Un total de 27 entidades cobran impuestos a los contribuyentes de forma dispersa en Costa Rica, lo que en criterio de la Contraloría General de la República encarece los costos de operación del Estado y les dificulta la vida a los productores y habitantes.
Producto de esa complejidad en el sistema tributario, a la cual se suman otros factores, un contribuyente costarricense tarda en promedio 151 horas anuales declarando y pagando impuestos. De acuerdo con el órgano contralor, en Costa Rica se tarda hasta 100 horas más en las mismas labores en comparación con otros países con presión fiscal similar.
Además del Ministerio de Hacienda, hay 26 instituciones que recaudan impuestos. Entre ellas están, por ejemplo, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), que cobra el impuesto a los moteles, pese a tener una función de atención de la pobreza.
Como ese, se pueden encontrar numerosos ejemplos de instituciones, órganos desconcentrados y hasta colegios profesionales que recaudan dinero público.
Algunas entidades son el Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), Teatro Nacional, Registro Nacional, Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Colegio de Abogados y el Instituto Costarricense del Café (Icafé), entre otros.
Ese dato también contempla, como un solo ente, al grupo de las 82 municipalidades, que cobra los impuestos territoriales.
Por ello, la Contraloría General de la República (CGR) propone que la recaudación de todos los impuestos nacionales, timbres y patentes se concentre exclusivamente en el Ministerio de Hacienda, a través de una ventanilla única, incluidos los municipales.
Con el mismo propósito, estima conveniente que solo sea la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la encargada de la recaudación de las cargas sociales existentes, en nombre de las siete instituciones que actualmente se alimentan de estos aportes.
Bajo ese esquema tributario concentrado, en el que solo Hacienda y la Caja recaudan impuestos y cargas sociales, el Estado se habría ahorrado ¢20.000 millones en el periodo comprendido entre 2018 y 2020, según estimaciones del órgano contralor.
El contribuyente sería el más beneficiado de la centralización de esa “medusa recaudadora”, estimó Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la Contraloría.
“Hay un beneficio casi de 15 a 1 (en relación con el beneficio para el Estado) en efecto de esa mayor centralización”, explicó.
Agregó que ese ejercicio se planteó con el propósito de que “todos los actores públicos y privados puedan comenzar a pensar en que tal vez hay un diseño que puede ser más eficiente”.
“Tenemos una medusa de entidades recaudadoras, administradoras y beneficiarias. Entonces hay que preguntarse cómo podemos lograr una mayor integración, por que lo que vemos es que cada una de esas entidades tiene diferentes costos de recaudación”, afirmó la funcionaria de la Contraloría.
Los costos de recaudar
En un grupo de 20 instituciones recaudadoras de impuestos y cargas sociales, analizado por el ente contralor, el grupo de municipalidades es el que incurre en mayores costos de recaudación.
Los ayuntamientos tienen, en promedio, un coeficiente del 6,27%. esto quiere decir que por cada ¢100 recaudados, la administración incurre en gastos por ¢6,27. Por el contrario, la CCSS presenta un coeficiente del 0,55% y el Ministerio de Hacienda, uno del 1,25%.
“Existe una importante cantidad de entidades recaudadoras con costos de recaudación por encima del coeficiente calculado para Hacienda y la CCSS, que son las entidades que ocupan los primeros dos lugares en monto de recaudación.
“Esto revela la existencia de espacios aprovechables de eficiencia en la recaudación, en comparación con los mayores recaudadores”, señala el informe. El grupo de municipalidades recauda el tercer monto mayor de impuestos.
El propósito de la Contraloría es que los ingresos tributarios entren directamente a las arcas del Estado, con mayor trazabilidad, para luego distribuirse entre las instituciones beneficiarias vía Presupuesto Nacional. Un concepto similar aplicaría para el sector social con la CCSS y el resto de instituciones beneficiarias.
Esa es la idea que el órgano contralor somete a consideración de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y otros actores sociales, con el propósito de desenredar el complejo sistema tributario costarricense.
Incluir a municipalidades en el esquema cobratorio
Otra alternativa planteada por la Contraloría en un segundo escenario es mantener la recaudación de los impuestos municipales en los gobiernos locales, delegar a Hacienda el resto de impuestos y a la CCSS el cobro de cargas sociales.
No obstante, en este caso solo “se podrían generar ahorros adicionales de un orden no determinado”, según señala el informe.
Propuesta: Solo Hacienda y CCSS como entes racaudadores
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¿Sería viable legalmente dejar por fuera a las municipalidades del cobro de sus propios recursos?, se le consultó a la Contraloría. Al respecto, Julissa Sáenz, contestó: “En estos ejercicios no estamos atados a las reglas actuales, sino que nos damos el permiso de pensar de cómo podría ser ese mejor diseño. Algunas de estas cosas pasan por cambios en la legislación”.
En todo caso, la recomendación de la Contraloría a los diputados fue comenzar “la discusión para avanzar hacia una mayor integración y consolidación de los procesos de recaudación tributaria, con una rectoría técnica en la materia, que incluso pueda desembocar en un sistema en el que solamente operen unas pocas entidades recaudadoras”.
En criterio del órgano, esa reforma facilitaría la recaudación, la fiscalización y el cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes costarricenses.
El diputado Fabricio Alvarado, presidente de la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, manifestó que ese espacio es el propicio para estudiar la viabilidad de esa propuesta.
Además, aseguró que aprovecharán un encuentro con la contralora Marta Acosta, el próximo 31 de mayo, con el propósito de discutir acerca de la reforma al sistema tributario.
“Será un espacio propicio que, estoy seguro, va en la línea de facilitarle la vida a los costarricenses, de mejorar la recaudación y tener un Estado socio, facilitador. Esperamos que en la comisión podamos avanzar con esa idea, hacer los estudios que haya que hacer desde el punto de vista jurídico y técnico para ver la viabilidad y convertirlo en una realidad”, declaró el diputado y jefe de la bancada de Nueva República.
Alternativa: Hacienda, CCSS y municipalidades como entes recaudadores
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Revisión de impuestos caros y otras recomendaciones
Además de esta propuesta para centralizar el esquema cobratorio de tributos, la Contraloría también planteó otras seis recomendaciones a los diputados, con el objetivo de mejorar la recaudación y facilitar los trámites a grandes, medianos y pequeños contribuyentes.
1. Eliminar las cargas parafiscales. Estas son cargas que empresas estatales deben transferir a otras instituciones, con destinos específicos, a partir de sus utilidades. La Contraloría es del criterio de que esos recursos deben entrar directamente al fisco para su posterior distribución, con el propósito de tener mayor flexibilidad en el gasto y fiscalización de los recursos.
2. La aprobación del expediente legislativo 22.661, llamado Ley de Manejo Eficiente de la Liquidez del Estado. Esta iniciativa le ahorraría ¢380.000 millones anuales a los contribuyentes, al agrupar en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) las cuentas de casi todas las instituciones.
3. Realizar una revisión urgente de aquellos impuestos cuyo costo de recaudación exceda al beneficio. En esos casos, recomienda a los diputados, actualizar los montos, eliminarlos o buscar nuevas fuentes de ingresos.
4. Implementar el proyecto de Hacienda Digital del Bicentenario para optimizar el servicio a los contribuyentes y obtener la recaudación al mínimo costo.
5. Elaborar un inventario nacional de impuestos que permita identificar el tipo y el propósito de los tributos vigentes.
6. Reforzar “la cultura fiscal y educación tributaria” en los programas formativos del Ministerio de Educación Pública (MEP), con el propósito de que los estudiantes desarrollen “una actitud positiva hacia la tributación, con sentido cívico”.
