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El gobierno de Daniel Ortega rechaza el monto de la compensación que Costa Rica solicitó por los daños causados en isla Calero y pidió recalcular la cifra de $6,7 millones exigidos por San José, pues alega que es desproporcionada.
La Cancillería calculó en $6.723.476 la suma de los gastos en que tuvo que incurrir para defenderse de la invasión en esa zona, entre movilización de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, personal del Ministerio de Ambiente y los gastos ambientales en esa zona.
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En la nota, firmada por Carlos José Argüello Gómez, agente de Nicaragua para el juicio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, se afirma que la mayoría de los rubros indicados por el gobierno costarricense "no son objeto de compensación de acuerdo con la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 16 de diciembre del 2015".
Entre esos rubros, Argüello destaca las operaciones de la Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras, porque las consideran "tareas ordinarias y cotidianas de resguardo del territorio costarricense"; lo mismo consideran sobre el personal del Área de Conservación Tortuguero "para la protección de los humedales en general".
La Embajada de Nicaragua en Holanda entregó la respuesta este 18 de noviembre al embajador costarricense en La Haya, Sergio Ugalde, y la carta fue difundida la mañana de este jueves por la delegación diplomática con sede en San José.
"El equipo de expertos de Nicaragua también considera que los valores que Costa Rica asigna a una serie de rubros son exagerados y desproporcionados. Costa Rica tampoco ha proporcionado recibos o facturas que permitan corroborar el monto de ninguno de los rubros que reclama", asegura el agente Argüello.
Fue la propia Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta electa de Nicaragua, la que envió la carta de Argüello, esta mañana, a todos los miembros del cuerpo diplomático, en Managua.
"Pagaremos lo justo", asegura Murillo en su nota y afirma que lo harán para acatar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictada en diciembre pasado.
Recálculo. En su contestación, Nicaragua le solicita al gobierno de Luis Guillermo Solís recalcular la cifra y aportar documentación para sustentar la cifra exigida.
Según la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Managua está obligada a indemnizar a Costa Rica, no solo por la invasión en Calero, sino también por la apertura de tres caños durante el periodo en que ese territorio estuvo en disputa ante el tribunal de La Haya.
"Nicaragua ha realizado varias actividades en el territorio bajo disputa desde el 2010, lo que incluye excavar tres caños y establecer una presencia militar en algunas partes del territorio, estas actividades violaron la soberanía territorial de Costa Rica. Nicaragua es responsable por tales violaciones, por lo tanto tiene la obligación de indemnizar por los daños causados por sus actividades ilícitas", determinó el juez presidente de la Corte, Ronny Abraham en diciembre del año pasado.
En ese momento, la CIJ determinó que la soberanía sobre el terreno disputado por ambos países le correspondía a Costa Rica .
Nicaragua tampoco acepta el cálculo de los daños ambientales basado en el reporte de la Fundación Neotrópica, pues se alega que se asignan valores monetarios a los servicios ecológicos, sin mostrar que los valores son adecuados.
"El reporte se basa en valores monetarios de servicios ecológicos en ecosistemas que sugiere son similares a los de la zona en cuestión, sin explicar adecuadamente una verdadera similitud entre ellos", dice Argüello en la carta.
Además, reclaman que no se justifique adecuadamente por qué se adopta una proyección de 50 años para la recuperación de la zona y no otro lapso.
El proceso de negociación entre ambos países fue ordenado por la sentencia de la CIJ, para determinar en un máximo de 12 meses el monto que el régimen de Ortega debe cancelar. Sin embargo, de no haber acuerdo entre naciones, le tocará a ese alto tribunal determinar el monto de la indemnización.
Consultado por La Nación sobre la respuesta de Nicaragua, el canciller González aseguró que el gobierno de Ortega ha tenido cierto interés en divulgar las notas diplomáticas entre ambos países "de manera indiscriminada".
"Nosotros no hacemos eso y no lo discutimos por la prensa. Esa etapa sigue abierta, en virtud de la sentencia y lo manejaremos como hasta ahora, entre los dos países. En caso de no llegar a un acuerdo, como parece que será el caso, lo haremos ante la corte", comentó el ministro de Relaciones Exteriores.
Conflictos. Esta misma semana, el establecimiento de un campamento militar nicaragüense en el banco de arena, frente a isla Portillos, ha sido objeto de roces entre ambos gobiernos.
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De hecho, el canciller costarricense, Manuel González, envió una nota de protesta a Managua, para reclamar por la presencia de militares nicaragüenses en tierra tica y solicitar su salida inmediata.
La respuesta de los diplomáticos de Ortega fue que, desde hace muchos años, tanto Costa Rica como la CIJ, conocen de ese campamento militar en esa barra, "independientemente de su ubicación exacta".
La invasión de isla Portillos, en la punta de isla Calero, data de octubre 2010, luego de que el gobierno de Daniel Ortega empezara trabajos de dragado en el río San Juan y buscara apropiarse de este territorio para darle al San Juan una salida directa al mar.
Entre ese año y la sentencia dictada en diciembre del 2015, se dieron reiteradas incursiones militares y la apertura de otros caños en territorio costarricense, según pudo probar la defensa de Costa Rica en La Haya.
