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Luis Paulino Mora Lizano y Víctor Morales Mora, director nacional de Pensiones y jefe de fracción del PAC, respectivamente, preparan una reforma legal para que los contribuyentes se libren de pagar nuevas pensiones de lujo con sus impuestos.
Para ello, el Congreso tendría que cerrarles la puerta a los funcionarios públicos que empezaron a trabajar antes de 1992 y que hoy pueden jubilarse mediante alguno de los antiguos regímenes de Gobierno y Asamblea, los cuales ofrecen mejores condiciones en cuanto al cálculo de la pensión y la edad para retirarse.
El problema de estas jubilaciones es que no existe un fondo para pagarlas, por lo que terminan siendo financiadas con impuestos. Actualmente, unas 18.000 personas perciben una pensión de este tipo.
La idea de Mora y Morales es pasar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS a los funcionarios activos que entraron antes de 1992, de manera que se pensionen con las condiciones de este sistema y no con los viejos regímenes, como Hacienda, Ferrocarriles, Obras Públicas, Registro Nacional y Asamblea Legislativa.
Con los antiguos sistemas, las personas pueden retirarse hasta con ¢2,7 millones, mientras que en el IVM el tope es poco menos de ¢1,6 millones.
La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) no cuenta con el dato de cuántas personas pueden acogerse aún a uno de esos sistemas.
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Quienes ya se pensionaron quedarían bajo la administración de la DNP, con los derechos otorgados por las leyes con las cuales se jubilaron.
La regla aplicaría solamente para los regímenes de Gobierno. Quedarían excluidos los futuros jubilados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.
Actualmente, entre los jubilados de Gobierno y Magisterio, el Ejecutivo desembolsa más de ¢1 billón anual. El Magisterio abarca la mayor parte.
Según Luis Paulino Mora, trasladar a los futuros pensionados de la DNP a la Caja sería una medida que libraría al Estado de una gran presión económica y no implicaría ningún peligro financiero.
“No se maneja un fondo que pueda ponerse en riesgo con la merma de contribuyentes y, en ese tanto, no se dejaría en entredicho el pago de los derechos adquiridos, así como de eventuales traspasos. Por el contrario, se estaría aliviando una carga financiera que en este momento opera contra el erario”, comentó.
Además, descartó una afectación para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pues esta entidad recibe las cotizaciones de estas personas: “Hay que recordar que la inmensa mayoría de personas funcionarias con derecho a pensionarse por los regímenes contributivos especiales están, de por sí, ya cotizando para la CCSS, por lo que el costo financiero de trasladarlos sería ínfimo”.
Al cambiar de régimen, más bien, en algunos casos habría que devolverles a los afiliados cotizaciones que hicieron de más, comentó el director de Pensiones.
La iniciativa de Mora y de Morales, además, plantea cerrar los regímenes no contributivos que administra esa misma instancia del Ministerio de Trabajo.
Se trata de otros diez sistemas de pensiones entre los que destacan expresidentes de la República, excombatientes, ganadores del Premio Magón y exfuncionarios de entidades como el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
El cierre de esos regímenes no supondría quitarles la pensión a quienes ya la ostentan, sino que ya no podrían ingresar nuevas personas a estos.
Costo político
¿Cómo enfrentar la oposición de los futuros jubilados al cambio de condiciones para jubilarse? El jefe del PAC lo tiene claro.
“Estos temas no son nada pacíficos… Sí hay dos temas que habría que ver en el proceso de ingeniería de esto, que son la irretroactividad de la ley (la no aplicación de leyes anteriores) y la afectación de derechos adquiridos”, asegura Morales.
Él y Luis Paulino Mora vienen reuniéndose desde finales del 2018 con el objetivo de idear un proyecto de ley que englobe todas las iniciativas presentadas por los legisladores para disminuir el dinero que destina el Gobierno a las jubilaciones de lujo, las cuales en algunos casos, superan los ¢10 millones.
“En la coyuntura en la que nos encontramos, me parece importante contribuir a la discusión de estos asuntos, y la Asamblea Legislativa es el lugar adecuado para hacerlo. Vamos a avanzar en esa ruta. Reitero, al final tienen que respetarse los derechos de todas las personas”, concluyó el líder del PAC.
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La Nación consultó la posición del IVM ante la propuesta de Mora y de Morales. No obstante, al cierre de edición no había respondido.
