A pesar de las presiones sindicales, el gobierno mantiene su decisión de impulsar en la Asamblea Legislativa la reforma al empleo público y de fungir como mediador en el trámite de dos proyectos que pretenden evitar excesos en las huelgas del sector público.
Así se lo comunicó el Poder Ejecutivo a representantes de las tres principales organizaciones gremiales del Magisterio Nacional durante reuniones separadas que sostuvo con ellas, el martes, en Casa Presidencial.
Ese día, el presidente de la República, Carlos Alvarado, recibió en su despacho al Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Pilar Garrido, ministra de Planificación, indicó a La Nación que a los gremios se les explicó que el gobierno seguirá con la reforma al empleo público, a pesar del diálogo abierto con sectores que se manifestaron en días recientes para exigir que se retire de la discusión en el Congreso.
“El proyecto en este momento está en la corriente legislativa y seguirá su curso”, fue parte el mensaje dado a los sindicatos, según Garrido.
La iniciativa promueve la creación de un salario único en el sector público para eliminar las grandes brechas salariales que existen entre funcionarios y el creciente peso que representan los incentivos laborales sobre el presupuesto para sueldos.
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Este proyecto fue una de las causas de una ola de bloqueos en vías públicas, al igual que dos planes del Partido Liberación Nacional (PLN) para prohibir las huelgas políticas y para definir la lista de servicios públicos esenciales en los que no puede haber huelgas.
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Ayer, el propio mandatario confirmó su posición en rueda de prensa. “Consideramos oportuno que se discuta y eventualmente sea aprobado. El gobierno no ha renunciado a ese proyecto, pero entendemos que debe de dialogarse”, aseveró.
Steven Núñez, ministro de Trabajo, detalló que el gobierno les explicó a los gremios que su ministerio, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realiza una mediación entre los sindicatos y el Congreso en los proyectos relativos a las huelgas.
“Es ahí donde naturalmente se va a buscar dar solución a los temas donde existen puntos de vista distintos entre lo que está impulsando la Asamblea Legislativa y lo que dicen los sindicatos”, explicó Núñez.
No obstante, APSE señaló en un comunicado que sus representantes reafirmaron en la reunión en Presidencia su rechazo a esos tres proyectos, así como al de Educación Dual, que también se discute en el Congreso.
Esas iniciativas, según la asociación, son “ lesivas para la clase trabajadora”.
Retiro sería un “pésimo precedente”
El presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, también considera que las iniciativas sobre empleo público y huelgas deben seguir su trámite legislativo.
Similar opinan los jefes de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora; del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís; y del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank.
Benavides consideró que los proyectos deben continuar su proceso como corresponde en una democracia y alegó que desde hace tres semanas hay un diálogo abierto con los gremios para acercar posiciones sobre los proyectos sobre huelgas.
“Si estamos sentados en una mesa de negociación es justamente porque hay disposición de explorar cambios que no desenfoquen los objetivos principales del proyecto”, añadió el dipuado liberacionista.
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Por su parte, Cruickshank coincidió en que no se deben de retirar las iniciativas del Parlamento.
“Creo que sería un pésimo precedente que por razones de una huelga la Asamblea Legislativa retire proyectos. Los diputados debemos tener la libertad de aprobar o improbar el proyecto si fuera lo que corresponde”, consideró.
Aclaró que la fracción del PRN no ha unificado un criterio sobre estos temas, salvo la consideración de que la educación pública no debe calificarse como servicio esencial.
Mientras tanto, Víctor Morales Mora, jefe del PAC, dijo que la fracción también está de acuerdo con que las propuestas sigan en su discusión.
Sin embargo, agregó que favorecen la apertura de espacios de diálogo. “Ningún proyecto que ingresa en la Asamblea Legislativa se aprueba como se presenta, estamos en disposición de escuchar y acercar posiciones con sectores laborales”, explicó Morales.
La socialcristiana María Inés Solís sostuvo que su bancada está a la espera de que avancen los proyectos para ver cómo quedan y, si es posible, definir una línea de fracción.
“Considero que los proyectos deben avanzar, son un compromiso adquirido con el Ejecutivo cuando negociábamos la reforma fiscal. Son proyectos urgentes para la seguridad jurídica de nuestro país (huelgas) y para el control de gasto (empleo público)”, puntualizó Solís.