EscucharLa ministra de Trabajo, Marta Esquivel, descartó la posibilidad de enviar a los funcionarios públicos a realizar teletrabajo como una medida excepcional ante el incremento en los precios de los combustibles, los cuales superaron esta semana la barrera de los ¢1.000 por litro.
Esquivel respondió de esta forma a la diputada Paola Nájera, subjefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSSD), quien hace dos semanas le envió un oficio para proponerle dicha medida ante el aumento de los hidrocarburos.
La jerarca indicó que el Gobierno tiene contemplado el teletrabajo, pero como una política y no como una medida acogida por una circunstancia particular. Detalló que en este momento se encuentra en la etapa e redacción una directriz en ese sentido.
“Tenemos un borrador de directriz, pero no pensando en la pandemia, sino en una actividad que llegó para quedarse, no solo por la gasolina.
“Una vez que se publique, las jefaturas van a remitir a Recursos Humanos un documento con todos los puestos que tienen a su cargo y señalen si son para teletrabajar, cuantos días y por qué. Pero el enfoque primordial es el servicio público, no puede quedar descuidado”, aseveró.
Como anécdota sobre la experiencia con el teletrabajo, Esquivel contó que al inicio de esta administración la mayoría del personal de las entidades públicas estaba laborando bajo esta modalidad.
La ministra destacó como beneficios del trabajo a distancia el ahorro energético y una posible reducción en el alquiler de edificios, pues estimó que la mitad de los funcionarios podrían trabajar fuera de la oficina, siempre y cuando se presenten al menos un día a la semana.
En los dos últimos años, ante la alerta sanitaria por la pandemia, una parte de los servidores públicos se mantuvieron en teletrabajo, por una directriz del gobierno de Carlos Alvarado que fue emitida por primera vez en marzo del 2020.
La anterior administración exigió que el personal que debía permanecer en oficinas no podía superar el 20% de la planilla. Sin embargo, ante el paulatino retiro de las medidas sanitarias, los empleados han ido retomando la presencialidad.
Desde la solicitud planteada por la diputado Nájera, los combustibles siguen al alza. El pasado jueves, empezó a regir un nuevo aumento: el precio de la gasolina súper pasó de ¢958 a ¢1.062 por litro, la regular subió de ¢933 a ¢1.024 por litro, mientras que el diésel pasó de ¢908 a ¢1.012 por litro.
Los diputados de oposición presionan para que el Gobierno convoque un proyecto de ley que plantea una reducción en el impuesto único de los combustibles de hasta ¢100 por litro, aunque existe un acuerdo entre varias fracciones para que esa rebaja sea entre ¢25 y ¢50 con el fin de darle viabilidad política.
La administración de Rodrigo Chaves descarta esa opción debido al hueco financiero que dejaría y, más bien, considera un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de $200 millones para subvencionar los pasajes de autobús.
LEA MÁS: Rodrigo Chaves se opone a rebaja de ¢100 en impuesto a gasolina
