Gobierno ahorra ¢14.900 millones por eliminación de 6.300 plazas vacantes

El dinero deberá ser descontado de la deuda pública, según la norma de control presupuestario aprobada por los diputados, que ordena el desuso de los puestos para obtener ahorros.

Para ejecutar el ahorro, la norma indica que la totalidad del contenido presupuestario de toda vacante no usada en los ministerios y sus órganos desconcentrados, durante el primer semestre del año, deberán ser rebajados del plan de gastos general y de la deuda pública por medio de un plan extraordinario.

De acuerdo con el quinto presupuesto extraordinario del 2022 presentado por el Ministerio de Hacienda en el Congreso, donde solicita restar el dinero del plan de gastos, una mayor parte del ahorro, ¢2.921 millones, provienen del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), donde se dejaron de usar 1.064 de esos cargos.

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Sin embargo, la información corresponde solo a los primeros cuatro meses del año. Sobre la información incompleta, de acuerdo con el proyecto de ley, el MSP le aseguró a la Dirección de Presupuesto Nacional de Hacienda, que está limitado a remitir la información correspondiente.

El segundo mayor ahorro se genera en el Ministerio de Justicia y Paz, con ¢2.230 millones, por la eliminación de 486 vacantes; le siguen el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con ¢1.957 millones y el Ministerio de Educación Pública con ¢1.671 millones.

En el MOPT no se usaron, durante el primer semestre, 613 puestos, y en el MEP, 2.822.

El ahorro en Hacienda alcanza los ¢1.198 millones, pero la justificación del presupuesto extraordinario no detalla la cantidad puestos a los que se le quita el contenido presupuestario.

En la Cancillería se eliminan ¢1.012 millones del presupuesto en razón de 73 plazas y en el Ministerio de Salud, ¢957 millones por 354 puestos.

Las 880 plazas restantes que fueron eliminadas se distribuyen entre la Presidencia y los 11 ministerios que quedan. En total, estas instituciones ahorran ¢3.034 millones.

En el mes de junio anterior, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, les pidió a los diputados eliminar esta norma de control presupuestario.

El jerarca alegó que se trata de una norma atípica que rebasa el principio de legalidad. Además, se quejó de que la implementación afecta la calidad de los servicios públicos que prestan las instituciones del Gobierno.

El Ejecutivo sostuvo que el legislador no puede ordenar en el Presupuesto la eliminación de plazas vacantes, dado que fueron creadas “al amparo de normas legales, cuyo contenido presupuestario es lo único que se incluye en las leyes de presupuesto, pero que los actos de creación están autorizados en la legislación ordinaria o especial”.

Flexibilidad para 2023

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Los diputados descartaron la petición hecha en un presupuesto extraordinario. Sin embargo, en el plan de ingresos y gastos del 2023, el Congreso avaló que el Gobierno llene las plazas que estén vacantes en el primer semestre de ese año.

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Para hacerlo, cada plaza liberada deberá contar con contenido presupuestario y el Gobierno deberá contar con una autorización de la Autoridad Presupuestaria que verifique el cumplimiento de la regla fiscal.

Solo si el Gobierno no las utiliza durante el primer semestre del próximo año, deberá descontarlas del Presupuesto mediante un plan extraordinario en el Congreso. A estos puestos se les eliminará el financiamiento, pero no se anula la plaza, según aclararon los diputados.