Manuel González Morera, dirigente del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la zona norte, será uno de los beneficiarios del proyecto de ley de condonación de ¢6.200 millones en deudas del Sistema de Banca para el Desarrollo (SDB) aprobado por los diputados en febrero.

A él se le perdonarán dos créditos, según consta en la lista de beneficiarios que el director ejecutivo del SBD, Miguel Aguiar, les envió a los legisladores durante la discusión del plan, al que solo le falta la firma del presidente Carlos Alvarado.

Los montos de las deudas no fue posible conocerlos, pues el Consejo Rector de Banca para el Desarrollo se niega a revelar las cifras de cada beneficiario, al alegar que son datos “sensibles” y “confidenciales”.

Actualmente, González Morera es secretario suplente del comité ejecutivo del PAC en el cantón de Los Chiles, Alajuela, según confirmó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El puesto lo ejerce al menos desde el 2017.

Este productor, quien es hermano de la exdiputada del PAC, Nidia González Morera (2006-2007), hizo gestiones en el 2017 para que la Asamblea Legislativa aprobara otro proyecto de condonación de deudas, el cual se convirtió en base para el texto que los diputados aprobaron este año, sobre Banca para el Desarrollo.

Se trata del expediente 20.392, el cual pretendía utilizar fondos de bancos públicos para cancelar las obligaciones financieras de los deudores del Fideicomiso para la Protección y el Fomento Agropecuario para Pequeños y Medianos Productores (Fidagro).

Ese proyecto de ley fue suscrito por las entonces diputadas del PAC, Epsy Campbell, actual vicepresidenta de la República; y Marlene Madrigal.

Los deudores del Fidagro fueron incluidos dentro del proyecto de condonación de deudas de Banca para el Desarrollo aprobado por los diputados en este 2021, junto con otros programas crediticios, como el de Reconversión Productiva.

El 21 de setiembre del 2017, Manuel González Morera se presentó a declarar, ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, para pedir la aprobación del plan sobre Fidagro, según consta en el acta de la sesión del día.

El dirigente local del PAC asistió como representante del Centro Agrícola de Los Chiles y llevó como su asesor al exdiputado de Liberación Nacional (PLN) y exdirector ejecutivo de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Óscar Campos, quien promovió bloqueos de carreteras el año pasado junto al exlegislador de Fuerza Democrática, Célimo Guido.

Ese día, González Morera alegó: “Un político nuestro, muy conocido en nuestro país, nos dijo que el problema de condonar es que se mal acostumbra la gente; entonces, que mejor tratáramos de pagar; pero hemos tratado por todos los medios y, si hace diez años nos costaba pagar ¢1 millón, en este tiempo cuesta mucho más.”

“Pienso que una forma de ayudar en este proceso y que está aquí en la mesa, es liberando a esos agricultores de esta carga que, más que económica, es una carga moral, es una carga estresante para el productor, que lo estén llamando todos los días y, como les digo, algunos creerán que no se paga por sinvergüenzas, pero no, los que han andado en la zona norte-norte del país, por lo menos, se darán cuenta de que ahí ya no quedan opciones”.

También, agradeció a la Comisión de Agropecuarios del Congreso “porque toda la vida ha sido el caballito de batalla nuestro; se le ha inyectado muchas veces oxígeno al sector, hemos salido de algunos apuros, aunque la situación del sector sigue empeorando”.

En la misma audiencia, Óscar Campos alegó que los fondos de Fidagro fueron creados para apoyar a los agricultores y no para la creación de bancos y que, por esta razón, la Banca para el Desarrollo debería “poner la barbas en remojo”.

“Alguna gente tiene temores de que esto pueda abrir un portillo y se ha hablado con el señor ministro también y el señor Miguel Aguiar, director de Banca para el Desarrollo, porque algunas veces se ha dicho que Banca del Desarrollo se va a oponer, y nosotros lo que hemos dicho es que no nos importa que se oponga”, dijo.

