La constructora MECO le habría entregado una dádiva de ¢15 millones al alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba Soro, a cambio de que el funcionario interviniera para que la empresa ganara un contrato vial de ¢506 millones. Así lo asevera la Fiscalía en la investigación sobre el caso Diamante.
Adicionalmente, MECO le habría concedido al alcalde liberacionista la contratación de un yerno en un proyecto que esta empresa tenía en Nicaragua, así como la construcción de un planché en una finca familiar ubicada en Calle Damas de Aguas Zarcas.
Según el Ministerio Público, las dádivas fueron autorizadas por Carlos Cerdas, dueño de Meco, y fueron entregadas por Abel González y Jonathan Granados Castillo, gerente de Operaciones e ingeniero de MECO, respectivamente.
El contrato que la constructora habría ganado es la rehabilitación de la ruta 250, que conduce a las comunidades de Saíno, Boca Tapada y Río San Carlos. El documento destaca que para esto, Córdoba aprovechó una relación personal que tenía con el director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez, para que este adecuara los temas presupuestarios y órdenes de inicio de algunas vías.
El alcalde de San Carlos, según el Ministerio Público, cumplió un rol esencial dentro del “grupo delictivo por su fuerte injerencia y poder de decisión en procesos de contratación administrativa”, al actuar concertadamente con Carlos Cerdas Araya, Abel González Carballo y Jonathan Granados Castillo, de Meco.
Adicionalmente, según argumenta la Fiscalía, el alcalde intervino para que MECO ganara un contrato de ¢700 millones financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la rehabilitación de la ruta Pitalito– Pital, el cual solo fue ofertado por MECO.
Para prorrogar las intervenciones telefónicas que se le hicieron a Córdoba, las autoridades judiciales expusieron la necesidad de ahondar en falsedades en la recepción de obras, u obras incompletas o de defectuosa calidad, así como posibles pagos privilegiados de facturas por avances o pago total, probables aumentos de valor de la obra por imprevistos o modificaciones contractuales innecesarias y manipuladas en favor de contratistas.
La Fiscalía también le achaca a Córdoba haber influido para obtener una vacunación preferencial contra la covid–19 en el Hospital de San Carlos, a través de una exfuncionaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como enviar a una funcionaria municipa a realizarle un depósito a una cuenta suya.
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