Josué Bravo. 19 agosto
Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, se refirió al acuerdo firmado el 20 de febrero por autoridades de la Caja con los sindicatos. En la foto, durante una entrevista con La Nación, el pasado 8 de agosto. Foto: Jeffrey Zamora. Foto: Jeffrey Zamora
Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, se refirió al acuerdo firmado el 20 de febrero por autoridades de la Caja con los sindicatos. En la foto, durante una entrevista con La Nación, el pasado 8 de agosto. Foto: Jeffrey Zamora. Foto: Jeffrey Zamora

Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, aseguró que él no habría firmado el acuerdo que el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, selló el 20 de febrero con los sindicatos de la institución, en el cual se comprometió a seguir pagando los pluses como porcentajes del salario, contrario a lo que estableció la reforma fiscal.

“Yo no lo habría hecho el 20 de febrero, esa es mi respuesta”, expresó Morales en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio.

La respuesta la dio el jerarca de la Presidencia luego de que el periodista Ignacio Santos, uno de los conductores del programa, le consultara si había sido prudente lo firmado por el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Dicho acuerdo, suscrito por Macaya y por otros tres gerentes de la institución con los sindicatos, dio pie a una huelga de ocho días al cabo de la cual la CCSS decidió seguir pagando los pluses como porcentajes del salario y acudir a la vía judicial para pedir una declaratoria de lesividad del acuerdo de febrero.

La protesta se zanjó el lunes 12 de agosto con un segundo pacto con los gremios, esta vez firmado por Morales, Macaya y por el ministro de Trabajo, Steven Núñez.

Ambos convenios contravienen lo indicado por la reforma fiscal que, en su apartado de empleo público, ordena que los sobresueldoss del sector público deben pasar de ser cifras porcentuales a nominales.

Es decir, la reforma establece montos fijos, con el fin de reducir el crecimiento exponencial en gasto público. Solo en la Caja, se pagan anualmente ¢541.000 millones en incentivos, mucho más que en salarios base.

Al consultarle Santos si Macaya amerita alguna medida en su contra o, por lo menos, un llamado de atención, Morales no fue muy explícito.

“Sí ha habido conversaciones con él sobre en términos de la gestión y el manejo de todo este tema”.

Al no ampliar detalles, Morales se remitió a repetir que el segundo acuerdo, el del 12 de agosto, se hizo en el espíritu de poner fin a una huelga que afectó los servicios de salud y que, en esa decisión, además se valoró el acceso al derecho de la salud y la vida de los asegurados.

“En la coyuntura en la que nos encontrábamos la semana pasada, había que terminar con un conflicto que tenía serias consecuencias. Había un mecanismo dentro de la institucionalidad para resolverlo y se resolvió. Ahora, esto tiene que seguir sus procedimientos legales, los mecanismos que correspondan y ya veremos como evoluciona esto”, defendió el jerarca.

El proceso de lesividad que deberá presentar la Caja ante el Tribunal Contencioso administartivo, para definir la legalidad del acuerdo del 20 de febrero, corre el riesgo de ser rechazado ‘ad portas’ porque el pacto de febrero no concedió ningún derecho al contradecir lo indicado por la reforma fiscal.

Así lo explicaron la semana anterior a La Nación el abogado constitucionalista, Rubén Hernández Valle, y el laboralista Marco Durante Calvo, este último de la firma BDS Asesores.

Los juristas explicaron que un proceso de lesividad se da ante el Tribunal Contencioso-Administrativo cuando un ente estatal quiere anular un acto propio que otorgó derechos a los administrados (funcionarios) y que considera perjudicial, lo cual no ocurre con el caso de la CCSS.

Al respecto, Morales se remitió a responder, en el mismo programa de radio, que “de la ruta jurídica y legal tendrán que dar cuentas la asesoría legal de la Caja”. Acto seguido, insistió en cual fue el interés del gobierno en firmar un segundo pacto con los sindicatos.

En caso de que el proceso por lesividad sea rechazado ad portas, el jerarca de la Presidencia dijo que, si esto ocurre, se debería de valorar la anulación del acuerdo de febrero.

“Es un escenario que habría que analizar y que habría que ver”, puntualizó.

Los ocho días de huelga en la Caja dejaron más de 82.000 citas sin realizar, 1.600 personas que quedaron sin operar y más de 20.000 exámenes y procedimientos de diagnósticos.