Sofía Chinchilla C., Aarón Sequeira. Hace 2 días
María Inés Solís (a la izquierda), jefa del PUSC, y Nielsen Pérez, jefa del PAC, dijeron que procurarán que al plan se le hagan cambios sustantivos en la última etapa de modificaciones de fondo, la cual aún debe agendarse. Fotos: Mayela López y Carlos González.
María Inés Solís (a la izquierda), jefa del PUSC, y Nielsen Pérez, jefa del PAC, dijeron que procurarán que al plan se le hagan cambios sustantivos en la última etapa de modificaciones de fondo, la cual aún debe agendarse. Fotos: Mayela López y Carlos González.

Las jefas de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC) se oponen a que una ley imponga al Ministerio de Hacienda la obligación de contratar un costoso servicio de etiquetado de licores.

Nielsen Pérez y María Inés Solís afirmaron que no avalan la obligación que crearía el proyecto que promueve el diputado liberacionista Daniel Ulate, para que el gobierno adjudique un registro de identificación que podría costar entre ¢3.365 millones y ¢154.642 millones anuales, según los cálculos del Ejecutivo.

“Este proyecto no es bueno tributariamente, va a venir a encarecer los costos. Es más lo que nos va a costar que lo que vamos a poder recaudar y como está el proyecto ahora no tiene ninguna viabilidad política”, afirmó la socialcristiana.

En tanto que la principal crítica de Pérez es por la imposición de la compra del sistema de etiquetado y código de barras, pues considera que el combate de la evasión fiscal y el contrabando debe hacerlo Hacienda con sus propios medios.

“Hacienda es el que tiene que contar con instrumentos potentes para poder llevar la trazabilidad y poder controlar tanto contrabando como adulteración, pero eso es Hacienda (...). Yo lo que quiero es que se refuerce esa responsabilidad de Hacienda de hacer su trabajo, pero no necesariamente tiene que contratar a una empresa y mucho menos cuando de esa empresa se posicionan nombres y apellidos”, dijo Pérez.

Este fin de semana, trascendió que en una reunión efectuada en febrero, el expresidente José María Figueres ofreció al Gobierno el sistema de rastreo de licores de la empresa suiza SICPA, la cual ha obtenido millonarios contratos en cuatro países de la región latinoamericana con su servicio.

Las voceras socialcristiana y oficialista dijeron que procurarán que al plan se le hagan cambios sustantivos en la última etapa de modificaciones de fondo, la cual aún debe agendarse.

Solís busca que se apruebe un texto sustitutivo de su compañero Pablo Heriberto Abarca, el cual pretende darle la potestad a Hacienda para que determine en qué productos es necesario colocar un mecanismo de trazabilidad, el cual también tendría que elegirse luego de que se realicen estudios técnicos.

“De no aprobarse esa moción yo personalmente estaría votando el proyecto negativo en plenario”, dijo Solís.

Mientras que Pérez indicó que su partido analizará este lunes si algunas de las mociones que ya se han planteado subsanan sus reservas. De lo contrario, dijo, presentarán propuestas propias.

PLN despejará dudas este lunes

Silvia Hernández, líder de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que su fracción también discutirá el tema en su reunión de este lunes, en la que los verdiblancos plantearán sus dudas e inquietudes sobre el proyecto.

A título personal, Hernández dijo que le interesa aclarar cómo se financiaría el registro de envases de licor.

El proyecto no contempla fuentes de financiamiento y, según Hacienda, sería tan caro que agravaría el déficit fiscal. La alternativa que ve el gobierno sería incrementar el impuesto sobre la venta de licores entre un 31,5% y un 357,5%.

Hernández dijo que, por el momento, la fracción no ha consensuado una posición sobre el proyecto.

Sobre las gestiones del exmandatario, la vocera liberacionista dijo que él, como consultor de una empresa privada, tiene derecho a reunirse con las autoridades del gobierno. No obstante, Hernández garantizó que lo que su partido considerará a la hora de valorar el proyecto serán criterios técnicos.

“El objetivo del proyecto del diputado Daniel Ulate es abordar una temática de una problemática país, ahora bien, lo que debe garantizarse es la forma en que se dé su implementación sea la correcta para así verdaderamente cumplir con el objetivo”, aseguró la liberacionista.

Solís evitó opinar sobre las gestiones de Figueres; no obstante, señaló que las reuniones no beneficiaron a la empresa SICPA, puesto que Hacienda se opone al proyecto de ley.

Pérez tampoco calificó las gestiones del exmandatario; sin embargo, afirmó que “bajo ninguna circunstancia un proyecto de ley debe atender proyectos económicos particulares o de alguna empresa, en determinado momento”.