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El Ministerio de Educación Pública (MEP) alega que tiene un déficit presupuestario, en la partida de remuneraciones, para completar durante el 2020 el pago de anualidades, aguinaldo y compensaciones por demandas judiciales, entre ellas por el salario escolar.
El viceministro administrativo de esa cartera, Steven González, confirmó a La Nación que se necesitan ¢3.894 millones para cubrir esos gastos, pero alegó que la falta de recursos se debe a varias razones.
El Gobierno pretendió solventar ese faltante dentro de un paquete de ¢13.786 millones incluidos en el tercer presupuesto extraordinario enviado a la corriente legislativa.
Ese plan del MEP se financiaría con ¢9.571 millones provenientes de otras subpartidas del ministerio y ¢4.215 millones del ahorro de la deuda publica.
Pero los diputados rechazaron lo segundo por recomendación de la Contraloría General de la República (CGR) que pidió no destinar beneficios del manejo de la deuda al gasto corriente, sino a la disminución del déficit fiscal.
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Una de las razones de disponer de menos dinero en remuneraciones es que se recortaron gastos en los presupuestos extraordinarios aprobados meses atrás como parte de la contención del gasto publico, afirmó González.
Pero también señaló que hubo una proyección ajustada del presupuesto ordinario 2020 que, luego, varió.
Una tercera razón, según indicó el jerarca, es que se dieron resoluciones judiciales que obligan al MEP a cumplir con indemnizaciones en salario escolar y anualidades, pero no reveló el monto de esas erogaciones.
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En total, la cartera requiere ¢3.247 millones para pagar anualidades, ¢627 millones para cancelar aguinaldos y ¢19 millones para salario escolar de este año.
En anualidades, el viceministro subraya que no todo corresponde a sentencias judiciales pero aseguró que los ¢19 millones del salario escolar sí.
En todo caso, continuó, las compensaciones judiciales deben ser pagadas en el mismo año que los tribunales dieron el dictamen pese a ser procesos que vienen de años anteriores porque así lo dispuso Hacienda desde el 2019.
Es decir, subrayó, se deben saldar en este 2020.
En la parte del aguinaldos, González argumentó que en principio se presupuestaron ¢21.286 millones para todo ese rubro en el 2020, pero que al aplicar recortes al gasto público tuvieron que descontar ¢838 millones a través de la rebaja de plazas vacantes que, por norma presupuestaria, no estaban autorizados a utilizar.
Ahora, aseveró el funcionario, requieren ¢627 millones para completar el pago de aguinaldos, pero no aclaró cómo se origina esa necesidad si las plazas han sido rebajadas.
Todo ese manejo, según las diputadas liberacionistas Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, se debe a una mala presupuestación, lo cual niega González. Ambas legisladoras piden al Gobierno que envíe otro presupuesto extraordinario para completar los fondos requeridos por ese ministerio.
El faltante de los recursos también lo planteó la propia jerarca del MEP, Giselle Cruz, en un oficio enviado este viernes a los diputados de ese foro legislativo, luego de que se dictaminara afirmativamente en Hacendarios el tercer presupuesto extraordinario 2020.
En ese plan los congresistas acogieron recomendaciones de la CGR de que no se debía usar en gasto corriente ¢51.000 millones provenientes del ahorro de la deuda pública.
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Al mismo tiempo, la contralora general, Marta Acosta, advirtió que la deuda tiene un crecimiento ascendente que generaría un saldo de ¢24,2 billones a diciembre 2020, equivalente al 70% de la producción, y que al 2021 alcanzaría ¢28,8 billones, el 80.5% del producto interno bruto.
Ante ese panorama, los legisladores recortaron ¢44.000 millones del ahorro por intereses de la deuda, incluidos ¢4.215 millones adicionales que había solicitado el MEP.
Solo dejaron ¢7.200 millones como reservas para compras de vacunas contra la covid-19.
En el documento, Cruz lamentó que de ¢6.843 solicitados para el pago de remuneraciones, solo se le aprobaron ¢2.948 millones y que el faltante les podría acarrear problemas administrativos, sociales y legales.
Los diputados también autorizaron ¢6,700 millones para juntas de educación requeridos por el MEP, que provenían de un movimiento entre subpartidas dentro del mismo ministerio.
La discusión
La polémica sobre ese recorte subió de tono la noche del viernes y coincide con un encuentro que sostuvieron tres sindicatos de educación con el presidente de la República, Carlos Alvarado, a las 4 p.m. de ese día, para conversar temas propios de la crisis fiscal y los presupuestos de educación.
