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El jefe de la fracción de Liberación Nacional (PLN) en el Congreso, Carlos Ricardo Benavides, manifestó dudas con respecto a las actuaciones de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) en la remisión de informes y resoluciones del caso del cemento chino.
El diputado cuestionó la confidencialidad que le dio la Procuraduría a la resolución que desestimó faltas éticas del expresidente Luis Guillermo Solís en el mediático caso de aparente corrupción.
Esa manifestación la hizo luego de la comparecencia del expresidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, quien confirmó que la resolución sobre Solís llegó a su oficina en un sobre cerrado con la advertencia de confidencialidad, el 30 de abril, el último día de labores.
Lo dijo así a los diputados de la comisión que investiga por qué los nuevos legisladores conocieron el documento cuando ya no había tiempo para apelar.
Benavides asegura que dichas resoluciones no son confidenciales, pero que, al comunicarlo así a los diputados, eso podría haber dificultado el tratamiento que se le dio al documento a lo interno del Congreso.
Precisamente, el tiempo y forma de entrega también despierta dudas en el verdiblanco. Señaló que es extraño que la Procuraduría haya remitido el informe al Directorio Legislativo (presidido entonces por Ramírez) un viernes 27 de abril, un día en que los diputados no se encuentran en el edificio de la Asamblea, y a tan solo un día hábil de que ese Directorio estuviera en funciones, por el cambio del periodo constitucional.
En eso estuvo de acuerdo Ramírez, quien calificó de “inoportuna" a la Procuraduría por entregar la resolución al finalizar su periodo, pero a ser el documento que más ansiaban recibir los diputados del periodo anterior.
Por otro lado, Carlos Ricardo Benavides mostró dudas sobre la forma en que la Procuraduría relevó a los diputados los informes de los exdiputados Otto Guevara, Víctor Morales Zapata y Johnny Leiva, a quienes se les vincula con el caso del cemento chino. Esos informes llegaron al Congreso en abril de este año.
Sobre este punto, el diputado interpreta un cambio de criterio de la Procuraduría. Según dijo en la comisión, la Procuraduría instó a los diputados a buscar en la legislación vigente formas de sancionar a los diputados o a dictar un acto administrativo, cuando históricamente la misma autoridad ha repetido “incansablemente" que no existe forma de sancionar ni a diputados ni al presidente de la República.
"Parece que la Procuraduría cambia de criterio y le dice a ustedes (al Directorio anterior), con respecto a los informes de los diputados, “la Asamblea Legislativa debe dilucidar en el caso concreto si la legislación aplicable establece alguna consecuencia a la conducta investigada”
“Yo entendería que la Procuraduría, que es la que hace interpretaciones de la ley y dice cómo se aplica la legislación, es bastante raro que, en el marco de presión mediática que existió con respecto al cemetazo, le diga a la Asamblea ‘vea, yo siempre he pensado que los diputados no se pueden sancionar, pero revisen ustedes si la legislación aplicable ahora -que es la misma de siempre- da para sancionar diputados’. Es un hecho realmente raro”, manifestó Benavides en la comisión donde tiene voz, pero no voto.
La Nación intentó obtener una reacción de la Procuraduría con respecto a las declaraciones de Benavides, pero será hasta este martes que se remita una respuesta a este medio.
