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La Fiscalía tramita una denuncia presentada por el empresario y abogado Carlos Valenciano Kamer contra los exdiputados José Miguel Corrales y Célimo Guido por los presuntos delitos de obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos e instigación pública.
Así lo confirmó este martes, a La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público, la cual detalló que al asunto se le asignó el expediente número 20-000634-0619-PE.
Corrales y Guido lideran el autodenominado “Movimiento Rescate Nacional”, el cual ha promovido bloqueos de carreteras en distintos puntos del país para oponerse a la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En su denuncia, Valenciano alega que los exlegisladores utilizaron “redes sociales y medios de comunicación” para instigar a personas de todo el país a bloquear carreteras, puertos y aduanas desde el 30 de setiembre.
El empresario agrega que la instigación realizada por los denunciados afecta el funcionamiento de los medios de transporte públicos y perturba la tranquilidad pública.
"Genera mucha molestia que alguien se asigne la representación del pueblo, esa es la primera razón para la presentación de esta denuncia.
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“En segundo lugar: ya los costarricenses estamos cansados de que los políticos hagan lo que quieren, sino que también ciertas personas manipulen a la gente para cometer delitos; don José Miguel y don Célimo son personas que han pasado por la Asamblea Legislativa, tienen conocimiento de sus actos y deberían ser más ecuánimes y prudentes para no afectar a los costarricenses”, manifestó Valenciano a La Nación, vía telefónica.
El Código Penal establece hasta 30 días multa como sanción para las personas que bloquean carreteras.
Además, esa normativa señala lo siguiente con respecto al entorpecimiento de los servicios públicos:
“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que sin crear situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire a los servicios públicos de comunicación o de sustancias energéticas”.
Por último, la instigación pública es castigada en el país con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los cuatro años.
Corrales: no teme a acusación
El exdiputado José Miguel Corrales manifestó a La Nación que todavía no ha sido notificado por la Fiscalía sobre la denuncia, pero sostuvo que no teme enfrentar acusaciones producto de las protestas de los últimos días.
Cuestionado sobre las actos violentos ocurridos en varios bloqueos, respondió que los líderes del “Movimiento Rescate Nacional” solicitaron mantener la calma, respetar el paso de vehículos de emergencia y transporte público, pero que los cabecillas han hecho caso omiso
“Hemos agotado la solicitud de diálogo con el presidente (Carlos Alvarado), hemos tocado todas las puertas (...)
"Hemos agotado todos los medios para decirle a los líderes de las protestas que no detengan a las personas que no tienen nada que ver con esto ¿Quiénes son esos? La Cruz Roja, las ambulancias privadas, buses, el transporte de alimentos y nada de violencia, pero diay... No podemos hacer más”, aseveró Corrales.
Añadió que él, incluso, fue víctima de los bloqueos al quedarse atrapado en Ochomogo, en Cartago.
En un video publicado, el pasado sábado, en la página de Facebook del “Movimiento Rescate Nacional”, el exdiputado aseguró que en caso de que haya muertes por las manifestaciones y bloqueos, sería culpa del Gobierno por enviar contingentes policiales “a chocar con los manifestantes”.
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Este martes 6 de octubre, el país amaneció con más de 50 bloqueos viales.
