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El Poder Ejecutivo anunciará al país, el próximo 17 de setiembre, la propuesta de ajuste económico con la que negociará un plan de financiamiento por tres años con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el fin de detener el acelerado deterioro de las finanzas públicas.
Posteriormente, abrirá un espacio de 12 días para buscar un consenso con la Asamblea Legislativa, con el objetivo de blindar la agenda que Costa Rica empezaría a negociar con el Fondo en la semana que empieza el 28 de setiembre.
La agenda tendrá que incluir medidas de estabilidad económica, las cuales pueden contemplar aumento de ingresos públicos, reducción de gastos o venta de activos estatales, por ejemplo.
El calendario lo comunicó esta tarde la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido, ante la consulta de cuándo iniciarían las conversaciones con los diputados que, en principio, ella había anunciado para la semana anterior.
“El 17 el Gobierno hará público la propuesta del FMI y la semana del 28 se iniciaría la negociación con el Fondo. Del 17 al 28 (de setiembre), se construirán los consensos con las señoras y los señores diputados”, informó la ministra.
Garrido añadió que el plan de Costa Rica recoge propuestas ciudadanas, pero no amplió la información.
El Gobierno acude al FMI en medio de una crítica situación fiscal agravada por los efectos económicos de la pandemia.
El Ministerio de Hacienda calculó que el Gobierno Central cerraría con un déficit fiscal de 9,3% del producto interno bruto (PIB), casi el doble del 5,3% previsto a inicios de este 2020.
En cuando al tamaño de la deuda pública, Hacienda considera que esta alcanzara este año el 70,2% de la producción, poco más de ¢24 billones (millones de millones).
Por su parte, al actualizar las proyecciones macroeconómicas del país, el 30 de julio de este año, el Banco Centra estimó una contracción del 5% para el 2020, la más severa desde 1982.
Consultada sobre el plazo de 12 días en que el Gobierno espera alcanzar consenso, la diputada liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios, dijo: “Dependerá mucho de lo que contenga y si este Gobierno pretende hacer algo que realmente solucione, por ejemplo, el problema de los niveles explosivos de la deuda, el déficit; o solamente querrá permitirse el oxígeno necesario para cerrar su periodo”.
Su compañera de bancada, Ana Lucía Delgado, pide al Gobierno transparentar lo relacionado con la negociación.
“Si ya están listos deberían estarlos comunicando. El proceso de diálogo dependerá de los temas que se pongan sobre la mesa, los cuales deben ser discutidos y revisados en cada grupo parlamentario para establecer posiciones y eventuales acuerdos”, dijo Delgado, también integrante de Hacendarios.
Jonathan Prendas, del bloque independiente Nueva República, cree que si Zapote comunica su idea con transparencia, “se puede conversar”.
“Hasta donde se pueda conciliar una agenda, depende de que se busque el bienestar de las personas sin más impuestos, buscando optimizar las instituciones y, sobre todo, recortando sustancialmente el gasto”, agregó.
Para el presidente del Congreso, el restauracionista Eduardo Cruickshank, opinó que doce días es un tiempo muy escaso para estudiar los temas que podría contemplar el plan del Ejecutivo.
“A mí me parece que los diputados necesitamos un tiempo amplio para poder analizar muy bien cada uno de los aspectos que están comprendidos, porque no es un tema menor. Se requiere la amplitud para estudiar todos los pro y los contras”, pidió el presidente legislativo.
Cruickshank aprovechó para pedir al Gobierno que comunique al país con transparencia, de forma directa y concisa, “el pliego de negociaciones que se impulsa con el Fondo, porque todo lo que conocemos sobre esa negociación son meras especulaciones”.
“Entonces, yo no creo que pueda existir diálogo sobre una base que no sea concreta y clara”, indicó el restauracionista.
El jefe de la bancada de Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, remarcó que los actores políticos del país, desde el Poder Ejecutivo hasta las fracciones, han demostrado capacidad de lograr acuerdos en tiempos extraordinarios.
“Este caso no será la excepción de generar un documento lo más viable políticamente posible para la negociación con el Fondo, pero el proceso no acaba ahí”, expuso el vocero del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Añadió que, luego, tendrán que tramitarse en la corriente legislativa los proyectos derivados del acuerdo para garantizar su cumplimiento, lo cual llevará su trámite respectivo que incluirá análisis, consultas y audiencias.
“Mientras estemos de acuerdo con el objetivo, todo proyecto podrá recibir modificaciones, eventualmente, mientras mantenga la esencia del objetivo que se haya acordado con el Fondo”, puntualizó.
Zapote le solicitó formalmente al FMI, el pasado 29 de agosto, iniciar conversaciones sobre un programa de ajuste económico para el país.
En una misiva, los jerarcas del ministerio de Hacienda, Elian Villegas; y del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, solicitaron un financiamiento por $1.750 millones por los próximos tres años.
En principio, hace semanas, el Gobierno había adelantado que la negociación sería sobre un acuerdo del tipo stand by.
Sin embargo, la semana anterior, Cubero dijo a La Nación que se solicitó un financiamiento mediante la figura denominada facilidad de fondo ampliada (Extended Fund Facility; EFF), pues así lo sugirió el organismo al país.
El EFF, continuó el titular del BCCR, es más apropiado para el plazo de tres años solicitados para el país y atiende problemas más estructurales, mientras que el stand-by está diseñado para atender problemas de corto plazo como un choque fuerte en la balanza de pagos.
“Las negociaciones tendrán que ser muy aterrizadas, muy concretas y relativamente ágiles. Estas negociaciones normalmente se concluyen en un periodo de dos semanas. De manera que hay que moverlas con agilidad, seriedad y responsabilidad”, confirmó Cubero.
