Escuchar
El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez, garante ético de este gobierno, descartó que la canciller y vicepresidenta, Epsy Campbell, incurriera en faltas legales o éticas en relación con aparentes nombramientos irregulares en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son investigados por la Fiscalía.
“Respecto de cada uno de los nombramientos hechos por la señora vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores y Culto, no he encontrado actuación alguna que riña con la estricta legalidad”, precisa un informe de legalidad que elaboró Arroyo Gutiérrez, en poder de este diario y cuya autenticidad confirmó el propio autor ante consultas de La Nación.
El documento, con fecha del 29 de octubre, responde a un oficio que Campbell le había remitido el 26 de octubre anterior junto a un legajo de 427 folios de documentos ligados al caso.
A Campbell se le cuestiona la designación de una ahijada suya como asesora personal en la Cancillería y el nombramiento de varios exjerarcas de la administración Solís Rivera en diversas embajadas.
Por el primero de estos casos, la Procuraduría de la Ética abrió un procedimiento de oficio, que se suma a una investigación en el Ministerio Público y la censura de los diputados de oposición.
No obstante las críticas y procesos abiertos, Arroyo Gutiérrez descartó en su análisis de legalidad cualquier tipo de falta por parte de la canciller en cualquier nombramiento.
“Encuentro que los procedimientos de designación se han realizado de conformidad con las pautas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes; así como debidamente respaldadas por los criterios técnicos-administrativos de las instancias obligatoriamente involucradas, en especial, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Jurídica de ese Ministerio”, se lee en el informe del garante ético.
Y agrega el texto: “Tampoco encuentro ninguna actuación censurable desde el punto de vista ético, al no evidenciarse actuación contraria a la corrección, principios y valores propios de una sana administración pública”.
El garante ético del gobierno de Carlos Alvarado Quesada incluso descarta cualquier actuación dolosa o culposa. Según este, para que haya una actuación ilícita, debe probarse la calidad culposa o dolosa de la conducta.
“No puedo cómo pueda establecerse falta al deber de cuidado (acción culposa) o acción dolosa, es decir, la actuación con conocimiento pleno y voluntad manifiesta de infringir normas, bien si se quisiera hablar de nombramientos ilegales, de tráfico de influencias o tipos penales similares”, concluye Arroyo Gutiérrez ante el pedido de opinión por parte de la propia canciller.
Se intentó conocer el criterio del Gobierno sobre este documento, pero el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, declinó referirse al asunto argumentando de que el departamento de comunicaciones de Casa Presidencial estaba definiendo quién sería el vocero.
Los casos
La canciller y vicepresidenta Campbell reconoció el 25 de octubre, ante los diputados, que nombró a una ahijada, Katherine Rivera McKinley, como asesora de su despacho.
Rivera es madrina de un nieto de la canciller y es hija de Ann McKinley, amiga de Campbell (según confirmó la ministra) y exjerarca de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Rivera McKinley renunció el lunes anterior a ese puesto de confianza tras conocerse que el Ministerio Público investiga, desde julio, si existen irregularidades en nombramientos que se han hecho en la Cancillería.
A la jefa de la diplomacia costarricense también se le cuestionó en la Asamblea Legislativa el nombramiento de varios exministros de la administración anterior como embajadores en distintos países.
Campbell les respondió que esos nombramientos son competencia del Consejo de Gobierno y este puede elegir a quienes desee. Los exjerarcas del gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera hoy jefes de misión son: Sergio Alfaro, exministro de la Presidencia, en Bélgica; Emilio Arias Rodríguez, exjerarca de Desarrollo Humano e Inclusión Social, en Guatemala; Mauricio Herrera Ulloa, exministro de Comunicación, en Honduras; y Sonia Marta Mora, exministra de Educación Pública, en Francia.
Molestia por informe
Tras conocerse el documento del exmagistrado Arroyo, las voces de oposición empezaron a discrepar; entre ellas, la de Carlos Ricardo Benavides, diputado y jefe de fracción del Partido Liberación Nacional.
“Después de medio año de sepulcral silencio, aparece un “garante ético” solo para defender a la canciller de su propio gobierno. Recuerdo con claridad cuando los antiguos diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) decían que un nombramiento podía ser legal, pero era inmoral. La nueva y elástica interpretación de la ética en ese partido es lo que más sorprende”, señaló el congresista.
Para Benavides, hoy el PAC se enfrenta a su pasado de “demagogia incendiaria, con la que contaminó todo y satanizó la política” porque con este caso su principal desacierto ético, afirma Benavides, “es de coherencia y consiste en juzgarse a sí mismos con una vara diferente a la que juzgaban a los demás”.
El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, expresó por su parte, que existe una obligación moral y legal de seguir las vías legales para estas designaciones pero, principalmente, las morales porque “estas situaciones deberían ya superarse porque son muy mal vistas por la población”.
“En cuanto a este informe del garante ético, hace rato que estos garantes dejaron de serlo. No se puede tener una posición acomodada a la hora de referirse a los casos. Un garante ético tiene además la obligación de criticar al mismo gobierno que lo ha puesto en esa posición. Lo que en realidad me preocupa es que no veo señales positivas del partido que históricamente ha promovido la ética y la transparencia”, recalcó Masís.
