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El diputado Fabricio Alvarado, jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), retomó una idea del gobierno de Carlos Alvarado como alternativa para atenuar la deuda pública.
El planteamiento consiste en tomar parte de las ganancias de las empresas estatales para amortizar deuda. La administración anterior presentó un proyecto de ley en ese sentido, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no recibió suficiente apoyo de los diputados.
El jefe del PNR presentó la misma idea el martes, en conferencia de empresa, como una alternativa cuando su partido se opuso al proyecto de venta del Banco de Costa Rica (BCR).
El actual gobierno de Rodrigo Chaves propuso la venta del BCR para destinar recursos al pago de la deuda. No obstante, se oponen las bancadas del PNR, la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio (FA) y parte de Liberación Nacional (PLN).
“Proponemos destinar por ley un porcentaje de las utilidades de las empresas públicas más rentables del país, como bancos estatales, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y Recope, para el pago de la deuda. Hay empresas públicas que generan muchísimo dinero y que puede servir para abonar hasta que el país presente niveles aceptables de apalancamiento”, declaró el vocero de Nueva República.
Fabricio Alvarado aseguró que las utilidades de los bancos estatales, el INS y Recope, del año 2019 al 2021, representan ¢56.000 millones anuales, pese a la pandemia por la covid-19.
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El legislador no detalló un porcentaje de aportes ni periodo específico durante el cual aplicaría la medida, sino que aseguró que esto debía convenirse con las empresas públicas.
El proyecto anterior, presentado el 22 de enero de 2021, establecía que 14 empresas estatales destinarían hasta el 30% de sus ganancias anuales, por un periodo de cuatro años, al pago de la deuda pública.
Hubo oposición de las compañías estatales y el proyecto fue desconvocado por el Ejecutivo el 7 de diciembre del 2021.
En esa ocasión, la entonces ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, negó que el Poder Ejecutivo hubiese desistido de impulsar la iniciativa, sino que solamente realizarían negociaciones y correcciones y la volverían a convocar. Esto nunca ocurrió.
Durante la discusión del proyecto, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) declaró su oposición, mientras que el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR) alegaron que ya daban una buena parte de sus ganancias al Estado. Recope argumentó que no tenían utilidades, pero el Ministerio de Hacienda lo desmintió.
Además, la Procuraduría General de la República (PGR) y el departamento de Servicios Técnicos del Congreso consideraron que el proyecto podría resultar inconstitucional, debido a que el texto no definía un porcentaje específico de aporte, sino que le daba al Gobierno la discrecionalidad de imponer, vía decreto, el porcentaje que requería de cada entidad, con un límite del 30% de las utilidades anuales.
Nueva República propone ‘mesas de trabajo’
El jefe de fracción de Nueva República también anunció durante la conferencia de prensa la propuesta de crear una “mesa de trabajo”, que facilite las negociaciones sobre el porcentaje y los periodos de recaudación de las ganancias.
Según dijo, las mesas de trabajo podrían iniciar su trabajo en enero de 2023. La idea es que las integren delegados del Gobierno, sindicatos, las seis fracciones parlamentarias y las presidencias ejecutivas y gerencias generales de las instituciones involucradas.
“Proponemos que inicie labores en enero y, en dos meses, se realice el análisis y se saque una propuesta concreta. La propuesta de venta del BCR no tuvo aceptación precisamente porque no se tomó en cuenta a los actores”, aseveró el diputado.