Consultado por este medio, Óscar Campos aseguró que productores agropecuarios pagaron abogados para redactar el proyecto de ley en ese momento, el cual luego fue acogido por diputadas del PAC.

Esta iniciativa legal recibió un dictamen positivo de mayoría en la Comisión de Agropecuarios; sin embargo, no avanzó en el plenario.

Óscar Campos reconoció que las intenciones de ese proyecto fueron recogidas en el plan de condonación actual, con la diferencia que, en este caso, los costos de la condonación los asume el mismo SBD.

La Nación procuró conversar con Manuel González Morera directamente. Se le dejaron mensajes, pero no hubo una respuesta.

La histórica presión perdonar el Fidagro

El Fidagro fue un fideicomiso agropecuario creado por ley, en el 2001, con ganancias de los bancos públicos y privados y del Instituto Nacional de Seguros (INS). Lo manejó el extinto Bancrédito.

Su función fue comprar la deuda morosa que agricultores tenían con bancos, cooperativas y otros acreedores, a fin de ofrecerles mejores condiciones crediticias, con nuevos periodos de 15 años para pagar.

Sin embargo, en el 2009, con la Ley de Creación de Banca para el Desarrollo (SBD), se condonó el 80% de la deuda y se ordenó que el SBD absorbiera la cartera crediticia del Fidagro, durante el segundo gobierno de Óscar Arias.

Apenas aprobada esa ley, ya diputados del PLN empezaron a pensar en otro proyecto para perdonar el 20% restante de la deuda, iniciativa que el PAC retomó en el 2017 y que, finalmente, este año fue aprobada con el plan de condonación de deudas del SBD.

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El perdón de deudas a productores como Manuel González Morera, establecido en el proyecto de ley, conlleva el no pago de intereses y una limpieza del historial crediticio con el SBD.

Según reportan los sitios de consultas de morosidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Ministerio de Hacienda, González Morera también le debe ¢2,5 millones a la primera institución y ¢3 millones a la segunda.

El plan beneficia a productores de piña, caña y arroz, principalmente, aunque también existen operaciones de otras actividades económicas.

La polémica de exdiputada del PAC

En julio del 2007, la hermana de González Morera renunció a su curul después de presentar un proyecto de ley que la habría favorecido como productora de arroz.

Se trató del plan para crear el Fondo de Estabilización Arrocero, que fue promovido por ella y por otros compañeros de fracción del PAC, en el 2006.

La idea era convertir en ley un decreto del 2003 que creó un fondo, mediante el cual se les entregaba a productores arroceros ingresos recaudados tras importar arroz a precios más bajos que el local y venderlo a la misma cotización que el grano costarricense.

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Ese diferencial de precios creó el fondo para los arroceros ticos. No obstante, el sistema recibió una severa crítica de la Contraloría General de la República en el 2004, la cual señaló que la distribución de los recursos eran poco equitativa.

En aquella ocasión, la entonces diputada González Morera reconoció que junto a su esposo, Osvaldo Araya, había recibido $16.300 del Fondo de Estabilización Arrocero.

Antes de ser diputada, Nidia González había ocupado un cargo suplente, en la zona norte, de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), entidad que apoyaba el Fondo.

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Actualmente, los diputados también promueven un proyecto de ley para crear otro fondo para arroceros con dinero de impuestos y aportes de empresas públicas.

Se trata del expediente 21.404, introducido por la diputada Mileyde Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN), en conjunto con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), y apoyado por el Gobierno.

Este Fondo se alimentaría de dinero del impuesto a la importación del arroz, así como de aportes provenientes del Presupuesto Nacional y de partidas del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

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En el 2007, Nidia Morera González renunció a su diputación y, luego, le solicitó a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) subir su pensión de docente en razón de su sueldo como diputada; en el 2018, su jubilación bruta rondaba los ¢2,9 millones.