Aarón Sequeira. 27 enero
Imagen ilustrativa
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Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, un proyecto de ley que autoriza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a cerrar los moteles y establecimientos similares que se encuentren morosos en el pago de los impuestos de la ley 9326.

Se trata de una reforma a varios artículos de la Ley de impuesto a los moteles y lugares afines. El IMAS podrá clausurar los sitios si su morosidad supera los tres meses.

Según el expediente 21.221, aprobado de manera unánime por los legisladores, el IMAS deberá advertir a los establecimientos y darles 10 días hábiles para cumplir con los pagos.

Lo mismo aplica para un local que esté funcionando como alojamiento tipo motel u hotel de paso y no se encuentre inscrito debidamente ante el Instituto Mixto de Ayuda Social.

En caso de que no se cumpla con la obligación de pago, la institución podrá cerrar el establecimiento, que se mantendrá “hasta que el infractor cumpla con el deber” de inscribirse o pagar, o cuando realice un arreglo de pago con la Administración Tributaria.

Asimismo, el proyecto de ley establece que se debe estar al día en el impuesto a los moteles, en caso de que el comercio necesite realizar trámites estatales.

Los comercios obligados a pagar el impuesto son los moteles, hoteles sin registro, casas de alojamiento ocasional, salas de masaje, night clubs con servicio de habitación y similares que carezcan de la declaración turística expedida por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Los moteles deben pagar entre un 5% y un 13% del salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial, ¢450.200, por cada habitación que tengan. Si un negocio tiene 100 habitaciones, debe pagar ¢4,5 millones mensuales.

La tarifa del tributo es de un 13% de las ventas para locales con más de 101 habitaciones, un 10% para los que tienen entre 51 y 100 habitaciones, y un 5% para los que tengan menos de 50 habitaciones.

Para diciembre del 2018, a la fecha de presentación del proyecto de Avendaño, 309 locales de este tipo le debían al IMAS ¢3.206 millones.

A esa fecha, más de la mitad de la deuda se encontraba en cobro judicial, según lo indicado por el IMAS a los legisladores.

El combate contra la evasión de los impuestos de los moteles ha sido una lucha de años en el Congreso, cosa que motivó la aprobación de la ley 9326 en octubre del 2015, luego de varios intentos por frenar esa práctica.

La propuesta de Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN), tiene la intención de que la recaudación de recursos para combatir la pobreza en el país aumente, pues es precisamente el IMAS el que administra los fondos destinados a beneficiar a las poblaciones más pobres.

Xiomara Rodríguez, otra de las proponentes de la iniciativa, destacó que la intención no es crear nuevos impuestos, sino que se puedan cobrar los que existen, o sea, “fortalecer los ingresos que tienen”.

“Los moteles no están cumpliendo con las obligaciones legales que tienen. La idea es que el IMAS pueda hacer el trabajo y no quede a medio palo”, añadió.