Gobierno pide permiso para colocar $6.000 millones en eurobonos

La propuesta también autorizaría al Poder Ejecutivo a contratar préstamos con organismos multilaterales o bancos comerciales hasta por $500 millones anuales (¢336.000 millones), bajo ciertas restricciones, con el propósito de atender “situaciones de escasa liquidez local y dificultades temporales en el flujo de caja”.

Se trata del proyecto de ley de eurobonos que elaboró la administración del exmandatario Carlos Alvarado durante los últimos días de su gobierno.

El financiamiento externo requiere autorización de los diputados, de acuerdo con la Constitución Política.

En la exposición de motivos, el Gobierno saliente justificó que “una de las principales razones para obtener recursos en los mercados internacionales, es limitar la presión sobre las tasas de interés en el mercado local”.

Añadió que, pese a la reforma fiscal y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), “todavía se requieren importantes necesidades de financiamiento que deben ser atendidas mediante la emisión de deuda”.

En ese escenario, alegó el Ministerio de Hacienda, la emisión de eurobonos “permitiría al país acceder a tasas de interés más bajas que las tasas que se ofrecen en el mercado de deuda pública local para los distintos plazos de emisión”.

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Ni Rodrigo Chaves ni la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, se han referido públicamente al proyecto de ley, pero sí activaron el trámite legislativo, el cual recaerá primero sobre la Comisión de Asuntos Hacendarios, la cual es presidida por la diputada Paulina Ramírez, de Liberación Nacional (PLN).

Antes del traspaso de poderes, el vicepresidente Stephan Brunner, manifestó que las nuevas autoridades no fueron consultadas por la administración de Carlos Alvarado antes de la presentación del expediente al Congreso.

Para el periodo 2022-2026, Gobierno debe pagar ¢9,6 billones de deuda pública vencida, una cifra inédita en los últimos 20 años.

De aprobarse la iniciativa, la emisión de eurobonos cuadruplicaría la permitida por el Congreso al gobierno de Carlos Alvarado, en 2019, cuando aprobó la colocación de títulos valores en el mercado internacional por $1.500 millones, aunque la pretensión inicial era la colocación de $6.000 millones, como también lo busca el proyecto de ley actual.

Según información de la página web del Ministerio de Hacienda, de 1998 a la fecha, Costa Rica ha efectuado emisiones de este tipo por $7.450 millones, de las cuales se encuentran canceladas $1.950 millones y vigentes $5.500 millones.

Condiciones para eurobonos y créditos

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La propuesta permite al Poder Ejecutivo colocar cuatro emisiones de bonos en el exterior, por $1.500 millones cada una, en periodos de nueve meses a partir de 2023. Los plazos de vencimiento, como mínimo, serán de cinco años.

Además, se autorizaría al Ministerio de Hacienda a “canjear, consolidar, convertir, renegociar y cualquier otra forma de gestionar las colocaciones y los respectivos vencimientos de títulos realizados en el mercado internacional, siempre y cuando resulte en un beneficio para la gestión del portafolio de pasivos del gobierno”.

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Las demás características de los bonos las podrá fijar el gobierno.

En cuanto a los préstamos de urgencia, de hasta $500 millones anuales, solo se permitirán si tienen un plazo menor a un año. Además, quedará prohibido al Poder Ejecutivo contraer obligaciones bajo estos tres escenarios.

• Cuando los intereses pactados sobre los saldos deudores diarios de la línea de crédito, son a una tasa de interés en dólares superior a la tasa libor a seis meses —o la tasa referencial que se calcule en sustitución, más un margen de 4% o su equivalente en otras monedas diferentes del dólar o en tasa fija—.
• Cuando los intereses moratorios sean superiores en un 30% de la tasa pactada para los intereses corrientes.
• Cuando las comisiones por pagar, semestralmente, son superiores a lo que resulte de aplicar el 2% del monto del financiamiento.