones, monto que los rectores consideran insuficiente para atender las necesidades de las universidades, considerando el incremento en el costo de vida.
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“Si no hay acuerdo, mandamos 0%, nosotros ya no estamos negociando esto. Si nosotros ya no somos los que estamos negociando, a quienes corresponde establecer la base de la negociación es a los diputados”, sostuvo el jerarca de Hacienda.
Agregó que, según la Constitución Política, el FEES tiene que conservar su valor real, pero desde el 2015, el monto ha crecido más que la inflación.
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Los rectores, en cambio, aducen que se requiere de un 4,06% para que las universidades recuperen el poder adquisitivo perdido en años anteriores.
La Carta Magna establece que las rentas del fondo no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.
Un criterio emitido por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que, si los diputados deciden aumentar el monto del FEES, deben definir cuál es la fuente de financiamiento dentro del Presupuesto Nacional, ya sea asignando rentas o recortando otras partidas.