La reunión con los sindicatos se había agendado con antelación pero aprovecharon el encuentro para expresar sus preocupaciones por el recorte en remuneraciones.
Asistieron al encuentro representantes del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), la Asociación de Educadores de Segunda Enseñanza de Costa Rica (APSE) y el Sindicato de Trabajadores en Comedores Escolares y Afines (Sitracome).
De acuerdo con un comunicado de prensa, divulgado por los gremios, el gobernante asumió el compromiso de que, de forma “inmediata”, el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, haría las gestiones ante los diputados para que se reincorporen esos recursos en el plan extraordinario que aún debe ser aprobado por el plenario legislativo.
El propio Prieto, en una carta enviada a Gilberth Díaz, presidente del SEC; Zaray Esquivel, jerarca de APSE; y Rosario Ruiz, secretaria general y presidenta de Sitracome, refrenda el compromiso del mandatario.
Posteriormente, la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) emitió un comunicado donde afirma que se compromete a defender, en lo que resta de la discusión de ese presupuesto, a que se integren los recursos para que el MEP cumpla con sus obligaciones patronales.
Sin embargo, las diputadas Laura Guido y Nielsen Pérez, del PAC, apoyaron el dictamen afirmativo aunque mantuvieron la objeción sobre los recortes.
De hecho, votaron en contra la moción que incorporaba el ajuste y Guido mencionó que se afectaba el pago de aguinaldos, pero su debate, durante dos días, siempre giró en torno a lo social.
Guido, incluso, previo a la votación por el fondo del proyecto, se comprometió a pedir al Ejecutivo que presente un nuevo presupuesto extraordinario donde se manifieste otro ajuste del gasto y movimientos de partidas presupuestarias para cumplir con algunas obligaciones.
Tanto Guido como Pérez, también, cuestionaron la rebaja de ¢7.000 millones al Consejo Nacional de Vialidad, en la necesidad de sostener el estado social de derecho, en el equilibrio entre lo fiscal y lo social, y en el interés de discutir a profundidad adónde deberían ir los ahorros de la deuda.
Por su parte, los liberacionistas Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales; la socialcristiana María Inés Solís, el republicano Otto Roberto Vargas, el fabricista Harllan Hopelman, y el restauracionista Giovanni Gómez, atribuyeron el déficit en el MEP a un mal plan de su presupuesto anual.
“Esos son gastos que, por falta de planificación y de manera irresponsable, el MEP no presupuestó en tiempo y forma”, aseveraron en una nota divulgada este sábado.
Adelantaron que Cruz y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, serán llamados a cuentas en la comisión “inmediatamente para que rindan explicaciones por no haber presupuestado los recursos necesarios, suficientes y completos para esos rubros que no tienen nada de extraordinarios”.
“Todos los rubros estaban contemplados. La plata solo alcanzó para compensación de vacaciones y lo restante se distribuyó en las demás subpartidas y no alcanzó porque el MEP no hizo los movimientos internos necesarios y querían gastar los ahorros”, declaró Hernández.
Delgado añadió que “no es común que a esta fecha del año se presupuesten pagos de remuneraciones”.
Ante esa propuesta, Guido dice que lo ideal sería corregir el plan actual. Propuso mocionar para restar temporalmente una porción de los ¢6,700 millones destinados a los comedores escolares y enviarlos al pago de remuneraciones.
Luego, según dijo, el Gobierno deberá enviar otro presupuesto extraordinario a la corriente legislativa en el que se pida reintegrar los fondos a las juntas de educación.
Guido afirma que el pago de obligaciones laborales no consume el 100% de los movimientos entre partidas del MEP contemplado en este tercer presupuesto extraordinario, el cual asciende ¢9.571 millones.
Detalle de los movimientos
En el tercer presupuesto extraordinario Hacienda pidió rebajar ¢9.571 millones de algunos subprogramas del MEP, pero a la vez solicitó reincorporarlos para gastos corrientes en otros subprogramas de la misma cartera.
Al mismo tiempo, Hacienda solicitó ¢4.215 millones adicionales del ahorro de la deuda para completar un gasto por ¢13.786 millones, pero los legisladores lo rechazaron.
La comisión de Hacendarios solo aprobó ¢9.648 millones, de los cuales ¢6.700 millones irían a juntas de educación y ¢2.948 millones a remuneraciones.
