La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió de que Costa Rica afrontará "terribles consecuencias" en caso de no actuar ya para evitar una crisis fiscal cuyas lenguas de fuego ya están aquí.
El portador de la alarma fue Alvaro Pereira, jefe de la División Económica de la OCDE y exministro de Economía y Empleo de Portugal. Él visita el país para evaluar, en reuniones con altos jerarcas del Poder Ejecutivo, los avances de Costa Rica hacia la sostenibilidad fiscal
Pereira y Alberto Barreix, asesor experto en temas fiscales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ofrecieron una conferencia este jueves en el Castillo Azul, sede de la Presidencia del Congreso, acerca del "reto ineludible" que encara Costa Rica en materia fiscal.
"Si no se aprueba (la reforma fiscal) y si hay una crisis, la gente en la calle no va a perdonar que se vaya a perder una oportunidad (...) La gente en la calle no entiende eso pues la deuda (estatal) a niveles altos puede afectar sus vidas".
"Hay que recordarles a los más jóvenes lo que sucedió en el país en los años 80 cuando la situación fiscal fue grave. Hubo consecuencias terribles y los más jóvenes van a ser los más afectados con una crisis fiscal de igual proporción", dijo, en referencia a la crisis que vivió Costa Rica durante el gobierno de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982) producto del elevado déficit fiscal.
El experto de la OCDE afirmó que, a causa del nivel de endeudamiento del Gobierno, el país no puede postergar más la aprobación de la reforma fiscal: "Hace un año visité Costa Rica y dije que estaban jugando con fuego. El fuego ya está aquí y es hora de actuar".
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Según explicó, el endeudamiento público es cada vez más caro y seguirá encareciéndose si no se toman medidas urgentes, lo que afectará la competitividad de las empresas costarricenses en el mercado exterior, pues el acceso al crédito le será cada vez más caro, entre dos y tres puntos porcentuales por encima del déficit fiscal, debido al aumento en las tasas de interés.
Pereira puso a su propio país: Portugal. Según contó, producto de una crisis fiscal que no se detuvo a tiempo, este Estado europeo tuvo que hacerle frente a un desempleo de un 12%, pues las empresas no pudieron manejar el aumento en el costo del endeudamiento cuando el Gobierno tuvo que hacer un ajuste fiscal equivalente a un 6% del PIB.
"Fue un situación absolutamente terrible", narró.
Por su parte, Alberto Barreix, del BID, destacó como uno de los mayores riesgos de Costa Rica su endeudamiento interno, donde la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el mayor tenedor de bonos del Gobierno.
"Si el Gobierno quiebra, esto supondrá una quiebra bancaria y quebrará la Seguridad Social también", alertó.
Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en abril pasado, la CCSS tenía en su poder bonos del Gobierno por el orden de los ¢1,8 billones. La Caja se constituye así en el mayor acreedor individual del Ministerio de Hacienda.
En tanto, el funcionario del BID Barreix lamentó que, en el último año, la recaudación de impuestos cayó en un 1,9% y que Costa Rica esté por debajo de la media latinoamericana en recaudación de renta y ventas, al tiempo que el gasto en remuneraciones a los empleados públicos creció de un 19% del presupuesto a un 26%, entre el 2007 y el 2017, al tiempo que las transferencias se incrementaron casi en un 100%.
Pereira pidió que el país ponga los ojos sobre indicadores sensibles como la deuda del Gobierno Central, que está a punto de tocar el 50% del producto interno bruto (PIB) y sobre el déficit fiscal, que a diciembre pasado alcanzó un 6,2% del PIB, la cifra más grande de los últimos 30 años.
"El problema es que en las economías emergentes, como Costa Rica, el nivel de endeudamiento recomendado es de entre un 30% y un 50% del PIB. Es decir, el país ya lo sobrepasó", advirtió el portugués.
Afirmó Costa Rica paga, por su deuda soberana, un 3% más que Chile y un 2% más que México, países que ya forman parte de la OCDE desde hace varios años.
