Casa Presidencial detalló que, para sumar el ¢1 billón, será necesario recurrir a cinco fuentes de financiamiento que requieren autorización legislativa.

1. Un total de ¢288.000 millones provendrían de un proyecto de ley enviado al Congreso aprobar un único impuesto para el Instituto Nacional de Seguros (INS), en lugar de las diversos aportes que debe hacerle hoy al resto del Estado.

Ese texto incluye una autorización para sacar a la venta una emisión de títulos valores por ¢288.000 millones, monto que corresponde a una proyección de las ganancias que tendría el INS en los próximos 12 años.

Alrededor ¢213.000 millones se colocarán para la compra pública de inversionistas y ¢75.000 millones serían adquiridos por el propio Instituto.

“Imaginemos que el INS es un muy buen y exitoso agricultor. Entonces, va a ir al mercado a que le paguen hoy las cosechas de 12 años, a sabiendas de que es un muy buen agricultor. Y el dueño de esa plata, que es Costa Rica, puede tener esos recursos", explicó el presidente Alvarado.

Los títulos les generarían intereses a los compradores.

2. La segunda fuente de financiamiento es un crédito $500 millones que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) había aprobado para la consolidación fiscal de Costa Rica.

Este préstamo ya está en la corriente legislativa. De ahí, se tomarían ¢287.000 millones.

3. El tercer origen es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por ¢216.000 millones.

4. En cuarto lugar, se destinarían a la emergencia ¢226.000 millones del proyecto Pagar, el cual en principio consistía en tomar superávits de 11 instituciones públicas para pagar deuda pública.

5. Por último, se utilizarían también los ¢12.000 millones de ahorro que generará la reforma a las pensiones de lujo aprobada por el Congreso en el 2019.

En la Asamblea, el gobierno introdujo un proyecto de ley para destinar esos recursos al combate a la pobreza. Sin embargo, el gobierno decidió girar finalmente ese dinero a las pensiones para adultos mayores en pobreza mediante el Régimen No Contributivo de la CCSS.

¿En qué se usarían los recursos?

Pilar Garrido, ministra de Planificación, explicó que el ¢1 billón se destinaría a financiar las necesidades sanitarias por el covid-19 y a atender los efectos económicos.

Este último fin podría implicar atenuar el impacto de la crisis en el flujo de caja de los hogares y las empresas, así como evitar despidos masivos.

Parte del dinero se podría destinar a ayudar a personas que vieron reducidos sus ingresos de manera significativa por la suspensión temporal de sus contratos de trabajo o que hayan sido despedidos, dijo Garrido.

“Son posibilidades que han de confirmarse, podrían ser recursos que apalanquen o ayuden a aliviar el flujo de caja de hogares, por un plazo muy acotado”, dijo.

Según la ministra, en todo caso, ese tipo de ayudas serían incorporadas en un presupuesto extraordinario que sería sometido al escrutinio de los diputados, a fin de que el Congreso tenga “más certeza y más confianza” del destino.

De este ¢1 billón, por ejemplo, se tomarían ¢33.000 millones para cubrir las cargas sociales de los sectores más afectados, a fin de que la CCSS pueda aliviar las cuotas a los patronos y los trabajadores.

En busca de autorizaciones

Garrido añadió que, para emprender este plan, es necesario dialogar con los bancos multilaterales que otorgaron los préstamos internacionales que, en principio, estaban destinados a sustituir deuda pública cara por deuda barata.

De esa labor se encarga el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves. Una posibilidad es que se firmen adendas para permitir que el dinero pueda destinarse a atender la emergencia.

La ministra de Planificación dijo que los bancos multilaterales entienden que la situación por el covid-19 es prioritaria. “Estamos a la espera de la confirmación”, dijo.

En cuanto al proyecto Pagar, mediante una moción, se introduciría una propuesta para permitir que los superávits de las instituciones se destinen a la emergencia, pues el objetivo inicial del proyecto era reducir la deuda pública.

¿Qué pasaría con la deuda? Garrido dijo que la respuesta depende de la misma pandemia, pues el actuar del país ante esta determinará qué tanto dinero se destine a la emergencia y cuánto quede para atender la deuda.

“Es incierta la longitud del fenómeno. La pandemia nos va a decir el destino final de recursos”, comentó.

“De lo que se trata es que nos estamos jugando mucho como país, entre preservar la vida y evitar que esto se convierta en una crisis estructural que le cueste a generaciones futuras y golpee el desarrollo del país”, añadió.

Agradecimiento al Congreso

El presidente dijo que el equipo económico del gobierno impulsa la agenda en el Congreso y agradeció a los diputados y diputadas que aceptaron sesionar de viernes a domingo para reaccionar ante la emergencia.

“Contamos con una serie de medidas que tienen como objetivo proteger a las personas, los trabajos y las empresas. Estos proyectos nos dan el resguardo necesario para accionar como país y atender esta emergencia en lo social y económico, por eso le solicitamos a los diputados y diputadas su apoyo”, dijo el mandatario.

A causa de la pandemia, que implicó el cierre del ingreso de turistas, así como centros de entretenimiento, entre otras actividades, ya 117 empresas pidieron suspender los contratos laborales de más de 5.000 trabajadores.

Como parte de las medidas para paliar la crisis, el Congreso aprobó un proyecto del gobierno para reducir las jornadas laborales.