El Juzgado Penal de San José archivó el expediente judicial, abierto a principios del 2020, relacionado con el extravío de un audio en el que el presidente Carlos Alvarado hablaba sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

La causa se cerró el 9 de febrero anterior, luego de que la Fiscalía no encontrara pruebas que acreditaran la culpabilidad de alguna persona en dicho incidente, el cual fue denunciado por la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.

El Ministerio Público solo requirió de varias semanas para concluir que no había evidencia que respaldara la supuesta actividad criminal denunciada por Crespo, quien ha insistido en que la grabación fue “borrada” por alguien.

Este caso tuvo su origen el 24 de febrero del año pasado, cuando la defensora acudió a Casa Presidencial para pedirle cuentas al presidente Carlos Alvarado por la creación de una oficina de análisis de datos, liderada por su despacho.

Crespo entrevistó al mandatario y grabó dicha conversación. La entrevista fue parte de los insumos que utilizó para elaborar el informe con los hallazgos de su investigación, el cual presentó en una conferencia de prensa, el viernes 28 de febrero.

Cinco días después, la defensora se percató de que a ese audio le faltaba una parte. En el segmento que se perdió, de aproximadamente 40 minutos, estaban las respuestas del presidente Alvarado a preguntas sobre el funcionamiento de la UPAD.

La jerarca, no obstante, decidió hacer público el incidente hasta tres meses después.

La Defensoría reveló lo ocurrido el 27 de mayo del 2020. Ese día, Crespo comunicó que “para determinar con exactitud la verdad real de los hechos” trasladó el caso al Ministerio Público y pidió una revisión técnico-forense.

Según trascendió después, el envío a la Fiscalía se hizo desde el 23 de marzo. Sin embargo, los investigadores pudieron iniciar la pesquisa hasta el 26 de mayo, porque la Defensoría no les había entregado la grabación de la entrevista, la cual era necesaria para ejecutar el peritaje.

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A partir de ese momento, el caso se le asignó a la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José, bajo el expediente N.° 20-000330-0619-PE.

La oficina de prensa del Ministerio Público precisó a La Nación que, de acuerdo con lo denunciado por Crespo, la causa se investigó como un posible delito de daño informático.

Según el artículo 229 bis del Código Penal, comete este delito quien “sin autorización del titular o excediendo la que se le hubiera concedido y en perjuicio de un tercero, suprima, modifique o destruya la información contenida en un sistema o red informática o telemática, o contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos”.

Ese mismo apartado establece que la pena por cometer este ilícito oscila entre uno y tres años de prisión.

Grabación en celular de funcionario

Los investigadores de la Fiscalía desestimaron, en cuestión de semanas, la denuncia de Crespo, pues pronto se dieron cuenta de que no había evidencia suficiente para respaldar la hipótesis del daño informático.

Así lo confirmó el Ministerio Público, ante una consulta de este medio: “No fue posible tener elementos de prueba suficientes para acreditar la culpabilidad de alguna persona, ya que este tipo penal señala que el ilícito se configura cuando no existe autorización del titular del aparato y, en este caso, el equipo utilizado para grabar no era institucional”.

Los fiscales lograron determinar que, el día de la visita a Casa Presidencial, por instrucciones de Crespo, una de las siete personas de su delegación grabó la conversación en su celular de uso personal.

Dicha información coincide con el informe de la auditoría interna de la Defensoría que solicitó Crespo cuando se enteró del extravío del audio.

En ese documento se consigna que la grabación fue hecha con el celular personal del jefe de prensa de la institución, Ahmed Tabash Blanco, y que no se logró concluir si el audio fue editado o pausado por accidente o por una falla técnica.

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“Otros dos funcionarios informáticos de esa institución se encargaron de extraer el audio; no obstante, se percataron de que este se encontraba cortado”, indicó la Fiscalía.

Ante la ausencia de elementos que respaldaran la necesidad de mantener abierta una investigación penal, el Ministerio Público optó por solicitar la desestimación de la causa. Dicha petición, según la Fiscalía, se envió el 19 de junio del 2020, es decir, 23 días después de la apertura del caso.

La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que la orden de desestimación la dictó el Juzgado Penal de San José, el 9 de febrero del 2021.

Este medio le consultó a la Defensoría, desde el 3 de marzo, la razón por la que se utilizó un celular de uso personal, en vez de un aparato propio de la institución.

También se solicitó una declaración sobre el archivo de la denuncia interpuesta por Crespo y si, a raíz del incidente con la grabación de la entrevista al presidente, la institución implementó alguna medida correctiva. Sin embargo, al cierre de este artículo, la institución no había remitido sus respuestas.

La investigación preliminar, realizada por la auditoría interna, había concluido que, los hechos acontecidos sugerían un “sistema de control interno débil”.

Mientras, todavía en setiembre del año pasado, durante una interpelación en el plenario legislativo, Catalina Crespo insistía en que el audio de la entrevista al presidente había sido “borrado” por alguien.

La investigación judicial sobre la UPAD sigue su curso en la Fiscalía, la cual busca determinar si el presidente Carlos Alvarado y su equipo de asesores accedieron a información confidencial de los habitantes.

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