El Gobierno tico apenas va por la mitad del proceso de incorporación al organismo, reconocido por conjuntar a los países más desarrollados del mundo en el ámbito económico y social.
"En América Latina había cuatro países para ver: Chile, Uruguay, Argentina y Costa Rica (...). Si no se hace el ajuste fiscal ¿con qué nos vamos a comparar?", concluyó.
Según estimaciones del economista de la OCDE, Costa Rica pasó de destinar un 8,7% de su presupuesto para el pago de intereses de la deuda en el 2007, a tener que destinar un 14,8% en el 2017 para cubrir esa misma obligación.
A pesar del aciago panorama que enfrenta el país en materia fiscal, la OCDE muestra satisfacción por los pasos que ha dado el gobierno del presidente Carlos Alvarado al echar a andar medidas para recortar el gasto público en ámbitos como el pago de beneficios salariales, entre otras, que anunció el mandatario y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a principios de junio pasado.
"Es muy importante aprobar el proyecto de ley que está en el Congreso; el Gobierno está dando señales importantes para los mercados e internamente también. Es muy importante avanzar cuanto antes con este ajuste, aprobarlo e implementarlo, para que el país no viva una situación como la de los años 80", reiteró el emisario de la OCDE.
En el foro estuvieron presentes la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, la ministra coordinadora del Consejo Económico del Gobierno, Edna Camacho y los diputados Silvia Hernández (Liberación Nacional), presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios y Welmer Ramos (Acción Ciudadana), presidente de la Comisión de Reforma Fiscal.
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La reforma ya no alcanza para frenar el problema
Alvaro Pereira afirmó que a Costa Rica ya no le basta con un ajuste fiscal de un 3% del PIB, debido al tiempo que ha perdido el país en la discusión acerca de si se aprueba o no una reforma fiscal para impedir una situación caótica.
Y aseguró que cada día que pasa ese arreglo se volverá cada vez más pesado para los habitantes y las empresas.
"Si se hubiera hecho el ajuste en el 2016, un 3% del PIB hubiera sido suficiente. Ya no es suficiente", consideró.
No obstante, agregó que el proyecto de reforma fiscal y las acciones que ha impulsado el Gobierno de Alvarado en contención del gasto conducen a superar ese porcentaje necesario.
"Yo pienso que lo que el Gobierno ha avanzado y lo que está en el Congreso son pasos cruciales para atender lo que a la OCDE le gustaría ver y lo que es necesario para Costa Rica. Por eso, lo más importante ahora es concentrarnos en el fortalecimiento de las finanzas", acotó.
La titular de Hacienda agregó que la cartera estima que el conjunto de medidas de recorte del gasto más el plan de fortalecimiento hacendario generarán un impacto de entre 3 y 4% del PIB en el déficit fiscal.
"Lo importante es que al proyecto no se le quite nada. Y mucho depende también de qué podamos hacer con la deuda, cuánto podamos bajar ese diferencial tan importante que hay con respecto a otros mercados".
"Porque si uno tiene un 50% de deuda y lo baja 200 puntos, ahí tiene un punto (porcentual del PIB, que equivale a ¢331.000 millones para el 2018) del PIB (en ahorro). Creo que lo importante es que el rendimiento no se genera apenas se apruebe (la reforma), la confianza sí se genera de inmediato", afirmó Rocío Aguilar.
Por su parte, Rodolfo Piza subrayó que el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo alcanza para evitar una crisis fiscal.
"Para el Gobierno, lo esencial es evitar a toda costa la crisis, porque impactaría especialmente a los más pobres (...). Además, el proyecto es progresivo. La renta global, por su naturaleza,es progresiva, porque va a los deciles superiores de la población. El impuesto a las ganancias de capital es progresivo también, porque va a los sectores más solventes y el impuesto a los salarios va a los sueldos superiores. Incluso el impuesto al valor agregado es más progresivo que el impuesto de ventas actual", afirmó.
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