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El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, se opone a prohibir el uso del plaguicida clorotalonil en Costa Rica, pese a una orden emitida por la Sala Constitucional y las recomendaciones de un estudio técnico.
Carvajal se pronunció luego de que el 6 de junio, la Sala IV condenara al Estado por la contaminación en las nacientes de agua que abastecen a Santa Rosa de Oreamuno, en Cartago. Los magistrados dieron un plazo máximo de seis meses para resolver esta situación.
Para girar esa orden, el alto tribunal se basó en un informe técnico emitido por el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), en el cual se solicitaba prohibir el agroquímico.
Sin embargo, el 24 de agosto, Carvajal solicitó una adición y aclaración de la sentencia, bajo el argumento de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no tiene como fin último la prohibición del uso del clorotalonil, sino la búsqueda de opciones que controlen y reduzcan el uso del químico.
Carvajal agregó que su cartera pretende emitir “un decreto ejecutivo que contenga disposiciones en cuanto a cómo deben realizarse las aplicaciones terrestres” de este plaguicida.
Además, sostuvo que el documento emitido por Salud, el Minae y AyA “no es preciso y yerra en cuanto a las razones otorgadas para solicitar la cancelación de los registros del clorotalonil”.
No obstante, los magistrados desestimaron la petición del jerarca del MAG, pues determinaron que sus alegatos no están relacionados con algún concepto de la sentencia que deba aclararse o adicionarse.
Señalaron que el MAG pretendía realizar una discusión de carácter técnico que no corresponde a la Sala IV dilucidar, por lo cual, reiteraron que se deben acatar las recomendaciones del informe.
“La sentencia es absolutamente clara en la exposición de hechos y fundamentación”, concluyeron los altos jueces.
Dado que pasaron más de cuatro meses desde que la Sala IV dio la orden de prohibir el clorotalonil, La Nación envió consultas al MAG para conocer si se han realizado gestiones en ese sentido. Hasta el momento de publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.
La resolución se dio luego de que el grupo ambientalista Frente Ecocipreses presentara un recurso de amparo, al considerar que se estaba vulnerando el derecho a la salud de aproximadamente 8.000 habitantes de Cipreses y Santa Rosa, en Oreamuno de Cartago.
Los magistrados respaldaron el análisis emitido por Salud, Minae y AyA, en el cual se recomienda iniciar una coordinación entre los jerarcas del Minae y el MAG con el fin de redactar un decreto ejecutivo que lleve a la prohibición de este agroquímico “en el menor tiempo posible”.
Se estima que la contaminación de los mantos acuíferos en Santa Rosa y Cipreses de Oreamuno comenzó en el 2021.
Los altos jueces mencionaron en su fallo que el MAG está disconforme con la orden de prohibir el clorotalonil, a pesar del “dimensionamiento que se realizó sobre los riesgos en la utilización del agroquímico en el territorio nacional”. Al día de hoy, este plaguicida sigue en el mercado.
El citado informe asegura que en las zonas vecinas de Cartago, había unas 65.000 personas que dependían de suministros de agua en un área donde la agricultura se encuentra tan cerca de las fuentes de líquido que afecta su calidad y aumenta la probabilidad de contaminación.
