El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a los diputados de que la demora de Costa Rica en la aprobación de un préstamo rápido de $508 millones, solicitado por el Gobierno para atender la pandemia y cubrir una “necesidad urgente de balanza de pagos”, pondría en riesgo el acceso del país a otros créditos con organismos financieros internacionales.
Del mismo modo, advierte que el atraso podría complicar “la consideración” por parte del Directorio Ejecutivo del organismo de un posible acuerdo complementario con el país, en referencia a un posible acuerdo de ajuste económico conocido como stand-by.
Así lo indicó Krishna Srinivasan, subdirector del FMI para América Latina, en una nota enviada este viernes a los diputados de Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, miembros de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, donde se estudia este Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) de $508 millones.
Los tres liberacionistas le habían hecho consultas al organismo sobre ese crédito y las negociaciones previstas de un programa de tipo stand-by.
La respuesta de Srinivasan dice: “En vista de las urgentes necesidades creadas por la pandemia, las demoras en la canalización de los recursos disponibles en el marco del IFR podrían exacerbar las presiones existentes de financiamiento sobre la economía y el presupuesto del Gobierno”.
“De producirse nuevas demoras en la aprobación del IFR, estas podrían incidir negativamente en la disponibilidad de financiamiento proveniente de otras instituciones financieras internacionales –algunas de las cuales condicionan la aprobación de sus préstamos a la existencia de un IFR– y, por ende, en la capacidad del país para cubrir su importante brecha de financiamiento en 2020″.
“Una nueva demora de Costa Rica en la utilización de la compra del IFR aprobada por el FMI sería incoherente con el carácter urgente y excepcional del instrumento. Además, podría complicar la consideración por parte del Directorio Ejecutivo de un posible acuerdo complementario para Costa Rica”, añade la respuesta, en referencia a las conversaciones para conceder al país un crédito mucho más grande, del tipo stand by, por unos $2.250 millones.
El FMI aprobó el crédito de $508 millones desde el 29 de abril, un mes después de que el gobierno lo solicitara con urgencia, debido a la pandemia.
El desembolso sería en un solo tracto y los recursos se dirigirían al Gobierno Central, anunció el Poder Ejecutivo en aquella ocasión.
El empréstito ingresó a la corriente legislativa para su aprobación el pasado 4 de junio y tiene una tasa de interés de 1,55% anual. El plazo de pago es de cinco años, con pagos trimestrales a partir de los tres años y tres meses de haberse dado el desembolso.
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En la misiva, Srinivasan recuerda que, conforme a las políticas del organismo, el acceso a un plan como el IFR se pone a disposición de los países miembros que experimentan “una necesidad urgente de balanza de pagos que, de no ser atendida, provocaría una perturbación económica inmediata y severa”.
Costa Rica sufre actualmente un severo desbalance en sus finanzas públicas, debido a la caída de casi ¢1,2 billones en la recaudación de impuestos producto de la pandemia.
La situación obligó al Gobierno a plantear una reducción de gastos por unos ¢328.000 millones y a cubrir la diferencia con endeudamiento.
Parte de la estrategia consiste en conseguir crédito internacional con tasas de interés mucho más bajas que las del mercado interno, a fin de atenuar el pago de intereses.
En cuanto al acuerdo stand by con el FMI, la intención es conseguir parte del financiamiento que el Estado requerirá para los próximos tres años, a cambio de fijar metas para balancear las finanzas públicas.
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En la respuesta, Srinivasan dice que el FMI respeta la función de los diputados de aprobar los empréstitos internacionales, pero añade que somete a consideración los argumentos del organismo para hacer el desembolso.
Recordó que el Directorio Ejecutivo del Fondo actuó con celeridad para aprobar la solicitud de Costa Rica el 29 de abril, en el entendido de que el país “estaba enfrentando una necesidad urgente de balanza de pagos”, así como la atención a la pandemia desde el punto de vista sanitario y social.
“Por consiguiente, existe una expectativa firme de que el país que solicita financiamiento en el marco del IFR del FMI utilizará sin demora los recursos, una vez que el desembolso haya sido aprobado por el Directorio Ejecutivo de la institución”, añade.
Luego, sobre el acuerdo stand by, el funcionario les aclara a los diputados que una negociación de ese tipo llevaría varios meses, “dado que es necesario alcanzar entendimientos sobre los principales objetivos y las modalidades del programa, incluidas las medidas y las reformas estructurales indispensables para lograr la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda, garantizando a la vez que exista un sólido apoyo de amplia base y un firme sentido de identificación con el programa”.
El documento del subdirector del FMI para el Hemisferio Occidental (América Latina) tiene fecha del 17 de julio del 2020 e ingresó este domingo el expediente legislativo en dicha comisión.
Responde a otra carta enviada por los tres legisladores del PLN a Inci Otker, jefa del equipo económico para Costa Rica del Fondo, con fecha del 8 de junio.
Las consultas de los legisladores
En esa comunicación, los congresistas del PLN preguntan, como parte de la discusión del empréstito, si es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe antes el IFR para iniciar las negociaciones de un Acuerdo stand-by (SBA).
En la misma gestión, los diputados preguntan si sería posible, desde el punto de vista del Fondo, que el Congreso apruebe ambos empréstitos simultáneamente.
“Adicionalmente nos interesa saber si es operacionalmente posible para el FMI combinar el IFR aprobado en el SBA (acuerdo stand by) que el país está negociando con el FMI; es decir, una suerte de cancelación del IFR por $508 millones, para añadir esa cantidad a los derechos de giro en el SBA, teniendo así Costa Rica un solo programa de apoyo del FMI por el monto combinado de ambos programas”, finaliza la carta de los diputados.