Legisladores llaman a comparecer a jerarca del ICE tras recibir a contralora
La contralora Acosta (centro) ayer en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. A su izquierda, Amelia Jiménez, del área de fiscalización en la Contraloría, y Luis Ramírez, del área jurídica. | CARLOS GONZÁLEZ
(Video) Comisión legislativa para discutir sostenibilidad financiera de RACSA
“Alarmados”. Así se declararon los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa ante la “delicada” situación financiera de la empresa Radiográfica Costarricense (Racsa).
Legisladores miembros del foro se expresaron de esa forma tras la comparecencia ayer (a puerta cerrada) de la contralora general, Marta Acosta, quien detalló el estado de las finanzas de Racsa, subsidiaria del ICE.
“Luego de escuchar las manifestaciones del personal de la Contraloría, los miembros de esta comisión nos manifestamos absolutamente alarmados y preocupados por la situación de la entidad”, dijo el presidente de la Comisión, Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana.
Tan “delicada y grave” es su salud financiera que los congresistas acordaron declarar el tema de Racsa como su mayor prioridad. Tanto les inquieta, que ayer jueves decidieron convocar a Carlos Obregón, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a una sesión extraordinaria el 20 de julio, para que detalle qué medidas tomará para rescatar a esa subsidiaria.
Con Obregón, también se convocó a cinco ministros, ya que, opinó Redondo, el estado de Racsa es “una situación de reiterada insolvencia y dificultad para sostenerse”, que requerirá la ayuda de varias entidades.
Sin embargo, solo se mencionaron los nombres de los titulares de Trabajo, Víctor Morales, y de Ambiente, Édgar Gutiérrez.
La contralora Acosta (centro) ayer en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. A su izquierda, Amelia Jiménez, del área de fiscalización en la Contraloría, y Luis Ramírez, del área jurídica. | CARLOS GONZÁLEZ
Además, se hará una consulta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para averiguar si el dinero que el ICE le ha transferido a Racsa en los últimos años pudo impactar las tarifas de servicios tutelados por esa entidad y que presta el Instituto.
El ICE remitió ayer un comunicado de prensa en el que admite la crisis de su subsidiaria (a la cual se inyectaron hasta $30 millones en préstamos), pero afirma que la superará al final del año.
Sin palabras. Luego de dos horas y media de hablar con los diputados, la contralora Acosta evitó referirse a las cifras de Racsa.
“Esto es inusual, pero hay que entender lo de la ley”, declaró Acosta, en referencia a la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Comunicaciones, con base en la cual el ICE declaró secreta la información de Racsa.
Los diputados tampoco citaron cifras.
Antonio Álvarez Desanti, del Partido Liberación Nacional, señaló que los insumos que ahora tienen vuelven lo suficientemente importante el tema como “para sesionar con cinco ministros y el presidente ejecutivo del ICE”.
“Podemos decir que uno de los problemas que no tiene Racsa es qué hacer con sus ganancias”, ironizó Ottón Solís, diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).
