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Contralora critica secretismo en las empresas del Estado

Actualizado el 27 de junio de 2015 a las 12:00 am

Acosta lamenta que ni los diputados conozcan informes de fiscalización

Señala amplia discrecionalidad en definir qué datos son estratégicos

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La contralora general, Marta Acosta, lanzó una advertencia sobre el secretismo en la información de las instituciones públicas, que están en competencia, cuando pronunció un mensaje a los diputados sobre el estado de las finanzas públicas, el 9 de junio en el Congreso. | JORGE NAVARRO

La contralora general, Marta Acosta, alzó la voz contra el secretismo con que se maneja la información de empresas públicas que operan en competencia, como el ICE, Racsa, el INS e incluso los bancos públicos.

Acosta afirmó esta semana a La Nación que las instituciones públicas deben ofrecer sus datos con más transparencia. Consideró que no son de recibo muchos de los criterios utilizados hasta ahora para declararlos confidenciales.

En el 2008, en función de la apertura en telecomunicaciones y seguros, el Congreso permitió el manejo secreto de información para entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Siete años después, el pasado 9 de junio, la contralora lamentó ante el Congreso: “La confidencialidad de la información presupuestaria y financiera de empresas que operan en competencia, impide que algunos de los informes de fiscalización (elaborados por la propia Contraloría) puedan ser divulgados a la ciudadanía, incluso no pueden ser conocidos por ustedes señoras y señores diputados”.

Acosta puso el ejemplo de dos informes de fiscalización sobre los estados financieros de Radiográfica Costarricense, S. A. (Racsa) de los años 2012 y 2014, que no han podido salir a la luz pública.

La Ley 8.660 le da al ICE la competencia para declarar como confidencial la información que considere estratégica para las empresas en competencia, y además hay votos de la Sala IV que respaldan esas declaratorias de confidencialidad.

“La Contraloría respeta y cumple el mandato legal. Sin embargo, esta contralora no comparte algunas declaratorias de confidencialidad”, afirmó Acosta.

Para la funcionaria, la norma da un amplio margen de discrecionalidad a las instituciones para decidir qué es y qué no es información estratégica.

En este punto, no solo entra el ICE y sus empresas. También atañe al Instituto Nacional de Seguros (INS) y a los bancos del sector público, que, de forma discrecional, señalan qué son o no datos de carácter estratégico.

A criterio de Acosta, la información que se emita respecto de estas instituciones, por medio de las acciones de fiscalización de la Contraloría, debe ser pública.

“Es fundamental que se conozca qué se está moviendo, por lo menos en los informes de la Contraloría”, apuntó.

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La cantidad de recursos que mueven estas empresas genera inquietud a la contralora, quien recalca que no “son pesetas” las que se manejan. Solo el ICE tiene un presupuesto de ¢1,8 billones para este año, mientras que el de Racsa es de ¢36.000 millones.

Sin embargo, en el ICE, la postura en relación con el acceso a la información que las jefaturas consideran “estratégicas” es apegarse a las facilidades de protección brindada por el marco legal.

“El Poder Legislativo dotó al ICE y a sus empresas, mediante la Ley 8.660 “Fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones”, la facultad de proteger información que, a juicio de sus funcionarios de alto nivel, sea considerada sensible, en razón del ambiente competitivo en que se desenvuelven”, afirmó el director de comunicación corporativa, Elberth Durán.

En tanto, la Sala Constitucional interpreta las normas de restricción a la información como válidas, tanto para el ICE como para el INS y otras instituciones, como la banca estatal, conformada por los bancos Nacional, de Costa Rica y Bancrédito.

El magistrado de la Sala IV Fernando Cruz afirmó que las declaratorias de confidencialidad permiten proteger datos estratégicos de las empresas públicas que están en competencia.

“Debería afinarse más el lápiz para saber qué información tendría incidencia en la competencia y cuál no. Esto es un campo relativamente novedoso. Bien podrían hacerse reformas para afinar más el lápiz sobre lo que sí se puede tener acceso”, dijo Cruz.

Sin embargo, según la contralora, se puede incurrir en abusos con las declaratorias de confidencialidad: “Es importante que el público tenga acceso a esa información. No sé si es que hay cosas oscuras ahí, pero se afecta la transparencia. En un sistema democrático el acceso a la información es fundamental”.

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