Magistrada Nancy Hernández elegida jueza de Corte Interamericana de Derechos Humanos

La magistrada constitucional Nancy Hernández López resultó elegida en primera ronda de votación como jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó este viernes el Gobierno.

La jurista costarricense competía contra otros seis nominados. Su candidatura había sido inscrita por el Gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 27 de enero. Según informó entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hernández ha dedicado su carrera de más de 33 años a la promoción, educación y defensa de los derechos humanos.

Hernández se manifestó “muy emocionada” y “agradecida” por la designación de la OEA. Sostuvo que, más allá de un reconocimiento personal, la escogencia significa un reconocimiento a Costa Rica y a su larga trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho,

“Y desde luego un reconocimiento a la impecable trayectoria de las y los costarricenses que me han precedido en esa Corte, que han dejado el nombre de Costa Rica en lo más alto de la judicatura internacional”, expresó Hernández en un comunicado remitido por el área de prensa de la Sala Constitucional.

La magistrada expresó un especial agradecimiento al presidente de la República, Carlos Alvarado, por haberla nominado y al personal de la Cancillería de la República.

“Sin ellos y su estrategia de negociación y asesoramiento durante muchos meses de arduo trabajo este reconocimiento no habría sido posible. He podido comprobar, de primera mano, la calidad profesional y humana del Servicio Exterior costarricense y el respeto de que goza en la región”, manifestó.

La magistrada optó por seguir en su cargo en la Sala IV, el cual vence el 3 de diciembre. De hecho, el lunes anterior acudió a entrevista a la Comisión de Nombramientos del Congreso y esta acordó, por unanimidad, recomendar al plenario legislativo su reelección e incluso la felicitaron por su labor al destacar que es la jurista de la Sala IV con mejor circulante (flujo de expedientes resueltos).

No obstante, tras su designación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurista confirmó que en próximos días oficializará su salida de la Sala IV, al cabo de 34 años de servicio.

“La Sala Constitucional y el Poder Judicial costarricense han sido parte fundamental de mi vida profesional y llevo con orgullo esa experiencia en este nuevo reto”, destacó en su mensaje público tras su elección.

Hernández fue propuesta por el Gobierno como candidata a jueza interamericana para el periodo 2021-2026, tras la decisión de la actual jueza y presidenta de la Corte IDH, la costarricense y ex vicepresidenta de la República, Elizabeth Odio Benito, de no optar por la reelección.

Larga trayectoria

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Esta magistrada, de 57 años, acumula una vasta experiencia judicial y, además, es profesora universitaria, especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Público y magistrada titular de la Sala Constitucional desde el 2013.

Hernández posee una Maestría en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica (UCR) y otra en Derecho Tributario de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI).

Fue directora del despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (2009-2013), letrada en la Sala Constitucional (1990-2009), asesora legal del Ministerio de Justicia con recargo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Sistema Penitenciario Nacional, y Encargada de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los detenidos (1987-1988).

Ha participado en la elaboración de diversos proyectos de ley en materia de derechos humanos y a favor de poblaciones en estado de vulnerabilidad como, privados de libertad y enfermos de VIH-SIDA.

Sus sentencias evidencian un compromiso con los derechos humanos pues entre ellas figuran varias sobre el matrimonio igualitario, la paridadhorizontal a favor de los derechos políticos de la mujer (lo cual condujo a mayores porcentajes de mujeres diputadas en la Asamblea Legislativa) y también en materia de tortura y abuso policial de detenidos.