El Gobierno limpió, la tarde de este lunes, la agenda del plenario para que los diputados se concentren exclusivamente en la discusión de un crédito de $250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la reforma a la ley de empleo público.

Con esta medida de última hora, Casa Presidencial procura evitar que se pierda un préstamo que, según estima, permitiría al país ahorrar hasta $13 millones al año en el pago de intereses por financiamiento público.

Unas horas antes, legisladores de la oposición le dieron la espalda al empréstito, en represalia por la tardanza del Poder Ejecutivo con el inicio de la negociación de un ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De hecho, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) acordó sepultar el plan y no otorgarle más “créditos pequeños” al Ejecutivo, para presionar, en cambio, por que la reestructuración apadrinada por el Fondo se concrete.

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Como resultado, 26 diputados rechazaron este lunes una moción que habría permitido que el crédito se votara en el plenario esta semana. El plazo para cerrar el trato con el BID se vence el 6 de enero, pero el Congreso cierra sus puertas este viernes y regresa el 11 de enero.

Luego de que fracasara la maniobra para agilizar el trámite, la Presidencia anunció la desconvocatoria de más de 40 proyectos de la agenda de sesiones extraordinarias. El recorte de la agenda parlamentaria se oficializó en el plenario legislativo a las 5.34 p. m.

“El retiro se da luego del rechazo de la moción para avanzar en la aprobación del préstamo de $250 millones con el BID, el cual es una prioridad fundamental para defender la estabilidad macroeconómica del país”, dice el comunicado remitido por Zapote.

Sin embargo, las posibilidades del Gobierno de salvar el plan son limitadas. Si Casa Presidencial convenciera a los diputados de aprobar una moción de dispensa de trámites este martes, el pleno procedería con el primer debate esta semana.

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Después, los legisladores tendrían que alcanzar un acuerdo para realizar el segundo debate en una fecha posterior a la que tenían prevista para irse de vacaciones.

El otro plan que se mantiene en la agenda es la reforma al empleo público, el cual, según proyecciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), podría ahorrar el equivalente a un 1,1% del producto interno bruto (PIB) por año en el pago de salarios.

Este plan se convocó a las sesiones extraordinarias del Congreso apenas horas antes.

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“El Ejecutivo mantiene convocados los dos proyectos antes mencionados, ya que cobran relevancia en el marco de la pandemia que se vive a nivel mundial y nacional, pues ambos son fuente de ahorro y ayudarían a mejorar las finanzas públicas del país”, argumentó la Presidencia.

‘Es una rabieta, un berrinche’

En media conferencia de la oposición sobre el rechazo a la dispensa de trámites del préstamo del BID, la diputada María Inés Solís se confundió y afirmó, erróneamente, que el Gobierno había desconvocado el proyecto de empleo público.

La legisladora manifestó: “¿Cuál es el compromiso verdadero del Gobierno con el recorte del gasto, con las reformas estructurales y con hacer que este país funcione?”

Por otra parte, el fabricista Jonathan Prendas alegó que el Ejecutivo lleva con charlatanería la convocatoria a sesiones extraordinarias.

“No tiene el más mínimo sentido, botaron la brújula. No hemos avanzado en las propuestas que necesita el país”, alegó el independiente.

El fabricista también afirmó, erróneamente, que se había sacado de la agenda el proyecto de empleo público.

Prendas manifestó que la decisión de limpiar de proyectos la agenda de extraordinarias es una “rabieta, un berrinche”.

“Eso es decirle al país que la Asamblea no va a trabajar porque el Ejecutivo no quiere que trabaje. Nosotros estamos listos para votar proyectos que se vienen trabajando desde hace meses en comisión”, adujo Prendas.

La decisión del Ejecutivo también molestó a María Inés Solís, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

“Estamos ante un Ejecutivo irresponsable, ante un Gobierno PAC que tras obtener una respuesta negativa en la Asamblea Legislativa al crédito del BID, desconvoca prácticamente toda la agenda, incluyendo el proyecto de ampliación de la reducción de las jornadas laborales, afectando de manera directa a miles de trabajadores”, señaló Solís en una declaración remitida a la prensa.