Sofía Chinchilla C.. 19 agosto
El 18 de octubre del 2018, el presidente Carlos Alvarado defendió ante los magistrados de la Sala Constitucional el recorte a las pensiones de lujo que se decretó en 2014, mediante la imposición de topes de ¢2,6 millones. Foto de archivo: Albert Marín.
El 18 de octubre del 2018, el presidente Carlos Alvarado defendió ante los magistrados de la Sala Constitucional el recorte a las pensiones de lujo que se decretó en 2014, mediante la imposición de topes de ¢2,6 millones. Foto de archivo: Albert Marín.

El gobierno convocó de nuevo, en la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso, tres proyectos de ley tendientes a reducir el gasto en pensiones de lujo.

Las iniciativas habían sido retiradas de la corriente legislativa el 8 de agosto por orden del Poder Ejecutivo, el cual alegó que se trataba de una desconvocatoria temporal, solicitada por los sindicatos para dialogar.

Dicha pausa terminó este lunes, poco más de una semana después, cuando el presidente Carlos Alvarado y el ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora firmaron un decreto que reactivó el trámite de los proyectos.

“El propósito es entonces que vuelvan a la corriente legislativa, a las comisiones, porque son proyectos que se encuentran en trámite de comisión, y que podamos aprovechar estas dos semanas que quedan en el periodo de sesiones extraordinarias para avanzar”, afirmó Morales Mora.

Según el ministro de la Presidencia, la pausa en el trámite de las iniciativas permitió que los gremios coordinaran reuniones con las diputadas Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, y Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), quienes presentaron dos de las iniciativas.

Con el proyecto 21.035, Rodríguez busca que a más pensionados de lujo se les impongan contribuciones solidarias.

Nicolás impulsa la iniciativa 21.130, la cual propone que todas las jubilaciones de lujo, independientemente del régimen al que pertenezcan, no excedan de ¢1,6 millones, lo máximo que paga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por una pensión.

El tercer plan (21.345) lo presentó Morales Mora en calidad de diputado del Partido Acción Ciudadana. Lo que plantea es trasladar al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja los sistemas con cargo al Presupuesto Nacional, que administra la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo.

Anualmente, las pensiones de lujo de los regímenes del Magisterio Nacional, el Poder Judicial, Gobierno y Hacienda le cuestan al país más de ¢1 billón.

Se consideran jubilaciones de lujo aquellas cuyo costo supera, por mucho, el aporte que hicieron durante su vida laboral quienes las ostentan. Las condiciones de dichas pensiones son muy favorables. Muchos de sus beneficiarios se retiraron a los 50 años, con el 100% del promedio de los últimos 24 salarios devengados.