Aarón Sequeira. 28 marzo
Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional; y Víctor Morales Mora, del PAC, forman parte de la mesa de negociación del proyecto de ley sobre el FCL. Con ellos conversa Nielsen Pérez, jefa del PAC (de espalda). Foto: Departamento de Prensa, Asamblea Legislativa.
Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional; y Víctor Morales Mora, del PAC, forman parte de la mesa de negociación del proyecto de ley sobre el FCL. Con ellos conversa Nielsen Pérez, jefa del PAC (de espalda). Foto: Departamento de Prensa, Asamblea Legislativa.

El gobierno estima que hasta 500.000 asalariados verán afectados sus ingresos, ya sea por despidos, suspensiones del contrato laboral o reducciones de las jornadas de trabajo, a causa de la pandemia de coronavirus.

Esa cifra equivale a más de un 40% del total de trabajadores del sector formal que, para finales del 2019, estaba en poco más de 1,1 millones de personas según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La estimación la explicó la ministra de Planificación, Pilar Garrido, en el marco de la discusión de una eventual reforma legislativa para permitir una entrega excepcional del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

Actualmente, el FCL solo puede ser retirado por la ruptura total de la relación laboral o por el cumplimiento de cinco años seguidos de trabajo con un mismo patrón. Este fondo se alimenta con el aporte patronal en favor de cada empleado.

Los legisladores presentaron un proyecto de ley conjunto, el miércoles, para introducir dos nuevas opciones para que los trabajadores puedan retirar ese dinero: suspensión del contrato o reducción temporal de la jornada.

“Estamos hablando de diferentes escenarios. En el peor escenario, se requiere (el FCL) por parte de más de 500.000 personas. En el texto actualmente en negociación no solo se incorpora a las personas despedidas, como es el concepto original de la entrega del FCL, sino también por suspensión del contrato laboral, que personas ven sus ingresos reducidos a cero”, dijo la ministra de Planificación a La Nación este viernes.

“Tenemos información sectorial en turismo, comercio y otros, que tienen grandes encadenamientos, donde el impacto ha sido muy severo en las personas de esos sectores; por eso es tan importante contar con recursos suficientes para que el Estado cuente con la protección que tiene que brindarles en este momento”, agregó.

Cinco diputados de cuatro partidos políticos y el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, declararon que Garrido les había puesto sobre la mesa de discusión una estimación de entre 250.000 y 400.000 trabajadores que podrían solicitar el FCL.

Esa cantidad de personas incluye a quienes pierdan su empleo por la emergencia nacional, a quienes sus patronos les reduzcan el salario y aquellos a los que se les suspenda el contrato de trabajo durante la emergencia.

Según la liberacionista Yorleny León, Garrido les dejó claro que esa estimación se basa en una importante variable: el impacto de la emergencia nacional en el turismo, donde la suma de trabajadores afectados podría rondar los 185.000.

La cifra fue confirmada por Karine Niño, también del Partido Liberación Nacional (PLN); Erwen Masís, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Carlos Avendaño, del Partido Restauración Nacional (PRN).

Además del FCL, el gobierno explora otras medidas como el otorgamiento de subsidios de ¢200.000 mensuales a las familias afectadas.

Soluciones de liquidez

El proyecto de ley presentado el miércoles generó preocupación en las operadoras de pensiones, sobre la presión que se le metería a los bancos públicos, cuando tantas personas podrían solicitar de un solo su FCL.

El proyecto actual plantea que, si una operadora no tiene liquidez para darle el dinero a la gente, le pueda entregar un certificado para que lo cambie en alguno de los dos bancos del Estado o en el Banco Popular.

Esa vía no tiene el visto bueno de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), ni de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

“Involucrar a los bancos comerciales públicos no es lo ideal”, dijo Álvaro Ramos, jerarca de la Supén.

Para eso, se plantearon otras dos vías posibles, pero ambas requieren reformas legales.

Una es que entre las mismas operadoras de pensiones puedan apoyarse ante las necesidades de liquidez. La otra es que se les permita acceder al Mercado Integrado de Liquidez (MIL) del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La primera opción, conocida como traslado no oneroso, ya existe, según Álvaro Ramos ya existe, pero sería necesario cambiar la redacción del proyecto de ley para poder ampliarla y establecer nuevas causales para hacer el traslado de recursos.

El jerarca de la Supén explicó que siempre habrá activos que respalden los compromisos con los afiliados y que el problema sería tener que liquidarlos de manera apurada, ante un comportamiento inusual como el que plantea la emergencia del coronavirus.

“Esa sería una de las opciones, no es la única”, indicó Ramos. La otra “sería utilizar alguno de los mecanismos ya existentes en el BCCR para proveer liquidez”, añadió el superintendente de Pensiones.

El problema es que, actualmente, la ley no les permite a las operadoras participar en el MIL. Esa participación requiere de reformas legales que, por el momento, no se contemplan en el proyecto de ley.

De todas formas, Ramos aseguró que la Asamblea Legislativa está muy abierta a dejar “bien armada” la parte operativa y de liquidez del proyecto para entregar el FCL por la emergencia del covid-19.

La liberacionista Yorleni León explicó que las consultas y discusiones que se han estado haciendo implicarían que el proyecto no se vote el lunes en primer debate, en el plenario del Congreso, “aun cuando haya mucha presión para ello, sino hasta que lleguen los cálculos y las recomendaciones de las operadoras de pensiones y del BCCR”.