Como parte de la propuesta para obtener un financiamiento por $1.750 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno de Costa Rica pretende crear un impuesto cuya ejecución ha sido un debate constante a nivel mundial.
Se trata del tributo a las transacciones bancarias, conocido como tasa Tobin. En el país, este consistiría en un gravamen de 0,3% a cualquier tipo de transacción bancaria en los primeros dos años del tributo, y 0,2% en los dos años siguientes.
Esta fórmula es una de las decenas de variaciones que ha tenido el impuesto desde que el economista estadounidense y ganador del premio Nobel, James Tobin, propuso en 1971 gravar transacciones entre diferentes divisas. Este año, ha vuelto a la palestra en medio de la pandemia de la covid-19.
En Costa Rica, la idea de nuevos impuestos, y en general la propuesta que se planteará al FMI, se toparon con un rechazo inmediato por parte de la mayoría de las fracciones legislativas y del sector bancario.
Por ejemplo, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) considera que la medida desincentivaría la bancarización, favorecería el efectivo y pondría en riesgo la seguridad de los clientes.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, alega que el tributo tiene un gran poder recaudatorio, equivalente a subir el impuesto al valor agregado (IVA) del 13% al 20%, pero sin afectar de forma tan brusca el costo de las transacciones.
Uno de los primeros países en aplicar este gravamen en la historia fue Suecia, nación reconocida por su estado de bienestar, no obstante, este tributo no tuvo la efectividad esperada.
Utilizado entre 1984 y 1991, el Gobierno sueco cobró un 0,1% por compras y ventas de acciones, 0,15% en acciones del tesoro, y 1% en opciones financieras.
Según expone el think tank Instituto Peterson para la Economía Internacional, las expectativas eran que el gravamen dejara ingresos por 1.500 millones de coronas suecas (más de ¢100.000 millones actuales), pero en siete años recaudaron solo 80 millones de coronas (¢5.400 millones).
“La mayoría de transacciones en valores desaparecieron y se fueron al exterior, principalmente Oslo y Londres, y nunca volvieron. Después, la anteriormente pequeña bolsa de valores de Oslo superó la de Estocolmo, y aún es la más grande de las dos”, indicó el Instituto.
En Francia, el impuesto se introdujo en el 2012. En la actualidad, la tasa es de 0,3% sobre la compra y venta de acciones cotizadas de empresas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, lo que incluye a cerca de 150 compañías.
Asimismo, se cobra un 0,01% a los derivados sobre bonos de países de la Unión Europea y sobre las operaciones de alta frecuencia.
El medio digital Business Insider reportó que en su primer año, el tributo recaudó 245 millones de euros (¢172.109 millones). En el 2017, el gravamen fue aumentado al actual 0,3% y los ingresos subieron a 1.450 millones de euros (poco más de ¢1 billón).
Situación en Lationoamérica
En Latinoamérica, un informe del banco español BBVA expuso que el impuesto se ha utilizado en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela.
El reporte señala que “cuando se introdujeron se anunciaban como impuestos de emergencia y de carácter temporal, para aumentar la recaudación fiscal. Entre sus ventajas: son impuestos simples y con los que se consiguen unos ingresos fiscales inmediatos”.
No obstante, el banco asevera que los efectos negativos han sido mayores, como un incremento en la informalidad y una salida de capitales hacia cuentas en el extranjero.
“Como consecuencia de lo anterior, la recaudación en muchos de los países (por ejemplo, México, Bolivia o Colombia) disminuyó porque la base recaudatoria se contrajo”, dice el informe.
“Estos impuestos han generado un incentivo generalizado a la desintermediación financiera, causando un impacto negativo en términos de desarrollo y crecimiento económico. Si se dificulta la transformación del ahorro en inversión, a través del crédito, se pierde una fuente importantísima de financiación de las economías”, agrega.
En Brasil, entre 1997 y 2007 se utilizó la Contribución Provisoria sobre Transacciones Financieras (CPMF, por sus siglas en portugués), a una tasa del 0,38% al momento de su abolición.
A pesar de su baja popularidad, el actual ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, ha resucitado la discusión al proponer un impuesto sobre las transacciones digitales.
Guedes niega que su idea se asemeje a la CPMF, pero de todas maneras aún no ha contado con el apoyo del Congreso ni del mismo presidente, Jair Bolsonaro.
En España, el debate alrededor de la tasa Tobin está en el ojo público, al ser puesto sobre la mesa por el gobierno del presidente Pedro Sánchez.
Ese plan, tramitado actualmente en el Congreso de Diputados, gravaría con un 0,2% la compra de acciones de las 64 empresas españolas cotizadas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.
A pesar de las críticas por parte de bancos y organizaciones, la posibilidad de que el gravamen sea adoptado por toda la Unión Europea se ha mantenido viva durante la última década, y según el columnista de Bloomberg, Lionel Laurent, la crisis económica provocada por la pandemia podría impulsar la introducción del impuesto en el bloque.
En países con sistema federal, como Estados Unidos, la tasa también puede ser implementada a nivel estatal. Ese podría ser el caso de Nueva Jersey, donde el Congreso Estatal discute si gravar los movimientos de las grandes corporaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) que mantienen sus operaciones electrónicas en Nueva Jersey.
La discusión en este estado se ha encontrado con resistencias similares a las de los otros países, pues el Wall Street Journal reportó que las empresas de la NYSE ya amenazaron con irse de Nueva Jersey en caso de que se les cobre el impuesto.