En noviembre del 2018, el Gobierno enfrentó la falta de liquidez más severa de los últimos 10 años.

Cuando el entonces viceministro de Hacienda Nogui Acosta dijo, el 8 de noviembre a La Nación que el Poder Ejecutivo estaba “coyol quebrado, coyol comido”, no exageraba. Nunca se había tenido tantos apuros para atender el pago de salarios y los programas sociales.

Según el Informe 2019 del Programa Estado de la Nación (PEN), el promedio del saldo que tuvo el Gobierno, entre noviembre y diciembre del año anterior, fue de apenas ¢134.215 millones.

La cifra es la más baja que se registró desde 2008 hasta la fecha, y representa menos de la mitad de los ¢362.822 millones que hubo a finales del 2017.

“No hubo otro momento tan apremiante para las autoridades hacendarias que el año 2018”, concluyó el PEN.

Solo para pagar los aguinaldos de sus empleados, la Administración necesitaba ¢210.000 millones. Los gastos ordinarios del Poder Ejecutivo, en tanto, son de aproximadamente ¢500.000 millones mensuales.

De acuerdo con el informe, en esa época el país pudo haber estado cerca de caer en la necesidad de recortar su gasto social para acceder a ayuda internacional, pero dicho escenario se evitó momentáneamente con la aprobación de la reforma fiscal.

El informe señala que el déficit financiero del Gobierno llegó a representar un 5,9% del producto interno bruto (PIB) en 2018. La situación era muy distinta en 2008, cuando había un superávit del 0,2%.

El problema empezó ese año, según el informe, porque el Gobierno disparó el gasto público.

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“La implementación de una política fiscal expansiva tras la crisis de 2008-2009, que incrementó la remuneración de los empleados del sector público y las transferencias corrientes, disparó de forma acelerada el gasto público.

“Entre 2009 y 2018, el gasto total del Gobierno creció en términos reales de ¢5,2 a ¢7 billones, mientras los ingresos solo aumentaron de ¢4,2 a ¢5 billones”, describe el reporte.

Desde que los impuestos se hicieron insuficientes para financiar el gasto, el Ministerio de Hacienda recurrió a endeudarse para pagar sus compromisos, cada vez en peores condiciones.

Como resultado, la deuda del gobierno creció del 24% al 54% del PIB en el plazo de 10 años.

Los intereses sobre esa deuda también incrementaron el déficit financiero. En 2020, para pagarlos se destinará el equivalente a un 5% del PIB.

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“Estos datos reflejan que, en la última década, no solo los ingresos fueron insuficientes, sino que además la insolvencia aumentó”, señala el Estado de la Nación.

Meses críticos

“Esta insolvencia ha generado constantes dificultades para cumplir con las obligaciones corrientes, como el pago de salarios y las transferencias sociales”, señala el informe.

El reporte reseña que en agosto del 2017, el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reconoció por primera vez que el Gobierno Central estaba en apuros.

Lo hizo en cadena nacional, el 1.° de agosto de ese año, cuando comunicó que el Poder Ejecutivo afrontaba “dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales”.

Para ese momento, según los registros del PEN, el Gobierno tenía en sus cuentas ¢402.239 millones.

Doce meses después, en agosto del 2018, la situación llegó a un punto más crítico, pues los depósitos ya habían llegado a ¢228.819 millones.

“En este escenario de alto déficit fiscal y elevado endeudamiento público, el 2018 no fue un año más, ya que en él se vivió una situación cualitativamente distinta y más grave: el Gobierno tuvo que recurrir a una estrategia excepcional −la compra de Letras del Tesoro− y enfrentó los niveles de solvencia más bajos de los últimos diez años”, relata el informe.

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Las Letras del Tesoro fueron un crédito de salvamento que le otorgó el Banco Central a la Administración, en setiembre del 2018, para que pudiera pagar sus gastos del tercer trimestre.

El préstamo fue de ¢498.000 millones, que dieron una inyección momentánea de liquidez, pero en octubre siguiente el saldo volvió a caer en picada hasta ¢236.047 millones y, en noviembre, se llegó al nivel más bajo de toda la década.

“A pesar del rescate obtenido de la autoridad monetaria, los recursos no fueron suficientes para mejorar la solvencia”, indica el reporte.

Lo que logró evitar

El más reciente informe del Estado de la Nación también detalla la situación en la que pudo haber caído Costa Rica, si la crisis de insolvencia hubiera persistido.

“El país pudo haber estado cerca de una suspensión de pagos, debido a su insolvencia. Ante esa eventualidad, las autoridades se habrían visto obligadas a acudir a organismos internacionales en busca de un programa de rescate, una medida que posiblemente habría precipitado recortes en el gasto social y afectado los flujos de inversión extranjera directa”, advierte el reporte.

Dicho escenario se logró evitar, momentáneamente, con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, también conocida como reforma fiscal, en diciembre del 2018.

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“(la reforma fiscal) dio al Gobierno nuevas herramientas para manejar el desbalance fiscal. También cambiaron las expectativas de los mercados acerca de una inminente crisis, lo cual se refleja como una importante mejora en el saldo de depósitos del Gobierno Central en los primeros meses de 2019”, indica el estudio.

Los fondos disponibles en las arcas estatales pasaron de ¢134.215 millones, en noviembre, a ¢244.842 millones en febrero y ¢632.246 millones en marzo.

El último registro en la base de datos del PEN es de julio pasado, cuando el saldo fue de ¢519.281 millones.

En el balance de noviembre del 2019 aparecerán los $1.500 millones que el Ejecutivo logró captar a través de la colocación de eurobonos, los cuales alcanzarán para un periodo corto.

“Con la solvencia temporal que otorgarán estos eurobonos, el Gobierno tendrá un margen de acción mientras se termina de implementar la reforma fiscal y se obtienen los beneficios esperados en la recaudación (impuesto al valor agregado e impuesto de renta), la contención del gasto y la aplicación de la regla fiscal”, dice el informe.