Juan Fernando Lara. 14 marzo
El proyecto de ley plantea una serie de mejoras y herramientas nuevas para la Superintendencia de Telecomunicaciones centrada que fiscaliza la competencia en el mercado de telecomunicaciones. / Archivo
El proyecto de ley plantea una serie de mejoras y herramientas nuevas para la Superintendencia de Telecomunicaciones centrada que fiscaliza la competencia en el mercado de telecomunicaciones. / Archivo

El Gobierno presentó este jueves 14 de marzo, ante la Asamblea Legislativa, un plan de ley que amplía las potestades de las autoridades correspondientes para resguardar a cualquier mercado de prácticas contrarias al comercio justo.

La llamada Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica es parte los compromisos de reformas legales que el Gobierno persigue para conseguir su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Departamento Secretaría del Directorio en la Asamblea Legislativa confirmó la recepción del documento el cual se convocó a sesiones extraordinarias por parte del Gobierno.

Una novedad que introduce la reforma es el nombramiento de comisionados a tiempo completo en la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom).

Hoy los comisionados de la Coprocom no se nombran a tiempo completo, explica el documento de ley, por lo que esto puede generarles conflictos de interés con sus actividades profesionales ordinarias; así como inconsistencias y retrasos en la toma de decisiones.

La OCDE recomienda que todo miembro de una autoridad de competencia labore a tiempo completo en ello, con nombramientos escalonados para prevenir vencimientos de plazos simultáneos y asegurar la continuidad de las labores de la institución.

Para lograr eso, la OCDE reconoció que la Coprocom en Costa Rica debe tener sustento económico. En un primer y fracasado proyecto de ley se pretendían impuestos específicos con ese fin. Ahora, el nuevo proyecto de ley determina el traslado de una suma mínima anual de ¢2.368 millones para financiar ese ente, suma procedente del presupuesto nacional.

El proyecto también tipifica prácticas y sanciones específicas para disuadir conductas ilegales y estimular la cooperación de los agentes económicos.

Uno de los nuevos instrumentos es un programa de clemencia o reducción de multas para detectar prácticas monopolísticas absolutas (carteles) perjudiciales para los consumidores.

Consiste en un sistema de exoneración o reducción de las sanciones, a quienes colaboren con la autoridad de competencia correspondiente en la investigación de dichas prácticas.

Adicionalmente, se establecen tres mecanismos para terminar de forma anticipada investigaciones de prácticas anticompetitivas tendientes a que las autoridades eliminen de forma más veloz distorsiones en el mercado.

El primer mecanismo es la terminación anticipada de la investigación con reconocimiento de comisión de la infracción. Se aplica cuando un agente económico investigado por prácticas monopolísticas absolutas reconoce su participación en la conducta ilícita y su consiguiente responsabilidad.

Otro es la terminación anticipada del procedimiento especial con ofrecimiento de compromisos en casos cuando los investigados por prácticas monopolísticas relativas lo soliciten y ofrezcan compromisos de eliminar la conducta y contrarrestar sus efectos.

Finalmente, está la terminación por improcedencia manifiesta que puede ocurrir cuando la autoridad determine que el auto de inicio de la etapa de instrucción y traslado de cargos “es evidente y manifiestamente improcedente”, indica el texto de la propuesta.

Infracciones graduales

En el proyecto se amplían las prácticas tipificadas y se gradúan las infracciones en términos de leves, graves y muy graves con su correspondiente sanción. Para personas jurídicas las multas son de 3%, 5% o 10% del volumen de negocios, y para personas físicas hasta los 680 salarios base.

La nueva iniciativa llega a tres días después de que el Gobierno presentara otra reforma pero a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, por medio de la cual se autorizaría a bancos extranjeros la apertura de sucursales propias en suelo costarricense, esto también ligado a las aspiraciones de Costa Rica de sumarse a la OCDE.

El proyecto sobre regulación a la competencia lo elaboró una comisión interinstitucional integrada por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), como autoridad nacional de competencia y el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) indicó Victoria Hernández Mora, jerarca del MEIC.

La comisión, agregó, también la integraron la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), como autoridad sectorial de competencia en el sector de telecomunicaciones; el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como rector de telecomunicaciones, y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) como coordinador del proceso de adhesión a OCDE.

La propuesta técnica de dicha comisión también se sometió a un intenso proceso de socialización, que incluyó capacitaciones, visitas a cámaras empresariales y la divulgación del texto el cual se inició el 14 de noviembre anterior.

Yolanda Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), advirtió de que para ese gremio es un tema medular el de la competencia. Reconoció que se reunieron varias veces con autoridades del MEIC, pero dijo que realizaron varias observaciones que esperan se hayan incluidas en el proyecto, el cual recibieron en la tarde de este jueves 14 de marzo y, por tanto, no han logrado revisar.

El gremio comercial afrontó recientemente fallos de la Coprocom, como la negativa a autorizar la compra del Grupo Empresarial de Supermercados S. A. (Gessa), por parte de Walmart y la imposición de una multa inicial al grupo Cefa-Fischel por ¢11.891 millones, por supuestas prácticas monopólicas. Este último caso está en recurso de revocatoria.

“Todo ha sido debidamente consultado y robustecido con todas las cámaras empresariales y actores estratégicos en este tema. Además, el texto ha contado con revisiones y aceptaciones por parte de la OCDE”, recalcó la ministra de Economía.

Colaboró el periodista Marvin Barquero.