Siete instituciones públicas les reparten ¢103.500 millones anuales a sus funcionarios, en anualidades de lujo, porque así lo decidieron los jerarcas en diversos momentos, es decir, no porque lo exija la ley.
Unos 25.000 empleados suman cada año a su sueldo entre un 3% y un 7% del salario base, gracias a concesiones otorgadas por presidentes ejecutivos, directivos, diputados y rectores.
Estos porcentajes están por encima de los que paga el Gobierno central: un 1,94% para profesionales y un 2,56% para no profesionales.
Las siete instituciones que concedieron anualidades de lujo son la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Sus funcionarios recibe entre ¢2,6 millones y ¢9,8 millones anuales por este concepto. Al mes, reciben de ¢200.000 a ¢760.000, aparte del salario y otros pluses.
Casi todas estas entidades reciben transferencias de las maltrechas finanzas del Gobierno central, las cuales se nutren con los impuestos cobrados a los contribuyentes. El Infocoop, por su parte, recibe parte de las utilidades de la banca estatal.
La reforma fiscal les pondría límite a estas anualidades, pues este proyecto establece que este incentivo oscilará entre un 1,94% y un 2,54% y que quedará sujeto al cumplimiento de metas en las instituciones.
Otras 11 instituciones reparten ¢120.000 millones, también en anualidades de lujo, pero cobijadas por convenciones colectivas, es decir, acuerdos laborales firmados con los sindicatos. Esa condición impediría que el plan fiscal toque estos beneficios, pues las convenciones tienen rango de ley mientras estén vigentes.
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Esos topes propuestos por el Gobierno en la reforma son casi similares a los existentes en el régimen del Servicio Civil.
La propuesta aplicará para los tres poderes de la República, así como instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades, según el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Entre las instituciones que pagan altas anualidades por concesión de los jerarcas, sobresale el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
En el ICT, los empleados reciben un 5% de anualidad pero, además, se les paga por adelantado un 10% adicional por quinquenio. Eso significa que, cada año, se les suma otro 2% de anualidad hasta alcanzar el 10% de los cinco años.
En consecuencia, esta entidad destina casi ¢3.000 millones para cubrir las anualidades de sus 300 empleados, quienes reciben en promedio ¢9,8 millones por año cada uno.
La Asamblea Legislativa también destina ¢5.800 millones para los beneficios de sus 983 empleados, lo que en promedio significa casi ¢6 millones por cada uno al año.
Allí, la anualidad se fijó entre un 3,5% y un 4,36% en el 2012, por acuerdo del Directorio encabezado por el entonces diputado, Víctor Emilio Granados, del PASE, con el argumento de que necesitaban equipararse con la Defensoría de los Habitantes.
La Defensoría, a su vez, fijó esa anualidad en 1997 por acuerdo del exdefensor adjunto de 1997, Rolando Vega, alegando que debía igualar sus condiciones con las de la Contraloría General.
En el caso de la UTN y la UNED, las anualidades fueron autorizadas por los respectivos consejos universitarios, con porcentajes de un 5% y un 3%, respectivamente.
En el 2009, la Universidad de Costa Rica (UCR) también había otorgado a sus 9.500 empleados una anualidad de un 5.5%, pese a que en la convención colectiva lo estipulado era 3%. Este año, la UCR fijó la anualidad en un 3,75%, pero calculándola sobre salario más componentes, cuando la mayoría recibe el reconocimiento solo sobre el salario base.
En la CCSS, tres anualidades sí están fijadas por ley, las profesionales en medicina y enfermería, pero otras dos, que alcanzan hasta un 3%, sí fueron concesión de la Junta Directiva y benefician a unos 19.000 funcionarios.
Y, en el Infocoop, el acuerdo de otorgar un 3% lo concedió la Junta Directiva en el 2008.
Este es el detalle de las anualidades en estas siete instituciones:
Asamblea Legislativa
Los 983 empleados, sin considerar diputados, reciben anualidades que van desde 3.5% a 4.75%, lo cual cuesta ¢5.850 millones este año.
La anualidad más alta se fijó en 2012, tras un acuerdo del directorio legislativo, encabezado por el diputado Víctor Emilio Granados del PASE, quien avaló un informe solicitado por su antecesor, el actual ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, para equiparar las anualidades de los empleados del Congreso con las de la Defensoría de los Habitantes, que es una institución adscrita.
Previo a ese acuerdo, la anualidad oscilaba de un 3,5% a un 4,36%. Aunque el cambio porcentual no es tan abrupto, ese aumento significó un costo adicional de ¢271 millones anuales sin considerar las cargas sociales.
Defensoría de los Habitantes
La anualidad fue fijada por acuerdo del defensor adjunto de 1997, Rolando Vega, y oscila entre un 3,5% y un 4,35%.
Este es el porcentaje que reciben sus 185 empleados; el costo de este beneficio es de ¢1.047 millones en el 2018.
En el acuerdo, el funcionario justificó que la anualidad se equipararía con las de la Contraloría General de la República en aquel entonces.
ICT
La anualidad de un 5% fue definida por un acuerdo de Junta Directiva. Además, se acordó pagar un 10% adicional cada cinco años, el cual se paga por adelantado y significa que se suma un 2% adicional por cada año en reconocimiento del quinquenio.
El presupuesto del 2018 para el pago de anualidad es de ¢2.950 millones, para 300 empleados.
El exministro de Turismo, Mauricio Ventura, indicó que durante su gestión intentó rebajar esa anualidad, sin embargo, los trabajadores se opusieron y, más bien, le plantearon fijar el incentivo en una convención colectiva.
Esa propuesta debe ser analizada por la actual administración.
CCSS
La institución otorga cinco tipos de anualidades, de las cuales tres están fijadas por ley para el personal médico y de enfermería.
Las otras dos son anualidades fijadas por acuerdo de junta directiva para el personal administrativo y no profesional, con porcentajes que van de de 2% a 3%.
La antiguedad promedio de todo el personal de la CCSS es de 13 años.
Los trabajadores que reciben anualidad por acuerdo son 19.000, con un costo de ¢78.400 millones este año.
UNED
Este centro de estudios, que emplea a más de 2.500 personas, paga unos ¢10.000 millones en anualidades.
La base legal para ese pago se sustenta en un acuerdo del Consejo Universitario sobre el Estatuto de Personal que fijó el incentivo en 5% por cada año laborado.
UTN
Al igual que la UNED, la anualidad de 3% fue aprobada por el Consejo Universitario. Esta institución invierte ¢4.834 millones en pagar el beneficio a 1.866 empleados.
Infocoop
Desde 2008, un acuerdo de junta directiva fijó la anualidad en 3% sobre el salario base de los 117 empleados que gastarán por este concepto ¢488 millones este año.