
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) demandó a la Contraloría General de la República (CGR) en tribunales con la intención de evitar que le dé órdenes sobre cómo funcionar.
El proceso contencioso administrativo fue confirmado por la directora jurídica del ICE, Julieta Bejarano, vía correo electrónico esta tarde. Impugna informes relacionados con la operación de la subsidiaria Radiográfica Costarricense (Racsa).
"El objetivo es lograr que un juez avale la tesis jurídica del ICE en el sentido de que la Contraloría, si bien tiene facultades de fiscalización, no puede invadir las competencias del ICE, al pretender imponerle actos que corresponden a la gestión de la administración", se lee en la respuesta de Bejarano.
"El ICE reconoce la importancia del papel fiscalizador de la Contraloría, sin excederse en el ejercicio de esa función, al invadir competencias que son propias del ICE", añadió la directora jurídica. Esta tarde se consultó a la oficina de comunicación de la CGR y contestaron que aún no han sido notificados de demanda alguna.
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A esta etapa, en terreno judicial, llega la disputa entre el ICE y la CGR generada en torno a las finanzas de Racsa, motivo de sesiones secretas en la Asamblea Legislativa.
La Contralora, Marta Acosta, dio información sobre Racsa que causó alarma entre los diputados. Los informes, sin embargo, no se pueden conocer porque son declarados confidenciales.
Desde el 2011, se conoció que Racsa estaba en peligro de quiebra por pérdida sostenida de su rentabilidad y falta de liquidez para pagar deudas, según el informe DFOE-IFR-12-2011 de la CGR. Entre enero del 2010 y junio del 2011, Radiográfica acumuló pérdidas de operación por casi ¢6.800 millones, según el documento.
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Ahora el ICE presenta sus finanzas a la CGR sin desglosar la situación de Racsa, lo que impide precisar de manera transparente el estado de esta entidad.
“La Contraloría respeta y cumple el mandato legal. Sin embargo, esta contralora no comparte algunas declaratorias de confidencialidad (...) Es fundamental que se conozca qué se está moviendo, por lo menos en los informes de la Contraloría”, dijo Acosta en semanas recientes sobre Racsa, cuyo presupuesto es de c36.000 millones.
De parte del ICE insisten en que han buscado el diálogo, pero este ha resultado imposible. "Por eso, se vio obligado a plantear el tema en otra sede, para que sea un juez el que dilucide el punto", señaló Bejarano.