La delegación del Poder Ejecutivo rechazó el pliego de peticiones que los sindicatos le presentaron este lunes, durante una negociación, como condición para evitar nuevas protestas contra la reforma fiscal y las medidas de ahorro del Gobierno Central.
Las negociaciones se iniciaron a las 10 a. m. en la sede de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, en el centro de la capital.
No obstante, al mediodía, la delegación del Ejecutivo, encabezada por el segundo vicepresidente, Marvin Rodríguez, y por el ministro de Trabajo, Steven Núñez, negó a los sindicatos la solicitud de retirar de la corriente legislativa el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así como retirar la solicitud de declaratoria de ilegalidad de la huelga de hace dos semanas.
El Ejecutivo tampoco aceptó incluir en la mesa de diálogo al sector patronal.
‘‘El Gobierno de la República advirtió que retirar el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (20580) de la corriente legislativa, como lo planteó el Movimiento Sindical, no ayudaría a enfrentar la crisis fiscal y, por el contrario, tendría efectos muy graves en el desarrollo del país, la seguridad social y los derechos adquiridos de los funcionarios públicos’’, comunicó posteriormente Casa Presidencial a la prensa.
Según el mismo comunicado, la Presidencia estaría anuente a negociar con los sindicatos las consecuencias de la eventual declaratoria de ilegalidad de la huelga.
Durante la discusión de esta mañana, el dirigente sindical de la Asociación Nacional de Educadores (Ande), Gilberto Cascante, encaró al Poder Ejecutivo y le afirmó a sus representantes que, mientras el Gobierno mantenga en la corriente legislativa la reforma, los sindicatos no creerán en su voluntad de dialogar.
Asimismo, les comunicó que el gremio de los educadores está en disposición de tomar medidas más drásticas contra la administración de Carlos Alvarado si no ceden en sus peticiones.
Otros dirigentes, como Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), criticaron al Gobierno por mantenerse firme en ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
La semana pasada un emisario de ese organismo multilateral, el exministro de Economía y Trabajo portugués, Álvaro Pereira, advirtió de que Costa Rica enfrentaría “terribles consecuencias” en caso de que no se apruebe la reforma fiscal, mensaje que desagradó a los diligentes sindicales.
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Por su parte, los representes de los trabajadores presentaron al Gobierno una propuesta fiscal con la que, afirman, sería innecesario aprobar la reforma al impuesto al valor agregado (IVA) y renta para los asalariados para paliar el déficit fiscal.
Por ejemplo, proponen cobrar impuestos a las empresas instaladas bajo el régimen de zonas francas, algo de lo que desistió el presidente Carlos Alvarado durante la pasada campaña.
Pretenden también un impuesto sobre grandes utilidades con una tasa de entre 30% y 36% para los grandes contribuyentes, que son unas 400 empresas.
Sugieren también crear el Registro de Ejecución Eficaz de la Valoración Aduanera y la implementación de escaneo de contenedores para la inspección intrusiva.
Los sindicatos también pretenden que el Gobierno eche a andar la aplicación de un impuesto a las transacciones internacionales para gravar aquellos capitales golondrina que permanezcan menos de un año en el pais.
Asimismo, proponen un impuesto a las ‘‘utilidades financieras del cobro usurero de tarjetas de crédito y otros’’, que consiste en poner a tributar solidariamente al sector financiero público y privado que presta a altas tasas.
En lo único que coincide la propuesta fiscal de los sindicatos con la del Gobierno es en establecer la renta global, pero van más allá y también pretenden que se cree la renta mundial.
Con esos cambios los sindicatos afirman que el Gobierno recaudaría entre un 3% y un 4% del producto interno bruto (PIB) adicional, para atacar el déficit que rondaría el 7% del PIB en diciembre próximo.
La expectativa de Hacienda es recaudar ese mismo porcentaje con una combinación entre el paquete fiscal y medidas de contención del gasto del Gobierno Central.
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