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Este 2 de febrero, dos días antes de las elecciones nacionales, la Corte Internacional de Justicia de La Haya definirá los límites marítimos entre Costa Rica y Nicaragua, tanto en el Caribe como en el Pacífico, así como la indemnización que el gobierno de Daniel Ortega debe pagar a San José por el daño ocasionado en isla Portillos.
Además, la Corte se pronunciará sobre la colocación de un campamento militar nicaragüense en una playa de isla Portillos, frente al Caribe, que Costa Rica considera como suya.
Costa Rica elevó a La Haya el caso de los límites marítimos en el 2014, luego de que el vecino país trató de concesionar bloques marítimos para la explotación de petróleo.
En julio del 2013, el entonces canciller costarricense, Enrique Castillo, informó al país de que, desde el 2012, Nicaragua había ofrecido la concesión de bloques en el Pacífico y en el Caribe que, en criterio de San José, estaban en zonas de Costa Rica.
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Las audiencias orales por este caso se efectuaron a mediados del año pasado y provocaron la sorpresa de Costa Rica, cuando la delegación de juristas nicaragüenses pidieron algo inédito a los jueces de la CIJ: eliminar del mapa nacional la península de Nicoya, por considerar que le da a San José una ventaja injusta a la hora de proyectar la línea de equidistancia que trace el límite marítimo en el océano Pacífico.
A este caso se le sumó la nueva demanda interpuesta, a inicios de 2017, por la instalación del campamento militar.
El gobierno de Luis Guillermo Solís denunció que Managua mantiene soldados en una barra de arena que es territorio costarricense, a la luz de la sentencia del 2015 sobre la invasión a isla Calero. Por su parte, la administración de Daniel Ortega sostiene que esa playa es tierra nicaragüense.
La definición de esta playa, a su vez, puede influir en el límite marítimo en el Caribe.
San José pidió fusionar este caso con el juicio solicitado en el 2014, por considerar que ambos asuntos están vinculados.
Managua pidió que, en caso de aplicar el método conocido como línea de equidistancia, el límite marítimo se empiece a dibujar a partir de un punto que ampliaría la zona marítima bajo soberanía nicaragüense, lo que a su vez permitiría conservar total o parcialmente 14 de los bloques petroleros que el gobierno sandinista trazó en el 2014.
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En cuanto al litigio por la indemnización, en diciembre del 2015 la Corte resolvió por unanimidad que isla Calero es de soberanía costarricense y condenó a Nicaragua a pagar una indemnización. Un año después, Costa Rica determinó, mediante estudios ambientales, que el monto a pagar era de $6,7 millones.
Cuando venció el plazo para que se efectuara el pago, Managua comunicó que no tenía presupuesto para tal fin, por lo que Costa Rica acudió de nuevo a La Haya para que sean sus jueces los que definan el monto de la indemnización.
De esta cifra $2,8 millones corresponden al daño ambiental y $3,9 a los costos de operación en que incurrió el país para mitigar lo sucedido.
"La decisión sobre la compensación económica se leerá a las 10 a. m. del 2 de febrero, mientras que la sentencia sobre la delimitación marítima se leerá ese mismo día a las 3 p. m., ambas horas de La Haya, Países Bajos", informó la Cancillería.
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